POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirar la inmunidad al coronel retirado Édgar Justino Ovalle, diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN), por su presunta vinculación al Caso Creompaz.
La Fiscalía de Derechos Humanos presentó una solicitud de antejuicio contra Ovalle el pasado 6 de enero por delitos de lesa humanidad y desaparición forzada.
Según las investigaciones, durante el Conflicto Armado Interno, en 1983, se construyó un cementerio clandestino ubicado en el departamento de Alta Verapaz en el Comando Regional de Entretenimiento de Operaciones de Paz (Creompaz), tiempo en el que Ovalle desempeñó un cargo militar.
Durante las exhumaciones realizadas por la Fundación de Antropología Forense, entre 2012 y 2015, en el lugar fueron localizadas 558 osamentas humanas, de las cuales 90 pertenecían menores de edad. Asimismo, 443 eran de adultos, tres de adultos de la tercera edad y 22 de ellas no se pudieron determinar.
De las 558 víctimas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) solo logró identificar a 97 personas por medio de ADN.
SE DESCONOCE SU PARADERO
El abogado de Ovalle Maldonado, Mario Guerra, dijo desconocer dónde se encuentra ubicado su defendido y asegura que no ha mantenido comunicación reciente con él.
El defensor del congresista dijo que la última comunicación que sostuvo con él se dio a mediados de febrero. «Yo lo único que sabía es lo que está en los medios, que él había solicitado permiso y que andaba viendo unas situaciones del partido y también unas situaciones de salud», reconoció Guerra.
JUEZA LEVANTÓ ARRAIGO
El pasado 29 de enero la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, revocó la medida de arraigo contra Ovalle Maldonado, la cual fue solicitada por la Fiscalía de Derechos Humanos al considerar que existía peligro de fuga.
Según argumentó la jueza al momento de dejar sin efecto la resolución que le impedía al congresista salir del país, el MP no había cumplido con su función de agilizar el proceso de antejuicio contra Ovalle.
Sin embargo, la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, señaló que el retraso en el trámite del antejuicio se debe a múltiples recursos judiciales que presentó Ovalle, por lo que la responsabilidad de agilizar los trámites es de las distintas judicaturas que conocen el proceso.
Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo que la juez contralora tiene responsabilidad sobre la incertidumbre en torno al paradero del diputado.
“La responsabilidad, sobre todo, es de la jueza contralora, quien en diciembre dictó una orden de arraigo, sin embargo, en enero nuevamente levanta la medida precautoria”, dijo Reyes.
