POR DENIS AGUILAR
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Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado guatemalteco por violaciones a los derechos humanos contra el pueblo Maya-Achi, comunitarios de la aldea Chichubac, en Rabinal, Baja Verapaz, exigieron que se acate la orden de Corte y que se haga justicia.
Los afectados exigieron justicia por las masacres de “Plan de Sánchez” y “Río Negro”, perpetradas por el Ejército entre 1981 y 1983.
Los pobladores de Rabinal esperan que se dé la justicia por estos casos, además de que el Estado asuma su papel como el responsable de los crímenes.
La sentencia de la CIDH obliga al Estado a realizar investigaciones por masacres ocurridas durante la guerra.
El Estado guatemalteco deberá evitar los obstáculos que puedan entorpecer las investigaciones, así como la reparación digna a los familiares de las víctimas.
