Por Grecia Ortíz
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Casi dos años se han cumplido desde que se develó la estructura “La Línea” el 16 de abril de 2015, y aunque ello forzó la dimisión del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, analistas consideran que existen indicios de que el sistema se niega a aceptar los cambios que la población exigió. Como prueba, señalan la desacreditación y campañas negras de las que son objeto las instituciones que buscan reformas en el Estado en la manera de manejar los asuntos públicos.
El 16 de abril de 2015 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) coordinaron una serie de allanamientos en los que capturaron a altos funcionarios, exautoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) así como a personas particulares. Más tarde las investigaciones también alcanzaron al expresidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta Baldetti, quienes tuvieron que renunciar a sus cargos y enfrentar a la justicia.
El caso de corrupción generó una oleada de indignación en la ciudadanía y provocó que miles de personas se reunieran sábado tras sábado frente al Palacio Nacional para manifestar su repudio a la corrupción y para exigir cambios profundos al sistema.
No obstante, a casi dos años del descubrimiento de dicha estructura, la falta de cambios puede ser visible incluso en el proceso de dicho caso, que presenta retrasos principalmente a causa de estrategias, recursos y acciones judiciales de la defensa de algunos sindicados.
Pérez Molina, los extitulares de la SAT, Juan Carlos Monzón y el resto de sindicados fueron ligados a proceso penal por delitos relacionados a asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo entre abril y julio de 2015.
El proceso no ha logrado avanzar ni siquiera a etapa intermedia y se tiene programada una audiencia para el próximo 18 de abril en la Sala de Apelaciones de Riesgo, para conocer si el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, el juez Miguel Ángel Gálvez, continuará o no a cargo del proceso.
De acuerdo con la secretaria de la Sala, para la audiencia del 18 de abril fueron convocadas las 28 personas que se encuentran procesadas en el caso de defraudación aduanera para que tengan la oportunidad de hacer saber sus impresiones respecto a la recusación que fue presentada por el expresidente Otto Pérez.
RESISTENCIA AL CAMBIO
La Línea, fue el primero de varios casos vinculados a la corrupción estatal y aunque el mismo logró generar la indignación y organización social, hoy los problemas que afectan al Estado continúan vigentes, según expertos consultados.
Los entrevistados indican que los ataques de los que han sido objetos varios funcionarios, entre ellos el Comisionado de la CICIG, la Fiscal General y Jefa del MP, el Procurador de los Derechos Humanos, la ministra de Salud Lucrecia Hernández, el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, son una muestra del rechazo al cambio.
La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, expresó que el problema que existe es que el sistema se hizo para garantizar la impunidad y por eso es que se percibe la resistencia al cambio de parte de las estructuras incrustadas en las instituciones.
Mientras el Organismo Legislativo y el Judicial sigan avalándose el uno al otro a fin de garantizar la impunidad, difícilmente existirán cambios, explicó.
Sobre los casos de corrupción estancados, Mack hizo énfasis en la práctica del litigio malicioso, que evidencia que el poder judicial no tiene ningún tipo de voluntad política de querer realizar un cambio para revertir esas prácticas.
“El problema en la Corte Suprema de Justicia es que la correlación de fuerzas no es todavía lo suficientemente fuerte para lograr esos cambios, y luego acordémonos que en el 2014 ellos sellaron a través de la cooptación del Organismo Judicial esa impunidad”, indicó.
A la vez aseguró que de momento los cambios que se esperarían no han sido posibles, “estamos empezando caminar esa tormenta, pero ni siquiera hemos llegado a la mitad, y mucho menos entrar al ojo del huracán para hacer los cambios y luego salir otro vez” señaló.
Es por ello que las estructuras que persisten buscan prevalecer y contraatacan con campañas de desinformación en contra de los actores que buscan generar una transformación más profunda.
Por ello Mack considera que los ataques no solo son contra una sola institución porque también van dirigidos hacia las organizaciones de sociedad civil así como a medios de comunicación considerados como independientes.
Por otro lado, los procesos solicitados por la ciudadanía como los cambios a la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP) y las reformas constitucionales al sector justicia fueron desvirtuados en su proceso de aprobación. En el caso de las reformas a la Carta Magna, aún siguen estancadas en el Congreso.
El pasado 29 de marzo los diputados aprobaron el primer artículo de la propuesta de reformas constitucionales esto luego de que autoridades indígenas ancestrales retiraran el artículo 203 sobre el pluralismo jurídico, y que posteriormente ocasionó que las mismas desconocieran al organismo Legislativo, señalándolo de falta de legitimidad.
CONGRESO EN CRISIS
En tanto el colectivo Somos anotó que un actor importante a considerar dentro de la búsqueda de cambios es el Congreso de la República, que desde décadas se ha caracterizado por ser un espacio de defensa de intereses gremiales, partidarios y que no responden a las necesidades de las grandes mayorías.
Sobre el Legislativo, destacan que el mismo aún se mantiene en crisis. Es conocimiento común que al menos 1 de cada 6 diputados cuenta con procesos de antejuicio o está siendo investigado por diversidad de ilícitos, esto sin el caso Odebrecht, ni el caso Transurbano, donde es posible muchos diputados más tengan problemas con la ley, señalan.
Asimismo indican que el desempeño y actuar dicho organismo ha sido a conveniencia de los sectores que representan y no a favor de los intereses de la población. Como ejemplo citan las reformas constitucionales al sector justicia, que los diputados se han empeñado en entorpecer, al desinformar y alargar el proceso de su aprobación.
RESCATAR AL ESTADO
La opción de promover cambios estructurales es latente porque existen instituciones como la CICIG y el MP que han detectado a las estructuras paralelas que existen a lo interno del Estado, según el abogado maya Luis Castro. Sin embargo Castro cree que la reacción social llegó únicamente hasta la protesta en la plaza.
“No hubo una reflexión más profunda de que hacemos para cambiar estas estructuras que están operando y que todos sabíamos que estaban ahí y esa creo que fue la apuesta. Entonces fue una apuesta poco reflexionada”, señala.
Castro considera que son las estructuras vinculadas al modelo económico las que se resisten más al cambio porque por décadas han permanecido con poder. Como prueba menciona la reforma al sector justicia que se ha visto frustrada en el Congreso y que para él evidencia un racismo que persiste en la sociedad, que ha demostrado con su rechazo al derecho indígena.
Sobre los ataques a las instituciones que buscan cambios, señala que los mismos se han manifestado como sistemáticos porque van por actores.
“Es una cuestión sistemática para ir viendo cómo se frenan los procesos, entonces es una lucha mediática, si se da cuenta ahora también nuestras capacidades de reflexión y de razonamiento sobre esto no va más allá de las redes sociales”, expresó.
A decir de Castro, aunque giramos y respondemos a un contorno de coyunturas, no existe una reflexión que permita un análisis de profundidad de cómo se puede replantear y rescatar el Estado pensando en qué futuro se podría tener. Solo estamos pensando en el momento, que se mueve por las redes sociales, indicó.
Para el entrevistado, al final se puede llegar a cuestionar un activismo que solo está presente de las redes sociales y que no va más allá.
No obstante, a diferencia de Castro, José Martínez del movimiento Landivariano, expresó que después del 15 de abril de 2015 si se logró percibir una ciudadanía “más despierta”, e indignada. “La sociedad en general no pasa tan de noche estás situaciones que están pasando y eso es atribuible a 2015” señaló.
Martínez considera que existe una mayor respuesta de la población a generar una reacción aunque la misma sea solo a través de redes sociales y reconoce que cambios notables aún no se han logrado obtener.
“De haber habido un cambio real, fuerte con una transformación social, pues las reformas hubieran pasado mucho más fácil, la presión ciudadana hubiera sido mucho más grande para aprobar reformas, para pedir ciertas cosas, para reaccionar”, destacó.
Para Martínez es desde la elección del nuevo presidente Jimmy Morales el punto donde de nuevo las estructuras han buscado reorganizarse y que demuestra como el Estado sigue cooptado.
“El Presidente tuvo la oportunidad de gobernar para la ciudadanía y de ser el Presidente reformador que dice el que quiere ser, pero sus acciones se han quedado en palabra, sus acciones han dicho todo lo contrario”, enfatizó.
Si bien el entrevistado cree que los procesos de cambio son lentos, también señala que los diputados no han querido responder ni mostrar voluntad política para ser el estandarte de los cambios que la ciudadanía solicita. Aunque sí reconoce esa falta de presión que existió por unos meses en 2015 y que ahora parece no estar motivada.
La ciudadanía si ha flaqueado en no seguir pidiendo cambios y pues se entiende que la gente o sean, todos tenemos distintas actividades, aseveró.
FRUSTRACIÓN CIUDADANA
Para Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), las expectativas de la ciudadanía que existían por la renuncia de Pérez Molina y Baldetti residían en la esperanza de cambios profundos en el Estado.
“Dos años después solamente se han advertido los procesos judiciales más no así los cambios sustanciales que se proponían, como por ejemplo un cambio en el marco legal dentro del propio proceso del organismo legislativo que pudiera sentar reglas de juego en las cuales se pudiera evitar el transfuguismo, transparentar los procesos del financiamiento de los partidos políticos y cualquier acción que pudiera dar pie para actos de corrupción”, indicó.
Rodenas asegura que todos estos aspectos han creado una especie de frustración en la ciudadanía y aunque la renuncia de las autoridades que se retiraron era un paso importante no era suficiente, “de cualquier forma las condiciones que generan corrupción están presentes”.
Otro aspecto que menciona Rodenas es que los hechos por los que fueron detenidos los exfuncionarios aún se siguen repitiendo.
Las autoridades no están dando un buen ejemplo en el sentido de tratar de cambiar las reglas del juego y transformar los procesos en los que se ha generado corrupción, anotó.
HAY ALGUNOS CAMBIOS
Finalmente Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó que es importante entender que el tema de la corrupción, tan enraizado no solo en el país sino en la región Latinoamericana, es un asunto que en dos años no se resuelve del todo y que representa un proceso de educar a una generación.
“Definitivamente ha habido algunos cambios, algunos avances en función a que la población está más abierta a denunciar aunque siempre hay cierto temor”, dijo el directivo empresarial.
Zepeda considera que ahora existe más conciencia no solo de la población sino de todos los sectores y no solo el público.
No obstante, difiere en el concepto de que Guatemala haya sido diseñada para la impunidad.
AUTORIDADES INDÍGENAS DESCONOCEN AL CONGRESO
Autoridades indígenas manifestaron que desconocen al Congreso de la República, Organismo al que señalan de falta de legitimidad y exigieron que se convoque a un proceso de depuración del mismo.
Asimismo, destacaron que al retirar el artículo 203 del proyecto de reformas constitucionales del sector justicia esperaban que estas avanzaran en el Legislativo, no obstante eso no ocurrió porque los diputados “únicamente responden a la operativización de agendas de corrupción e impunidad”.
En un comunicado, las autoridades indígenas señalaron que desconocen al Organismo Legislativo, dado que siempre han señalado su falta de legitimidad, además que constataron su sometimiento a los poderes fácticos, por lo que convocan a las fuerzas sociales y democráticas a demandar un proceso de depuración de este y el resto de organismos que señalan como cooptados “por mafias empresariales y militares”.
También hicieron énfasis en que desde que acordaron el retiro del artículo 203, correspondiente a la jurisdicción indígena, de las reformas al sector justicia, creyeron que el Congreso iba a tomar con responsabilidad sus funciones legislativas con objetividad y transparencia, lo cual no ocurrió.
Finalmente manifiestan su respaldo a la labor que realizan la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público y exigieron al Organismo Judicial agilizar los procesos estancados en su sistema de justicia.
MAGISTRADA STALLING OBTIENE SU LIBERTAD
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue favorecida recientemente por la Sala Tercera de Apelaciones, quienes ordenaron arresto domiciliario a su favor.
La decisión causó indignación de los usuarios de redes sociales.
De acuerdo con los magistrados de la Sala, presidida por el magistrado Jaime Amílcar González Dávila, decidieron dejar en libertad a Stalling al considerar que no existe peligro de fuga ni riesgos para el curso de la investigación, pesé a que al momento de su detención vestía un atuendo para no ser reconocida y se sabía de la existencia de una orden de captura en su contra.
La resolución de la Sala se da a raíz de una apelación que planteó la defensa de Stalling contra la resolución del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, de enviarla a prisión preventiva.
En ese sentido Stalling manifestó a medios de comunicación, que el juez no fundamentó adecuadamente su resolución.
“Es en –relación– a una resolución con la que no estuvimos de acuerdo que emitió el licenciado Rodríguez –el juez Séptimo–. La Sala le había ordenado al juez fundamentar y renovar un acto procesal y no se llevó a cabo, entonces en nuestra inconformidad se plantea una apelación”, manifestó la sindicada.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señala a la magistrada de la CSJ por el delito de tráfico de influencias por presuntamente ejercer presiones contra el juez Carlos Ruano, integrante del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, para que otorgara medidas sustitutivas a favor de su hijo, Otto Molina Stalling, acusado dentro del Caso IGSS-Pisa.
Por ello el pasado 9 de febrero, el juez Rodríguez resolvió ligarla a proceso por tráfico de influencias y enviarla a prisión preventiva en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
“El problema en la Corte Suprema de Justicia es que la correlación de fuerzas no es todavía lo suficientemente fuerte para lograr esos cambios, y luego acordémonos que en el 2014 ellos sellaron a través de la cooptación del Organismo Judicial esa impunidad”.
HELEN MACK –ACTIVISTA-“No hubo una reflexión más profunda de que hacemos para cambiar estas estructuras que están operando y que todos sabíamos que estaban ahí y esa creo que fue la apuesta. Entonces fue una apuesta poco reflexionada”.
LUIS CASTRO –ABOGADO MAYA-“De haber habido un cambio real, fuerte con una transformación social, pues las reformas hubieran pasado mucho más fácil, la presión ciudadana hubiera sido mucho más grande para aprobar reformas, para pedir ciertas cosas, para reaccionar”.
JOSÉ MARTÍNEZ –MOVIMIENTO LANDIVARIANO-“Dos años después solamente se han advertido los procesos judiciales más no así los cambios sustanciales que se proponían, como por ejemplo un cambio en el marco legal dentro del propio proceso del organismo legislativo que pudiera sentar reglas de juego en las cuales se pudiera evitar el transfuguismo, transparentar los procesos del financiamiento de los partidos políticos y cualquier acción que pudiera dar pie para actos de corrupción”.
NERY RODENAS
