Por Joseline Ayala
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Después de expresar una serie de reparos ante un régimen especial que se proponía crear a través de la iniciativa de ley del fomento a la ganadería, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Comisión de Finanzas del Congreso, formuló una propuesta de régimen especial del contribuyente agropecuario que pretende otorgar beneficios a empresarios que se adscriban al mismo.
La propuesta, presentada por el diputado oficialista del Frente de Convergencia Nacional (FCN), Marco Aurelio Pineda, ya ha sido cuestionada por algunos centros especializados de análisis debido a las opciones que deja abiertas este régimen.
Esto debido a que dicha ley permitiría la regularización de los adeudos tributarios mediante la rectificación de declaraciones o por la presentación extemporánea de las mismas a través de la suscripción de convenios de pago con plazos extraordinarios. También ofrece criterios de oportunidad a quienes tienen juicios en curso.
El oficialismo defiende el proyecto de ley explicando que de esa manera no se aceptan a productores o comerciantes que adeuden al fisco y que no están garantizando una amnistía a estos contribuyentes que no han cumplido con sus responsabilidades tributarias.
El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Adim Maldonado, dijo que ayer por la tarde se presentaría el dictamen favorable de la propuesta en Dirección Legislativa y anotó que aún están estudiando quién sería el encargado de la exoneración de multas, intereses y recargos. La iniciativa de ley dice que el Presidente deberá otorgar exoneraciones, es decir, deja de ser una opción para ser una obligación.
De acuerdo a la Constitución, el único facultado para eso, a través de decreto, es el presidente de la república, en este caso, Jimmy Morales, lo que también indica el artículo 16 de la propuesta de ley. Pero de acuerdo a Maldonado, se está considerando declarar que el Congreso tenga esa facultad.
“Se está aceptando que ciertos sectores no estaban formalizados, se les están dando las facilidades para que entren a la formalidad y que paguen sus impuestos. Ahora si vamos a querer que el sector informal pague lo que no pagó atrás es difícil fiscalizarlos para ver cuánto deben” explicó.
LA INICIATIVA
La propuesta que en su contenido está determinada para su trámite como de urgencia nacional permite que dentro del régimen especial de contribuyente agropecuario se inscriban comerciantes o productores que no excedan los dos millones de quetzales en el total de venta anual de sus productos, algo que para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) es un monto muy alto.
Además, se establece que los integrantes del régimen deben pagar un tipo impositivo del cinco por ciento sobre las ventas brutas de manera mensual, y se permite que dentro de los siguientes dos meses después de la vigencia de la ley, el contribuyente que haya omitido declarar sus ingresos podrá pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) una tarifa del 7% sobre el monto de los ingresos omitidos y el 6% sobre la misma base del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los convenios de pago a los que los contribuyentes podrán acceder serán de un plazo que no exceda los 36 meses iniciando con un pago del 20% de la obligación tributaria determinada.
Por último, la propuesta señala que las personas que iniciaron actividades afectas a algun impuesto y a la fecha de vigencia del decreto no hayan realizado su inscripción como contribuyentes ante la SAT, gozarán de un plazo improrrogable de seis meses a partir de la vigencia de la ley, para que previo a inscribirse al régimen realicen un procedimiento voluntario de regularización cumpliendo con determinados requisitos.
