Por Redacción La Hora *
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La mañana del 8 de marzo, cuando distintas organizaciones estaban conmemorando el Día Internacional de la Mujer, la noticia se propagó. Se había generado un motín en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el día anterior decenas de adolescentes intentaron huir. Al cierre de esta edición aún no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió pero sí los resultados del incendio: más de 30 niñas y jóvenes murieron quemadas, 19 en el lugar y 13 más en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.
En numerosas ocasiones, este vespertino publicó reportajes y artículos noticiosos sobre lo que ocurría en ese albergue. Decenas de adolescentes evadían el lugar, denunciando vejámenes en su contra. Las autoridades ya habían iniciado una investigación desde el año pasado pero hasta ahora aún no se conocen los resultados de la misma.
Sin embargo, la tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo generó indignación nacional e internacional por la pasividad y negligencia de las autoridades de diversas entidades estatales que debieron proteger a las y los niños albergados, quienes han sido vulnerados en sus derechos tanto en su familia como en su entorno.
EL INICIO DEL SINIESTRO
Un día antes, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que decenas de adolescentes intentaron huir, la tarde del 7 de marzo, sin embargo la fuga masiva fue evitada.
De acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), las adolescentes que intentaron evadir el Hogar fueron reubicadas en un área en donde iniciaron la protesta quemando colchonetas tras lo cual el fuego se habría salido de control y por la infraestructura del Hogar no pudieron escapar de las llamas.
El albergue ha sido denunciado en varias ocasiones por los vejámenes cometidos en contra de los menores (ver el reportaje “Hogar Virgen de la Asunción: una tragedia que se pudo evitar” en las páginas 6 y 7 de esta edición). Aunque la mayoría de los niños y adolescentes cuenta con familia, el 90 por ciento, han sido vulnerados en sus propios hogares así como afuera de estos por lo que han sido alejados de su entorno familiar.
Socorristas de los distintos cuerpos de bomberos, Voluntarios y Municipales, y agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) se apersonaron al lugar, así como los familiares de los y las adolescentes quienes denunciaron que el pasado viernes uno de ellos fue abusado sexualmente. La angustia que atravesaban por conocer la suerte de los menores albergados era evidente en sus rostros.
EVADEN RESPONSABILIDADES
Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social no explicaron por qué no atendieron las denuncias hechas por diversas instancias sobre anomalías y abusos cometidos en contra de los menores de edad internos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y la recomendación del cierre de las instalaciones.
El pronunciamiento de Carlos Rodas titular de la secretaría llegó horas después del amotinamiento e incendio que provocó la muerte de más de 30 menores.
“El reloj de la administración pública no es como el que portamos en la mano…Por más que hagamos por empujar los temas siempre hay procedimientos que cumplir”, justificó Rodas.
A la vez, mencionó que no existe una resolución en firme para que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción sea cerrado, indicó que la última orden emitida por una instancia judicial era para la descentralización de los menores de edad.
También mencionó que solicitó al Juez de Paz de San José Pinula que autorizara el traslado y consignación de algunos de los menores que intentaron fugarse.
Al ser consultado sobre los incidentes resaltó que luego de que un grupo de menores intentaran evadirse, desarrollaron una inspección y solicitaron apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), para la ubicación de los menores que habían logrado salir de las instalaciones.
“Los argumentos no son válidos para hacer amotinamientos”, refirió. En varias ocasiones durante la conferencia argumentó que había una mala clasificación de menores, que algunos de ellos no fueron aceptados por sus familias y que estaban cumpliendo con la orden de mejorar las instalaciones y descentralizar a los internos.
La procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, mencionó que brindarán la información necesaria para que el Ministerio Público (MP) esclarezca lo sucedido.
PRESIDENTE FUE ALERTADO
El incendio que provocó la muerte de más de 30 adolescentes en el “Hogar Seguro” pudo evitarse desde los altos mandos del país, ya que durante una citación realizada por la bancada Movimiento Reformador (MR), el oficial de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, Wilson López, informó que llamó personalmente al jefe de Estado, Jimmy Morales, para advertirle de los problemas que ocurrían en el lugar.
López relató que a eso de las 10 de la noche del martes 7 de marzo llamó a Morales para advertirle de la situación del lugar, pero no se giraron instrucciones para prevenir lo que sucedió.
Por eso, la subjefa del MR, Alejandra Carillo, dijo que el accionar del mandatario es indignante, pues se pudieron evitar las muertes pero no se tomaron las decisiones pertinentes.
«Desde el Ejecutivo no se tomaron decisiones y dejar de hacer algo también es una decisión. El Presidente se debe pronunciar no con un comunicado sino tomando decisiones, pues estamos enfrentando un cúmulo de violaciones a los derechos humanos y de inacciones que han cobrado la vida de estas menores», declaró.
Carrillo criticó el manejo de crisis de la Presidencia, pero principalmente de Carlos Rodas, titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), debido a que no se giraron instrucciones inmediatas y asumiendo responsabilidades, y que después de la tragedia no se ha destituido al funcionario ni ha presentado su renuncia.
“Desde el año pasado tenemos las denuncias de violencia sexual, de una posible red de trata de personas de ese lugar y que la inacción más que todo en el Ejecutivo es lo que cobra hoy las vidas. Se debe aclarar el tema porque esto genera muchas dudas”, expresó la diputada.
La congresista lamentó que a más de 24 horas de haber sucedido la tragedia, el presidente Morales no haya hecho pública una postura y criticó fuertemente el único mensaje que emitió el Ejecutivo por ser falto de claridad y de acciones drásticas que le dé a las familias de las víctimas algún consuelo.
SEÑALAN NEGLIGENCIA
Analistas y defensores de derechos humanos condenaron la negligencia del Estado y funcionarios respecto a los acontecimientos sucedidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La Presidencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) son entidades responsables de los sucesos, por no haber atendido las denuncias presentadas en su momento sobre abusos de todo tipo a las y los menores de edad, indicaron.
Según Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), a todas luces el suceso refleja ineficiencia de parte de varios funcionarios por lo que deberían plantearse acciones penales y deducir responsabilidades contra los funcionarios involucrados. A Polanco le parece una irresponsabilidad que el titular de la SBS haya aseverado que se trató de una especie de suicidio pues dijo que fueron las víctimas quienes incendiaron unas colchonetas.
El Presidente una vez más se equivocó por no dar la cara y tomar responsabilidad, indicó.
En tanto el politólogo Renzo Rosal dijo que la negligencia es evidente a nivel de Estado y lamentó la postura del Ejecutivo de trasladar las responsabilidad a instancias del Organismo Judicial (OJ) en vez de asumir la propia y tomar acciones contundentes al respecto.
“El Ejecutivo, que es la institución que tiene que atender a niños, infantes, adolescentes, hoy el foco se centra en la SBS, pero en general todas son instituciones muy débiles y ni siquiera figuran entre las prioridades de Gobierno”, dijo.
Hasta ahora, el titular de la SBS se mantiene en el cargo y según declaraciones del portavoz, Heinz Hiemann, se deben esperar primero los resultados de las investigaciones antes de tomar alguna decisión de destituir al funcionario.
Jorge Santos, especialista en la defensa de derechos humanos, enfatizó en que se trató de sucesos que pudieron evitarse de haber prestado atención a las advertencias, denuncias y publicaciones de medios de comunicación sobre los abusos que se dan en el lugar.
“De no tomarse acciones estamos a las puertas de que hechos similares puedan darse en el camino, lo ocurrido ayer es una gota que derrama el vaso y que debe de implicar acciones concretas y contundentes de parte de las autoridades”, sentenció.
MOMENTO DE INFLEXIÓN PARA EL CAMBIO
Directivos de dos gremiales empresariales consultados lamentaron el fallecimiento de las menores e indicaron que Guatemala está ante un momento de inflexión para cambiar y evitar una tragedia similar.
Javier Zepeda, director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), lamentó que las autoridades no escucharan las advertencias hechas por medios de comunicación, organizaciones y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre el riesgo que corrían las niñas y adolescentes recluidas en ese recinto de protección temporal.
“No debiera ser un motivo, es más no deberíamos llegar a estos extremos, pero lamentablemente sucedió y definitivamente tenemos que hacer un alto en el camino, es un momento de inflexión para tomar medidas y no solo por esto, sino en general”, comentó.
José González-Campo presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), calificó como una “enorme tragedia”, lo sucedido en el Hogar Seguro.
“De alguna forma tenemos que reflexionar sobre la necesidad de ciertos cambios que se tienen que dar para que esto no vuelva a pasar”, comentó.
A la vez, indicó que en el país existen muchas diferencias y discusiones, pero que la muerte de menores de edad es un punto en común en el que todos los guatemaltecos coinciden sobre lo que debe hacerse.
“No conozco a profundidad cómo funciona este sistema (protección temporal), pero sí le puedo decir que tenemos que fortalecer las instituciones”, puntualizó.
En ese sentido señaló la debilidad de la SBS, encargada de esos hogares de protección temporal y reinserción social, así como la urgencia de fortalecerlos financieramente y con un mejor recurso humano.
“Estos lugares tienen que ser un verdadero lugar de ayuda y rehabilitación y no todo lo que sucede ahí”, destacó. “Insisto este es un punto en común en el que nos debería permitir construir…fortalecer instituciones desde todos los aspectos”, añadió González-Campo.
INVESTIGAN QUÉ OCURRIÓ
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indagan sobre el origen de un incendio ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción. Las autoridades determinarán si hubo algún producto inflamable que propagara con mayor rapidez el siniestro.
El Ministerio Público (MP) informó que las fiscalías de: Femicidio, Delitos contra la Vida, Niñez y Adolescencia Víctima, Trata de Personas y de Santa Catarina Pinula, investigan las muertes registradas en el Hogar.
Por otro lado, la PNC, a través de diferentes unidades de la Subdirección de Investigación Criminal (SGIC), entre ellas la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) también averigua lo ocurrido.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló que expertos del área del laboratorio de Físico Química analizan los indicios encontrados en la escena del crimen y determinarán si no hubo algún producto inflamable que propagara con mayor rapidez las ráfagas de fuego, que carbonizaron a las niñas del Hogar.
*Con información de Mariela Castañón, Kimberly López, Joseline Ayala, Douglas Gámez y Grecia Ortiz.
INVESTIGACIONES Y UNA RED DE PROSTITUCIÓN
La Hora publicó información del maltrato, la violencia sexual y las desapariciones en el Hogar Virgen de la Asunción, de julio de 2015 a febrero de 2017.
La revista internacional PlayGround difundió el pasado 8 de marzo una extensa investigación, donde se devela el testimonio de una de las madres de las niñas, quien indica que su hija fue prostituida en este Hogar.
El relato documentado por PlayGround señala que la adolescente fue abusada sexualmente por un hombre “americano”, que ingresó con uno de los “deltas”, es decir con uno de los jefes de seguridad.
MUJERES SEÑALAN INSTITUCIONALIDAD COOPTADA
Organizaciones de Mujeres manifestaron que la tragedia sucedida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es una muestra de la cooptación del Estado, a la vez que exigieron justicia inmediata para las niñas que murieron en un incendio registrado en las instalaciones del albergue.
De acuerdo con representantes de varias organizaciones, los hechos ocurridos son resultado de condiciones inaceptables, producto de la negligencia gubernamental que deben obligar por un lado a deducir responsabilidades administrativas y penales contra los responsables estatales.
Martha Godínez, del Sector Mujeres, hizo énfasis en que lo sucedido en el Hogar es una muestra de cómo está cooptada la institucionalidad e indicó que es necesario salir a las calles y manifestarse.
“El responsable es ese Estado y también quisiéramos decir que son esos gobiernos y la clase política y el empresariado que a fin de mantener sus ganancias ha convertido en una sociedad de consumo una sociedad indiferente, en donde la vida no importa”, aseguró.
Por otro lado, Ana Cofiño, del Sector de Mujeres, añadió que con esto queda demostrado que el Estado de Guatemala es “racista, sexista y patriarcal” y que no le pone atención a la población sin recursos. “Este hecho unido a todo el contexto demuestra que este Estado ya no sirve, no da para más, necesitamos otras formas de gobierno”, dijo Cofiño.
Finalmente el Sector de Mujeres hizo énfasis en la necesidad de reformas al sector justicia, que consideran es la apuesta más grande de transformación del Estado.
Unicef llama a terminar con la institucionalización de la niñez
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó las muertes de las niñas y adolescentes ocurridas en el Hogar Virgen de la Asunción.
Unicef, mediante un comunicado, también recordó a las autoridades su obligación de garantizar la vida e integridad de todos los niños, niñas y adolescentes.
En tanto, instó a crear un sistema nacional de protección de la niñez y un ente rector. También reiteró al gobierno de Guatemala y a los gobiernos de la región, que son signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se termine con la institucionalización sistemática de los niños y niñas.
