POR KIMBERLY LÓPEZ
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Una sucesión de ataques y campañas negras contra funcionarios a cargo del Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio de Salud Pública y, recientemente, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) evidencian la resistencia a cambios estructurales, según analistas y activistas.
Desde tiempo atrás, funcionarios y titulares de la CICIG, la SAT, el MP, la PDH y Ministerio de Salud han sido objeto de críticas y ataques manifestados en campañas negras. Los señalamientos han surgido de distintos sectores, entre estos, diputados del Congreso. A decir de analistas y activistas, los ataques evidencian rechazo y resistencia a cambios estructurales impulsados por estos funcionarios desde sus ámbitos de trabajo.
ATAQUES PARA “DESLEGITIMAR”
El politólogo Renzo Rosal opina que además de ser un mecanismo de resistencia, las manifestaciones de rechazo contra algunos funcionarios tienen como trasfondo la intención de deslegitimar los avances que se han logrado desde ciertas instituciones.
“El propósito de esta serie de ataques es resistir, pero también deslegitimizar y cuestionar los avances con el objetivo de sembrar dudas”, señaló Rosal.
A decir del analista, resulta lamentable que sean los diputados una de las esferas de resistencia, pues esto solamente hace quedar en evidencia que son operadores de otros que buscan mantener ciertos privilegios.
Rosal considera que sumado a esto, otro objetivo de los legisladores es hacer ver que aún tienen poder a pesar de los cuestionamientos. “Están contra las cuerdas, pero aún en movimiento y desde ahí pueden ser hostiles y contra cuestionar”, comentó.
RESPUESTA A CAMBIOS ESTRUCTURALES
Según miembros del colectivo SOMOS, el Congreso de la República ha sido desde décadas un “espacio de defensa de intereses gremiales, partidarios que no responden a las necesidades de las grandes mayorías”.
Prueba de ello, explicaron, es el freno que se le intenta poner a estos funcionarios. Esta situación responde a que al impulsar reformas, cambios o mejoras en la gestión, se ataca la corrupción y los favores que históricamente se venían cobrando de manera impune.
“El hacer cambios, mueve los escenarios y evidencia las fracturas del sistema, y los verdaderos intereses de la diversidad de sectores, mismos que no siempre responden al bien común de los y las guatemaltecas», indicaron.
Finalmente explicaron que en un sistema democrático la postura crítica de los diputados, en su deber ser, es necesaria para buscar la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, sin embargo, por ahora se han utilizado estos recursos legales como mecanismos para entorpecer, debilitar y desgastar a funcionarios que están trabajando y están dando resultados positivos para la población.
FUNCIONARIOS INDEPENDIENTES
Por su parte, Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, destacó el hecho de que los funcionarios que han sido objeto de estas presiones no han formado parte de partidos políticos, previo a asumir el cargo. «Se trata de funcionarios sin partido, honestos, por lo tanto hay una independencia hacia ciertos intereses”, comentó Mack.
Asimismo, destacó que desde sus áreas la percepción es que están haciendo bien su trabajo y que en la medida en que impulsan acciones de reformas y cambios, demuestran que van en contra de intereses oscuros.
Sin embargo, según Mack, “sectores y diputados siempre han utilizado el mecanismo de chantaje para hacer negociaciones espurias y eso incluye a muchos líderes sindicales también”.
