POR GRECIA ORTÍZ
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El Ministerio Público (MP) solicitó abrir un proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía; la exsubsecretaria, Anahy Keller Zavala, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, por la muerte de 41 niñas en un incendio ocurrido en el refugio estatal.
La fiscalía los acusa de incumplimiento de deberes, homicidio culposo, abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.
La representante del MP desacreditó los argumentos de los sindicados, quienes indicaron que llamaron a la Policía Nacional Civil y tomaron medidas de seguridad porque las jóvenes querían salir de forma voluntaria del refugio. La fiscal señaló que si las menores buscaban escapar era debido a los maltratos de los que eran víctimas todos los días en el Hogar.
Además, el MP hizo énfasis en que los exfuncionarios no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos que tenían en la Secretaría de Bienestar Social. La Fiscalía indicó que en esas posiciones deben trabajar personas con conocimiento de la administración de centros de niñez y adolescencia. «No tomaron en cuenta la obligación que les demanda el puesto; era de protegerlas», dijo.
«La situación fue manejada de manera inadecuada, provocando tratos inhumanos y degradantes a las y los adolescentes, tratos que no pueden ser utilizados ni en los centros en donde se encuentran adolescentes privados de libertad. Las adolescentes mujeres se encontraban en doble situación de vulnerabilidad», indicó la representante del ente investigador.
La rebelión de las menores fue mal abordada, indicó el MP, porque se actuó como si se tratara de un motín en un centro carcelario: con represión.
En cuanto a la actuación del exdirector del Hogar, la Fiscalía señaló que se cometieron errores desde que inició la crisis, lo que no permitió un acercamiento con las adolescentes en el que se privilegiaran sus derechos. Lo adecuado hubiera sido que personal experto diera atención psicológica a las niñas para poder escuchar sus peticiones, dando lugar a dar una respuesta legítima a sus propuestas.
Llamar a la PNC también fue un error, consideró el MP, porque no es una acción propia de un sistema de protección a la niñez, ya que dicha institución no tiene ninguna especialización para tratar adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Dentro de los medios de prueba se encuentran los testimonios de las menores sobrevivientes, quienes denunciaron los maltratos a los que eran sometidas.
Al cierre de esta nota el MP continuaba argumentando su solicitud.
