POR KIMBERLY LÓPEZ
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Representantes de TCQ lograron, a través de sobornos a funcionarios, un contrato de usufructo oneroso con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), según revelaron investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se hicieron públicas el 15 de abril de 2016. Un año después, no se ha logrado ninguna sentencia en el caso y la estructura de la Terminal que nació de esa negociación se encuentra en operaciones.
El 15 de abril del 2016, la CICIG y el MP confirmaron que varios funcionarios de Gobierno del Partido Patriota conformaron “un grupo criminal” para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de TCQ.
Luego de concretar investigaciones, las autoridades capturaron a casi una decena de personas por su supuesta implicación en el proceso anómalo de usufructo en EPQ para favorecer a la empresa de capital español TCQ, en una trama que, según el MP, también involucró al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes recibieron US$30 millones en sobornos.
PROCESO PENDIENTE
Según el MP, en los tribunales de justicia hasta ahora el caso de TCQ permanece a la espera de que el Juzgado encargado programe alguna fecha para que se proceda a la etapa intermedia del proceso.
Aunque los señalados, Pérez Molina y Baldetti ya se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en el Caso La Línea, otros aún no han sido alcanzados por las entidades de justicia del país. Es el caso del exinterventor del Puerto Quetzal, Allan Marroquín, quien desde el momento en que el caso fue revelado se encontraba en Estados Unidos. Marroquín prometió volver para enfrentar los señalamientos pero no lo hizo y no se supo de su paradero sino hasta que fue capturado en EE. UU. por situación migratoria irregular.
El gobierno guatemalteco solicitó su extradición, sin embargo, a decir de las autoridades es un proceso que tomará tiempo.
TERMINAL OPERANDO
En tanto, el proyecto de TCQ empezó a operar desde este año pese a la oposición de algunos diputados y a la recomendación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de no autorizar las operaciones para no afectar el proceso de deducción de responsabilidades.
A decir de la diputada Nineth Montenegro, aunque la Terminal es una obra de “primer mundo” se debe recordar que fue edificada sobre las bases de corrupción y mordidas por montos millonarios.
“Los funcionarios no deberían seguir como que no pasó nada sino tomar medidas en el asunto y sancionar a quienes hayan caído en actos de corrupción, en realidad, lamento que esté funcionando sin que alguien haya sido castigado por esto”, indicó Montenegro.
De la misma forma opinó el politólogo Jorge Wong, quien señala indicios de corrupción desde el momento en que empezó a trabajar TCQ sin que existan avances en la justicia.
A decir de Wong, se trata de un caso llamativo que se podría comparar al caso Odebrecht en otros países.
