POR KIMBERLY LÓPEZ
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La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la cual autorizó el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), no cumple con la publicación de toda la información de oficio que la Ley de Acceso a Información Pública establece y que es fundamental para la transparencia en la ejecución de recursos del Estado y el ejercicio de la función pública, según una revisión realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Violeta Mazariegos, delegada de la entidad para verificar el cumplimiento de la Ley de Información Pública, indicó que tanto la EPQ como la Municipalidad de San José, Escuintla, tienen la obligación de publicar información relacionada a las licencias, contratos y concesiones para usufructos, así como documentos y detalles sobre el tipo de trámite que realizan previo a dar autorizaciones.
Sin embargo, debido al incumplimiento de la ley esa información no se encuentra en su portal y no es posible tener acceso a ella.
Mazariegos indicó que es preocupante que, pese a que el ojo público y la presión mediática están concentradas en el caso de TCQ, “no se dignen” a publicar ese tipo de información, cuando se trata de un tema de relevancia nacional.
“Es una gran opacidad la que se ve en el manejo de la información”, dijo.
Por ese motivo fue interpuesta una denuncia contra la municipalidad de San José por incumplimiento a la ley y porque mucha de la información que no han publicado tiene que ver con sus vínculos con EPQ y con la publicación de licencias autorizadas.
ANTECEDENTES DE OPACIDAD
En enero de este año, la PDH anunció que presentaría un recurso de revisión ante la Municipalidad de San José, Escuintla, luego de que el concejo municipal declarara como “confidenciales” los valores de las nóminas, sueldos, salarios, dietas, datos personales y financieros de los contratos de obras municipales.
Al igual que ahora, en ese entonces, la medida levantó suspicacias en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, dirigida por Mazariegos, porque observaron “mala fe” en la decisión de las autoridades ediles.
