Por Joseline Ayala
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El oficialismo presentó, ayer, una propuesta para reformar el decreto del Presupuesto General 2017 con al menos diez cambios para buscar la «transparencia y la ejecución correcta de los fondos», sin embargo, el proyecto modifica una disposición de los programas sociales que pondría en peligro la efectividad de la incidencia hacia los beneficiarios de los mismos.
El presidente de la Comisión de Finanzas, Adim Maldonado, dijo que los cambios se han estado formulando desde hace varias semanas debido a que “existen problemas en la ejecución del presupuesto que están haciendo, que el gobierno del presidente Morales no pueda utilizar los fondos que se aprobaron”.
La modificación del Frente de Convergencia Nacional (FCN) en el artículo 23 de Transparencia y eficiencia del gasto público establece que previo a la entrega de los aportes a los beneficiarios, se deberán depurar, actualizar y publicar el listado de beneficiarios sin realizar un censo, algo que a criterio del diputado Luis Hernández Azmitia no es suficiente.
Hernández Azmitia presentó, minutos antes, una propuesta para modificar el mismo artículo en donde se ordena realizar un censo de personas con mayores indicadores de pobreza para que las personas involucradas en los programas sociales sean reales y que realmente necesiten la ayuda.
Lo que están haciendo básicamente es una readecuación del padrón y dejan al libre albedrío la designación de beneficios y eso es algo clientelar, eso pondría en peligro el beneficio de la población más necesitada del país debido a que podría haber un problema con la trasparencia y la rendición de cuentas, resaltó el diputado.
Dentro de los argumentos del oficialismo mencionan que la redacción del artículo es ambigua, y debido a que manda a realizar un censo de beneficiarios a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), aseguran que retrasa la prestación de servicios de esas entidades.
Además, el proyecto presentado contiene varias modificaciones al último decreto aprobado el año pasado, resultado de diálogos y discusiones del Ejecutivo y del Congreso ya que tras evaluar cada cartera, se pusieron condiciones o candados presupuestarios.
Estas modificaciones alcanzaron a varias carteras como el ministerio de Comunicaciones, Desarrollo Social y de Agricultura debido a la falta de ejecución presupuestaria de las instituciones durante el 2016, situación que cambiaría el proyecto que propone que los ministerios puedan realizar modificaciones en sus asignaciones de gasto.
