POR MARIELA CASTAÑÓN
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Activistas y profesionales trabajan desde hace seis meses, en un proyecto de ley que permita proteger a la niñez y juventud guatemalteca. La intención es que exista un verdadero sistema de protección para las niñas, niños y adolescentes (NNA) del país, aunque, consideran que la voluntad política y la inversión son dos factores vitales para atender el tema.
Carolina Escobar Sarti, de la Alianza, detalló que no existe un sistema de protección para la niñez, por tanto, es necesario reformular la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley Pina) y contar con un reglamento que le permita actuar a las instituciones de Estado.
«No tenemos un sistema de protección integral de niñez y adolescencia, carece de un reglamento que le de vida para ponerlo a funcionar. La Ley Pina fue un logro en un país tan conservador, en su momento, pero es una Ley que inmediatamente debía reformularse y tener su reglamento propuesto para que pudiera entrar en vigencia en las instancias del Estado», explicó Sarti.
La entrevistada lamentó que a pesar, de que en el año 1990 el Estado de Guatemala ratificó la Convención de los Derechos de la Niñez, los menores de edad todavía no son tratados como sujetos de derechos.
«Antes en nuestros Estados, se consideraban objetos de atención a los niños, niñas y adolescentes cuando eran víctimas de un delito o cometían alguno. Se supone que después de la ratificación de ese convenio, del diseño y aplicación de leyes, nosotros íbamos a tratar a la niñez como sujetos de derechos y es lo que todavía no se hace», indicó Sarti.
INTERINSTITUCIONALIDAD
Por otro lado, Marvin Rabanales, abogado especializado en temas de derechos humanos, coincidió con Sarti y explicó que es necesario apostar por un proyecto de ley enfocado en el tema de niñez.
«El sistema de protección tiene que refundarse y le apostaría por un anteproyecto de ley que se denomina ley del sistema nacional de protección de niñez y adolescencia esto vendría a contribuir a solucionar la falta de un sistema, no hay norte, no hay dirección. Esta ley podría ser un grano de arena», dijo Rabanales.
A criterio del abogado, los puntos que deberían destacarse en este anteproyecto son: la articulación interinstitucional, la reingeniería en las instituciones que atienden los temas y la creación de un ente rector», refirió el entrevistado.
De acuerdo con el profesional, lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción y en otros casos, demuestra que el sistema de protección a la niñez no funciona, por ello es importante que exista un ente rector que emita directrices a las instituciones para actuar a favor de los menores de edad.
NIÑEZ EN EL CENTRO DE LAS AGENDAS
Sarti refirió que aunque existan propuestas para modificar las leyes vigentes, si no existe voluntad política y mayor inversión, es difícil que la situación de la niñez en el país cambie; el tema debe estar en el centro de las agendas.
La directora de la alianza lamentó que en Guatemala únicamente se invierten 87 centavos de dólar diarios por niño. En tanto, otros países que le otorgan un nivel de calidad medio a su niñez invierten entre U$16 o U$ 17 diarios, mientras que los países que le conceden un nivel de calidad alto a los infantes son los que invierten U$30.
El Estado le falló a la niñez
Lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción, según los profesionales consultados, refleja la inexistencia de un sistema de protección para la niñez.
El 8 de marzo, un incendio provocó la muerte de 40 niñas internadas en ese lugar, en tanto todavía hay 13 sobrevivientes del siniestro.
Las adolescentes fueron encerradas en un aula, debido a que un día antes intentaron huir. Las fugas, las desapariciones y su origen, fueron publicadas por La Hora desde julio del año 2015, a pesar de las múltiples revelaciones del Hogar, las autoridades no actuaron oportunamente para atender las denuncias de maltrato y violencia que sufrían los niños.
Las instituciones que tenían intervención en el tema eran: la Secretaría de Bienestar Social (SBS), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA).
