POR REDACCIÓN LA HORA
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“Hemos perdido tal vez la batalla, pero no la guerra”, sentenció el diputado Marvin Orellana en una entrevista con Emisoras Unidas, luego de que se suspendiera la interpelación a la Ministra de Salud.
Aunque la presidenta de la Comisión de Salud, Karla Martínez, aseguró que se retiró la solicitud del juicio político para no afectar la agenda del Legislativo, Orellana admitió que fue la presión mediática la que obligó a los congresistas a cambiar de decisión.
El diputado no explicó en qué consiste la guerra entre el Congreso y el Ministerio de Salud, pero dijo que continuarán buscando maneras para fiscalizar el trabajo de la Cartera.
El debut de Martínez en la Comisión de Salud generó una ola de críticas al Congreso por parte de la población, a través de las redes sociales, y de organizaciones civiles y académicas por medio de comunicados.
Lectores de La Hora consideraron la interpelación como un obstáculo al trabajo de la Ministra, cuyas decisiones han sido bien recibidas. En ese sentido también señalaron que no existía justificación para un juicio político.
Martínez indicó que las preguntas que serían planteadas ayer se harán en una citación ordinaria, agendada para la próxima semana.
SIN APOYO
El Congreso volvió a demostrar, otra vez, que no tiene apoyo dentro de la opinión pública y que es una de las instituciones con menos credibilidad.
Varias de las decisiones de dicho organismo han sido rechazadas por no representar los intereses de la población.
Este año el Legislativo comenzó con el pie derecho rezagando la aprobación de las reformas al sector justicia, impulsadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
En vez de procurar el fortalecimiento de la justicia, han sido denunciados por intentar reformar sus leyes internas para eliminar la responsabilidad penal de muchos congresistas señalados por contrataciones anómalas y plazas fantasma.
El 23 de marzo La Hora publicó un artículo en el cual se evidencia que la intención detrás de las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo de algunas bancadas es anular los avances realizados y, en su lugar, legalizar de nuevo el transfuguismo, volver a asignarse las presidencias de las comisiones extraordinarias y lograr la integración de la Junta Directiva con miembros que ya no son integrantes de la bancada por la que fueron electos.
Otras críticas que se han realizado con respecto al avance de la ley de simplificación, incorporación y actualización tributaria, que pretende crear un régimen tributario especial para el sector agropecuario y que tanto el Ministerio de Finanzas como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) han aceptado “parcialmente” debido a la posibilidad de que se cree privilegios fiscales.
CONGRESO SIGUE SIENDO LA LLAVE
Pero pese a la falta de credibilidad entre la población, el Congreso sigue siendo clave para lograr cambios de fondo en el sistema político, judicial y económico.
Miguel de León Ceto, líder indígena y alcalde de Nebaj, señaló en una entrevista para La Hora Departamental que la depuración del Congreso es necesaria para lograr las reformas que necesita el país.
“Hay un problema estructural en el país, el sistema no responde a los intereses y no refleja la realidad del país. En primer lugar, las leyes no se hacen para el país, sino que se legisla para determinados grupos”, señaló.
Sin embargo, para lograr esta depuración es imprescindible la participación ciudadana, indicó Ceto. “Hay que revisar las acciones que hacen los magistrados, los jueces, hay que revisar las acciones que hacen los ministerios, el Ejecutivo. Son muchas las razones para pensar que el país hay que cambiarlo, porque para que nosotros podamos seguir y tener democratización son necesarios estos pasos para ir avanzando, para que los pueblos y comunidades vayan tomando conciencia de la importancia de su participación social en los procesos que se llevan a cabo en el país.”
Hoy, el influyente senador estadounidense Patrick Leahy emitió un comunicado en el que enfatiza que para que el Plan de Alianza para la Prosperidad tenga éxito, cada uno de los gobiernos centroamericanos necesita tomar medidas para garantizar que los altos funcionarios gubernamentales y sus asesores sean personas de integridad, así como apoyar plenamente los esfuerzos para combatir la corrupción realizados por la CICIG.
“Si lo hacen, y cumplen con las demás condiciones establecidas en la legislación de los Estados Unidos, los Estados Unidos deberán apoyarlos”, sentenció.
