Por Joseline Ayala
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El apoyo que tuvo en el Legislativo el préstamo que financió un contrato que se otorgó a la empresa constructora brasileña Odebrecht y que se logró a través de sobornos, ha sido catalogado como un acuerdo entre varios actores. Sobre ese tema, el diputado Amílcar Pop señala que el Congreso fue el “último eslabón” de “un contrato corrupto”.
El decreto Número 29-2012, publicado el 8 de noviembre autorizó que el gobierno de Guatemala realizara negociaciones de los financiamientos, orientados a la ejecución del Proyecto denominado «Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente» por un total de 119.8 millones de dólares, mismo que sería denunciado años después de haber involucrado sobornos para que el contrato fuera otorgado a una empresa relacionada con Norberto Odebrecht.
En ese entonces, las bancadas mayoritarias eran la del Partido Patriota (PP), de Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti, exbinomio presidencial que guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción, así como de Libertad Democrática Renovada (Lider).
El diputado Pop recuerda que en la sesión realizada en agosto de 2012 el pleno desarrolló una votación particular, que después identificaría como una “estrategia” para culminar temas de su conveniencia o para bloquearlos.
La aprobación de ese préstamo tuvo un total de 108 votos, 54 de esos fueron del PP.
Pop señala que la posible ruta para que ese proyecto llegara a las manos de la empresa constructora brasileña acusada de varios casos de corrupción en toda Latinoamérica pudo haber iniciado en la Junta Monetaria de ese año que aprobó el proyecto.
Agrega que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) emitió un dictamen indicando que no era conveniente, aún así se obtuvo el apoyo del Ministerio de Finanzas (Minfin).
Ese proceso también involucra a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que en ese entonces era presidida por el diputado Oswaldo Iván Arévalo del PP e integrada por al menos 5 compañeros de su bancada y quienes emitieron un dictamen a favor del proyecto propuesto por el Ejecutivo.
Los demás integrantes del PP eran Ricardo Antonio Saravia, Luis Alberto Contreras Colindres, Emilenne Mazariegos, Hugo Fernando García Gudiel y Luis José Fernández Chenal.
INVESTIGACIONES
La secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, confirmó esta semana que aunque el caso fue declarado bajo reserva, las investigaciones continúan y podrían conllevar a capturas de exparlamentarios o de las personas que pudieron estar involucradas y aún ocupan una curul en el Legislativo.
