POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La estrategia de litigio malicioso, que consiste en retardar procesos judiciales a fin de obtener impunidad, mantiene en suspenso varios procesos penales en contra de altos funcionarios y personas que, en un pasado, ocuparon altos cargos en el gobierno.
A continuación se citan tres casos: dos contra funcionarios y uno contra un exfuncionario, en lo que los sindicados presentaron amparos, recusaciones, reposiciones y demás recursos judiciales con el fin de detener los procesos en su contra.
PRIMER CASO: ARZÚ, EL NUEVO USUARIO DE LA SALA DE FEMICIDIO
Luego de conocerse las resoluciones de la Sala de Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio, que en múltiples ocasiones ha beneficiado a sindicados en casos de corrupción, el Alcalde capitalino presentó un amparo en dicha judicatura con el objetivo de que suspenda la citación del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal.
El jefe edil fue citado por la jueza novena de Primera Instancia Penal, Silvia Morales, para presentar sus argumentos sobre la denuncia en su contra por incitación a la violencia.
Arzú es señalado de promover la violencia contra vendedores ambulantes durante la celebración del VI aniversario de la Plaza El Amate.
Con el fin de anular la citación judicial, la defensa del Alcalde acudió a la Sala de Femicidio y argumentó que la ley lo faculta para ser representado por sus mandatarios judiciales. Según sus abogados, al solicitar su presencia en la Sala del juzgado, la jueza violentó su derecho de defensa y el debido proceso.
La Sala de Femicidio, presidida por el magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo, admitió para su trámite el amparo y dio al juzgado un plazo de 48 horas para remitir un informe con los antecedentes del caso.
SEGUNDO CASO: STALLING PIDE AMPARO A SALA TERCERA
La magistrada Stalling presentó un amparo en la Sala Tercera de Apelaciones con el fin de no enfrentar proceso por resistir su captura. El Ministerio Público le imputa el delito de resistencia con agravación específica.
Según la Sala, la defensa Stalling argumentó que la Corte Suprema de Justicia no notificó a la defensa sobre la denuncia, por lo que sus abogados no pudieron pronunciarse al respecto.
La Corte resolvió el pasado 17 de febrero que no era necesario iniciar un nuevo proceso de antejuicio contra Stalling debido a que el delito fue cometido en flagrancia. No obstante, su defensa insiste en que el expediente debe ser remitido al Congreso de la República para que decidan en cuanto a la procedencia de la denuncia.
TERCER CASO: ALEJOS RECUSA A JUEZA SILVIA DE LEÓN
Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia, presentó una recusación con la cual busca que la jueza Sexta de Primera Instancia Penal, Silvia de León, no continúe conociendo el caso Negociantes de la Salud. Según su defensa, la togada externó opinión en contra de Alejos en procesos judiciales anteriores.
Claudia Paniagua, abogada de Alejos, sostuvo que la recusación deberá ser conocida por la jueza mañana, en la audiencia de etapa intermedia, y enviada a una Sala de Apelaciones para que sea resuelta.
Paniagua manifestó que hasta que la Sala no resuelva la recusación, la etapa intermedia debería permanecer en suspenso.
