POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal en contra de 46 personas sindicadas en el Caso Cooptación del Estado. Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo «B», deberá analizar la documentación y fijar una fecha para el inicio de la etapa intermedia, en la que se definirá si los sospechosos irán a juicio.
Según el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la acusación consta de mil 300 medios de prueba documentales y 850 medios de evidencia material, con los cuales se busca probar la participación de los sindicados en los hechos que se les imputan.
El fiscal Sandoval explicó que dentro del mismo caso, alrededor de 16 personas reconocieron los hechos que se les imputaron y solicitaron un procedimiento abreviado para acelerar el proceso penal.
Sin embargo, la Fiscalía únicamente acogió la petición de tres sindicados. Sandoval no detalló los nombres de las personas que serán enjuiciadas bajo esta modalidad.
EL CASO
A través de análisis financieros, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinaron la existencia de una organización criminal dedicada a captar y «blanquear» fondos ilícitos para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.
Según las investigaciones, la estructura se componía por un conglomerado de empresas y era presuntamente dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La Fiscalía y la CICIG dan cuenta que, durante la campaña electoral del 2008-2011, el Partido Patriota recibió un total de Q17 millones 679 mil 200 por parte de las empresas Radiotelevisión Guatemala y Televisiete S. A.
Sin embargo, el dinero no ingresó directamente a las arcas de la organización política, sino fue captado por empresas vinculadas a Baldetti. El fin, según las tesis de investigación, era ocultar su origen y darle una apariencia de legalidad a los fondos aportados.
«Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de empresas de cartón», informó la CICIG.
Cuando el PP asumió el poder, ambas empresas fueron beneficiadas con contratos multimillonarios.
El dinero proveniente de las televisoras tampoco fue reportado al Tribunal Supremo Electoral en concepto de campaña, como lo establece la ley.
Las empresas vinculadas a la exvicepresidenta también sirvieron para la compra de joyas, aviones, helicópteros, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, villas, entre otros, según las autoridades.
