POR KIMBERLY LÓPEZ
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Como Embajador del Gobierno de Guatemala, Marvin Mérida realizó una petición por escrito a congresistas estadounidenses para pedir que sea investigada la gestión del embajador estadounidense Todd Robinson, por supuestamente extralimitarse en sus funciones.
Mérida confirmó que realizó dicha petición e informó que ha sostenido reuniones con senadores de los Estados Unidos, con quienes abordó el tema de la situación de los cientos de migrantes guatemaltecos que residen en los Estados Unidos.
“De manera personal, comenté que algunas declaraciones del señor Embajador de Estados Unidos en Guatemala han sido interpretadas como una violación a convenciones internacionales, como por ejemplo, de la Convención de Viena y de la soberanía de nuestro país. En ningún momento solicité que lo remuevan del cargo, lo que sí pedí fue que se investiguen las acciones y algunos comentarios que el embajador Todd Robinson ha hecho, –que– dejan mucho que desear en el actuar de un diplomático, y como guatemalteco me ha ofendido”, dijo.
El comisionado indicó que su petición no responde a ninguna solicitud presidencial; sin embargo, en la carta enviada a funcionarios extranjeros figura el logotipo oficial del gobierno y Mérida firma como “embajador”, cargo que le da vía en Washington para tratar asuntos migratorios.
El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, indicó que una medida, sanción o llamado de atención a Mérida sería una decisión que debería tomar la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), entidad a la que responde el cargo del delegado y la Cancillería. Asimismo, negó que Mérida fungiera como “comisionado presidencial”, pese a que en los portales de gobierno ese es el cargo que se le atribuye.
“Dentro de sus atribuciones no está ese tema, en esos casos el que tiene que actuar es el Canciller, quien es la única persona que tiene potestad y que puede pronunciarse fuera del país en nombre del Presidente”, dijo Hiemann, quien enfatizó en que “el canal correcto para este tipo de peticiones es la Cancillería”.
El portavoz resaltó que hasta ahora la carta enviada a congresistas es una iniciativa que el gobierno desconoce y que no respalda.
“Ningún órgano internacional lo debe de considerar como una solicitud de Estado porque no tiene las calidades para que surta efecto de Estado, así que ha de ser considerada como una solicitud a título personal”, agregó.
Sin embargo, consultado respecto a si de manera oficial se haría una aclaración respecto a la carta, indicó que sería una evaluación que corresponde al Canciller, pues también deben tomarse en cuenta derechos como la libertad de expresión de Mérida.
