POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) coordinó la captura de los diputados César Emilio Fajardo Morales y Manuel Marcelino García Chutá por la contratación de varias plazas fantasma en el Congreso de la República entre 2015 y 2016, período en el que se desempeñaron como integrantes de la Junta Directiva de ese organismo.
Por este mismo caso, la Fiscalía también reportó las capturas del exdiputado del Partido Patriota (PP), Amílcar Aleksander Castillo Roca, y del exdiputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Selvin Boanerges García.
Las solicitudes de antejuicio contra Fajardo Morales, García Velásquez y García Chutá fueron presentadas el 26 de mayo de 2016 por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
En esa ocasión, la FECI también presentó solicitudes de antejuicio contra los diputados en ese entonces: Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón y Luis Armando Rabbé Tejada por los mismos delitos.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad al diputado Manuel Marcelino García Chutá el pasado 25 de enero. En tanto, a Fajardo Morales le fue retirada el 16 de febrero.
Las investigaciones dan cuenta de que algunos diputados llegaron a contratar no menos de 20 personas para laborar en sus despachos o en puestos auxiliares, pese a que la ley solo permite la contratación de tres personas por cada congresista.
Cuando se develó el caso en 2016, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, manifestó que los integrantes de la Junta Directiva del Congreso utilizaron sus cargos para contratar personal «arbitrariamente».
«La Junta Directiva del Congreso determinó que sus miembros, debido a los cargos que ostentan, podrían contratar personal más allá de los tres trabajadores que la ley autoriza para cada uno de los diputados; y al efecto cada uno de los miembros de la Junta Directiva solicitó al Presidente la contratación del personal que arbitrariamente establecieron», dijo Aldana.
La Fiscalía también detectó que varias de las personas contratadas no se presentaban a sus labores o trabajaban simultáneamente en empresas u otras dependencias del Estado.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, explicó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo «A», a cargo de la jueza Claudette Domínguez.
El fiscal explicó que los detalles de las capturas se darían a conocer por medio de un comunicado que giraría el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, al cierre de esta edición aún no se había publicado.
La Fiscal General informó durante una actividad académica que, en total, se requirieron ocho órdenes de captura al Juzgado, de las cuales, hasta el cierre de esta edición, únicamente se habían hecho efectivas cuatro.
Los cuatro detenidos fueron enviados a prisión provisional en el Cuartel Matamoros, donde permanecerán hasta que se celebre la audiencia de primera declaración en su contra.
