POR DENIS AGUILAR
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Analistas ponen en duda el actuar de la Procuraduría General de la Nación (PGN), porque consideran que se ha evidenciado diferente determinación y trato para defender los intereses estatales, según el caso que aborden.
Por ejemplo, esta semana la PGN anunció que pedirá al presidente, Jimmy Morales que solicite la devolución del inmueble donde actualmente funciona el Hogar Rafael Ayau, administrado por la Iglesia Católica, Apostólica, Ortodoxa y Antiqueña de Guatemala, al que señalan de una serie de anomalías.
Sin embargo, no actuó de la misma forma en la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que a pesar de nacer bajo una serie de sobornos que involucran al expresidente, Otto Pérez Molina, la Procuraduría no se opuso al inicio de sus operaciones.
«En el Caso TCQ hay mucho dinero de por medio, son varios miles de millones de quetzales y hay mucha gente metida, es un caso de mayor impacto, creo que por esa razón es como que más prudente guardar silencio institucional», explicó el analista Jorge Wong del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
«Sí, en el Caso TCQ la PGN no defiende los intereses del Estado tal y como lo establece su mandato y hay irregularidades que habría que investigar a profundidad. La parte económica no lo dudo que siempre en este tipo de casos vienen a la luz, la PGN quedó mucho a deber», manifestó la analista independiente, Stephanie Rodríguez.
Se intentó contactar con la procuradora, Anabella Morfín, para conocer su postura, pero no respondió a las múltiples llamadas realizadas desde ayer por Diario La Hora.
