POR MARIELA CASTAÑÓN
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En 15 meses la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth reportó la desaparición de 178 menores de edad del Hogar Virgen de la Asunción, administrado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS); al menos 100 alertas correspondían a niñas entre los 12 y 17 años, y 78 a niños entre los 9 y 17 años. El incendio ocurrido el 8 de marzo, en el que murieron 41 adolescentes, fue el detonante para que el Estado volcara su atención en un problema que no quiso ver. Antes, los relatos de las víctimas y sus familiares no tuvieron eco, porque bajo el argumento de la criminalización no se indagaba lo que sucedía; sin embargo las familias, las víctimas y otros hallazgos sustentan fuertes sospechas de que pudo existir una red de trata de personas en las modalidades de explotación sexual y reclutamiento forzoso a través de la distribución de drogas.
¿REDES DE TRATA?
Antes y después del incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, La Hora documentó a través de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, que entre el 1 de enero de 2016 al 12 de marzo de 2017, activaron 178 alertas de desaparición, de las cuales 100 correspondían a niñas y 78 a niños. (Lea el recuadro Alertas emitidas, vigentes y desactivadas).
Actualmente se cuantifican 106 alertas sin desactivar: 51 son de niñas y 55 de niños. La SBS y la Procuraduría General de la Nación (PGN), califican las desapariciones o fugas como “abandono del proceso” por parte de la niñez. (Lea el recuadro Alertas activadas y desactivadas por género).
Todavía persisten las dudas sobre dónde está la niñez desaparecida. Algunos casos, en los que no ha existido mayor indagación por parte de las autoridades, dan cuenta de que algunos menores estuvieron o están en el Parque Central conviviendo con personas adictas al solvente, o bien durmiendo debajo de una pasarela, de otros no se sabe nada.
Uno de los hallazgos del Ministerio Público (MP) el año pasado, determinó que un grupo de niñas fueron ubicadas en una residencia de la zona 18, donde según las descripciones era un recinto de pandilleros.
Por otro lado, los relatos de familias, niñas y niños, llevaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) a interponer denuncias ante el MP por la sospecha de una red de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y reclutamiento forzoso.
La Fiscalía contra la Trata de Personas del MP, indaga sobre lo que ocurrió en el interior de ese recinto estatal, previo al incendio.
NIÑEZ A MERCED DE DELINCUENTES
*Lucía ingresó al Hogar Virgen de la Asunción en agosto del año pasado, porque era hostigada por un grupo de pandilleros de su colonia. Su progenitora decidió que la mejor opción para alejarla del peligro era institucionalizarla.
Sin embargo, lo que no sabía la madre de Lucía era que dentro del Hogar existían personas adultas que debieron protegerla pero no lo hicieron, por el contrario, la dejaron a merced de gente que le hizo daño.
Los relatos de varias personas entrevistadas antes y después del incendio, reflejan que las niñas fueron explotadas sexualmente dentro y fuera del Hogar.
La mamá de Lucía explica que la menor de edad fue violada por tres hombres en diferentes ocasiones y circunstancias.
La primera vez lo hizo un extranjero; fue llevada a la clínica del Hogar y le dieron a beber algo que ella interpreta como una droga, al siguiente día despertó con el cuerpo adolorido y lo último que recuerda es a un hombre que ingresó para violarla.
La segunda ocasión fue obligada a ingresar a la clínica, amenazada por otra niña interna y por una monitora; le advirtieron que si ponía resistencia la llevarían al correccional Los Gorriones.
En tanto, la tercera ocasión, Lucía intentó huir, se subió al techo del Hogar para evitar más abusos, pero fue amarrada y violada por un hombre que no laboraba en este lugar, relata la madre afectada.
De acuerdo con la entrevistada, esto ocurrió en un mes. Ella no pudo ver a su hija, sino hasta en septiembre en una audiencia, donde la niña se mostró evasiva con ella; posteriormente se fugó y fue localizada.
El tiempo transcurrió y la menor no quiso abordar más el tema del Hogar, sin embargo, en un momento de crisis, Lucía no soportó lo que había guardado y le contó a su mamá todos los vejámenes que vivió.
El relato de esta madre es similar a lo que dice otra niña interna, que también huyó: “El delta sacaba a un grupo de patojas a prostituir. En el Hogar había dos deltas –jefes de seguridad- uno bueno y uno malo. El delta malo les pegaba a las patojas si contestaban, si nos hubiera agarrado a la hora de la fuga nos hubiera pegado. Él pegaba hasta que se cansaba, daba bien duro, daba patadas, jalones de pelo, manadas, hacía lata a las patojas”, reitera la jovencita.
Por otro lado, un padre de familia de un adolescente hombre, a quien identificaremos como *Mario se enteró tras el incendio que a su hijo lo tenían de “mandadero” y lo sacaban a la calle constantemente.
El hombre dice que una mujer que solía visitar a su hijo en el Hogar le preguntó: ¿Ya sabía que tenían de mandadero a su hijo? Pues, según ella algunos jóvenes sí tenían permiso para salir y regresar cuando quisieran, explica el padre entrevistado.
“A su niño lo ponían a hacer mandados, me dijo la señora. ¿Qué clase de mandados? le pregunté. Y ya no me dijo más. Yo no sé quién sacaría a mi hijo, lo que sé es que les tiraban drogas –a los jóvenes- del otro lado y cuando llegaban los policías –del hogar- los distraían con muchachas”, explica el entrevistado.
Mario fue institucionalizado, porque, según su padre, no se encontraba en casa cuando su esposa –alcohólica- estaba en la calle intentando vender al niño y a sus hermanitos. La PGN consideró que era mejor institucionalizar a los menores de edad.
De acuerdo con el relato, la última vez que vio a Mario, lo vio diferente, porque se expresaba de una manera evasiva y hostil, también usaba ropa floja. “Parecía otra persona”, dice.
El relato de la madre de Lucía coincide con el del padre de Mario, sobre las dificultades que atravesaron para ver a sus hijos, pues en el último año y medio únicamente pudo verlo unas cinco veces, a pesar de que realizaron reiteradas solicitudes.
Hace cinco meses –cuando el Hogar Virgen de la Asunción había acaparado mayor atención por las múltiples desapariciones- sucedió algo extraño, cuando el padre de Mario salió del juzgado para exigir ver a su hijo, desconocidos que viajaban en un taxi lo obligaron a abordar el vehículo. Dentro del automotor lo despojaron de sus pertenencias, de sus documentos de identificación y del permiso judicial para ver a su niño que estaba en el Hogar, razón que lo llevó de nuevo a tramitar las autorizaciones burocráticas y eso provocó mayor atrasos para volverlo a ver.
Ambos padres revelan que cuando querían realizar consultas o cuestionaban por las fechas tan lejanas que les imponían los juzgados para visitar a sus hijos, recibían malos tratos o los señalaban de “ser malos padres”, por “abandonar a sus hijos”, o dejarlos bajo la custodia del Estado.
EXIGEN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
El GAM fue la primera organización social que actuó por las decenas de desapariciones de las niñas de ese Hogar; a través de exhibiciones personales logró que las instituciones estatales buscaran a algunas de las jovencitas. La semana pasada presentó una denuncia por trata de personas en el MP.
El GAM, que ha tenido acercamiento y ha brindado apoyo legal a los familiares de las adolescentes desaparecidas y posteriormente localizadas, considera que es necesario que se investiguen delitos relacionados con explotación sexual y pornografía infantil.
Mario Polanco, director del GAM, explicó que las 41 muertes de las niñas son producto de la impunidad y la negligencia del Estado, por lo tanto, demanda una investigación exhaustiva antes y después del incendio.
“Es importante que lo ocurrido no quede en la impunidad, es evidente que estas 41 muertes son consecuencia de corrupción, ahí ha habido una situación terrible, se han visto a los niños como mercancía. Esa corrupción se traduce en trata de personas, abusos sexuales, pornografía infantil. Transformaron prácticamente a las niñas en sexoservidoras y las vendieron al mejor postor, además de desviar los recursos para satisfacer cuentas particulares”, lamenta el profesional.
El director del GAM agregó que el MP debe indagar en la responsabilidad que tuvieron exfuncionarios de la SBS, por tanto, debe deducir responsabilidades legales sobre quienes estén involucrados. (Lea el recuadro Los responsables de la SBS).
“Hubo mucha negligencia, hubo tantos señalamientos, pero ni la PGN, ni las autoridades de la SBS no hicieron nada, como consecuencia de esa negligencia hay responsabilidad penal de muchos. Confío en que se esclarezca la verdad y que vayan a prisión quienes han sido responsables, incluso no se deben concentrar solo en el director y subdirectoras, sino en quiénes estaban antes que ellos, porque es ahí donde hubo responsabilidad, entre ellas esposas de diputados”, argumenta Polanco.
Por otro lado, Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, y quien junto a su equipo de trabajo se ha contactado con los padres de familia de las 41 niñas para apoyarlas, dice que recopilan información de lo que ocurrió antes y después del incendio.
“Tenemos a todo el equipo jurídico y civil trabajando porque hay casos muy duros, en donde las niñas no pararon de sufrir. También había otros casos que no ameritaban estar ahí –en el Hogar-, llegaron por una mala vecina que con falsas denuncias se llevaron a las creaturas y tenían una buena familia, también le estamos dando seguimiento a esa parte”, dice Cruz.
La directora de la Fundación explicó que se han reunido con las fiscalías que llevan el caso del Hogar. También han requerido que ni la SBS ni la PGN participen como querellantes adhesivos en las pesquisas, ya que ellos son “juez y parte”, y esto podría provocar que el caso quede en la impunidad.
DILIGENCIAS REALIZADAS
El MP informó que del 8 de marzo a la fecha ha realizado varias diligencias, entre estas el procesamiento de la escena, donde había 19 cadáveres, ha trabajado en el “levantamiento de 21 cuerpos” en hospitales, 18 reconocimientos médicos, 200 pruebas toxicológicas y fisicoquímicas.
Además, se han documentado 300 testimonios, se han requerido 10 gestiones judiciales; se solicitaron 250 informes de instituciones públicas y 5 de instituciones privadas.
*Nombres ficticios para proteger la integridad de la niñez.
