POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El abogado defensor del expresidente Otto Pérez Molina, Bryan Palacios, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con la cual busca que se le conceda autorización para conocer detalles relacionados a las investigaciones que realiza la Unidad de Extinción de Dominio en contra de los bienes del exmandatario.
Palacios, abogado de Pérez Molina, informó que lo que se busca es que la defensa esté enterada de qué es lo que se está investigando para poder ejercer el derecho de defensa.
«Lo único que se quiere es ver qué investigación están haciendo -el Ministerio Público (MP)-. Para que usted se pueda defender tiene que saber de qué lo están investigando», dijo Palacios.
El entrevistado agregó: «Lo que uno quiere es ver qué están documentando para ver qué documenta uno, porque ya cuando le plantean la acción de extinción de dominio solo tiene diez días -el abogado- para defenderse, cuando ellos -el MP- lleva más de un año de estar investigando».
El abogado del exmandatario fundamenta sus alegatos en el artículo 30 de la Constitución Política de la República, que establece que todos los actos administrativos que realice el Estado son públicos.
Según Palacios, inicialmente se recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la vía del amparo, no obstante, el mismo fue denegado provisional y definitivamente.
BIENES CON MEDIDAS CAUTELARES
La Unidad de Extinción de Dominio del MP, adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, pidió el embargo de una casa de playa ubicada en la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa, la cual se encontraba vinculada al expresidente Pérez Molina.
La propiedad embargada tiene un costo aproximado de Q7 millones, de acuerdo con el MP.
Según las investigaciones, este bien inmueble fue adquirido utilizando fondos provenientes de «La Cooperacha», aportados por el exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio; el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; el exministro de Energía y Minas, Erick Archila; el exministro de Gobernación, López Bonilla y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez.
Asimismo, el pasado 27 de junio, la Fiscalía embargó un inmueble ubicado en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango, relacionado también a Pérez Molina. El mismo contaba con 16 hectáreas y se encontraba a nombre de la empresa Vista Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima.
En el interior del recinto se encontraba un helipuerto, caballerizas y áreas de gran extensión para el cultivo de aguacate.
Aunado a ello, en abril del año pasado, se solicitó la inmovilización de una cuenta bancaria con Q4 millones 981 mil, propiedad de Rosa María Leal Flores, esposa del mandatario.
Asimismo, se pidió el embargo de una cuenta de la hija de Pérez Molina, Lissette Pérez Leal, la cual sumaba Q5 millones 481 mil, según el MP.
