POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Lo dicen los profesionales del derecho: justicia que no es pronta es, más bien, injusticia pero cómo interpretar cuando los mismos acusados son los que retrasan el proceso. Lo anterior queda muy bien ejemplificado con el Caso “La Línea”, revelado el 16 de abril de 2015 y que hasta la fecha no logra llegar a una etapa intermedia del proceso penal, en la cual se definirá si el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y 32 personas más enfrentarán juicio por presuntamente integrar una estructura criminal de defraudación aduanera. Los retrasos se deben, principalmente, a estrategias, recursos y acciones judiciales de la defensa de algunos sindicados. A continuación, el camino recorrido por uno de los casos de corrupción de mayor trascendencia en la era democrática guatemalteca y las razones por las cuales tiene más de un año y medio sin avances.
Inició el 16 de abril, a tempranas horas de la mañana. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) giraban órdenes de captura contra funcionarios y particulares. Destacaban algunos nombres: Álvaro Omar Franco Chacón, en ese entonces jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Carlos Enrique Muñoz Roldán, extitular de esa misma dependencia. También se giró orden de captura contra Juan Carlos Monzón Rojas, en ese entonces secretario privado de la vicepresidencia de la República.
El MP y la CICIG los señalaban de conformar una organización criminal denominada “La Línea” que, presuntamente, defraudó por montos millonarios al Estado de Guatemala. Dicha red, según las investigaciones, estaba liderada por el exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, e integrada por altos funcionarios de la SAT y personal de las aduanas.
Pérez Molina, los extitulares de la SAT, Monzón y el resto de sindicados fueron ligados a proceso penal por delitos relacionados a asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo entre abril y julio de 2015.
El 22 de julio de ese año el MP presentó la investigación completa contra la presunta estructura criminal y desde entonces el proceso penal no ha tenido ningún avance. ¿Por qué?
UNA LARGA ESPERA
El primer tropiezo que sufrió la etapa intermedia ocurrió el 8 de marzo de 2015, cuando el juez Gálvez, a solicitud de los abogados defensores, decidió separar a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como querellante adhesiva.
En esa ocasión, Abraham Vela, abogado de la defensora del Estado, aseguró que, en realidad, nunca se constituyeron como querellantes, como lo adujo el juez, sino en su calidad de agraviados.
Según el abogado, los abogados defensores provocaron una confusión en el juez al hacer ver a la PGN bajo la figura de querellantes adhesivos.
“Desde un inicio nos apersonamos como agraviados. El abogado hace caer en errónea interpretación al juez debido a que como Procuraduría hemos sido agraviados, no querellantes”, manifestó Vela en aquella ocasión.
La decisión del juez provocó que la PGN planteara un recurso de apelación que dejó en suspenso el desarrollo de la etapa intermedia. El recurso no se resolvió sino hasta el 10 de abril por parte de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. En el fallo se confirmaba que la PGN podía constituirse como agraviada si el juez así lo consideraba.
ABOGADO Y FISCAL SUFREN ENFERMEDADES
El inicio de la etapa intermedia se programó nuevamente para el 10 de agosto de 2015; sin embargo, la audiencia nuevamente se vio frustrada debido a que el entonces fiscal a cargo del caso, José Antonio Morales, sufría de chikungunya, según lo dio a conocer al titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez.
Por tal motivo, el juez consideró prudente la suspensión de la audiencia.
En circunstancias similares, el 1 de septiembre de ese mismo año se tenía nuevamente planeado retomar el caso. No obstante, el abogado defensor de Francisco Ortiz Arreaga, alias Teniente Jerez, presentó una excusa para no presentarse a la audiencia por quebrantos de salud.
En el documento remitido, el abogado defensor proponía al juez Gálvez que se realizara la audiencia y que su defendido enfrentara la etapa intermedia por separado. Sin embargo, los abogados del resto de los implicados rechazaron la propuesta y solicitaron al juez que se reprogramara la audiencia.
La solicitud la plantearon los abogados argumentando que la diligencia tomaría varios días, por lo que era prudente la suspensión de la misma. La audiencia fue nuevamente suspendida.
El juez Gálvez, en esa ocasión, recomendó a los abogados que, para evitar retrasos en el proceso, nombraran a sustitutos cuando no estuvieran en posibilidades de asistir a las citaciones judiciales.
BALACERA EN TRIBUNALES; CSJ ORDENA SUSPENSIÓN DE AUDIENCIAS
A tempranas horas de la mañana del 30 de septiembre del 2015, pandillas rivales protagonizaron un ataque armado en el sótano de la Torre de Tribunales, donde falleció un reo.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), en una de las carceletas había cinco pandilleros de la Mara 18, quienes atacaron a rivales de la Mara Salvatrucha, ubicados en otra carceleta.
Por tal motivo, para proteger la integridad de sindicados y demás personal, la Corte Suprema de Justicia giró una circular donde ordenaba la suspensión de las audiencias programadas en los distintos órganos jurisdiccionales, entre ellas, la del Caso “La Línea”.
ABOGADO DE PÉREZ MOLINA SE AUSENTA; TAMPOCO PRESENTA SUSTITUTO
El 10 de septiembre de 2016 se dio el primer intento por parte de Pérez Molina para retrasar el proceso judicial. Previo a iniciar la audiencia, el expresidente tomó la palabra y solicitó al juez que se suspendiera la audiencia en vista de que no había llegado su abogado de confianza, César Calderón.
El exmandatario argumentó ante el juez que su abogado no pudo asistir debido a que tenía otras diligencias ese mismo día. Sin embargo, no nombró a ningún abogado suplente, como lo había recomendado el juez Gálvez.
Por tal motivo, la audiencia quedó suspendida hasta nuevo aviso.
BALDETTI Y SU ABOGADO SE AUSENTAN
En circunstancias similares a las de Pérez Molina, el 30 de enero de 2017 tanto la exvicepresidenta Roxana Baldetti como su abogado defensor, Gustavo Juárez, presentaron una excusa para no acudir a la citación judicial.
Según informó el juez Gálvez, Baldetti y su abogado no pudieron asistir porque ese mismo día también estaban citados por el Juzgado de Mayor Riesgo “C” a la continuación de la etapa intermedia en el Caso AMSA.
En esa oportunidad, Gálvez hizo ver a los abogados defensores que el caso acumulaba un retraso de más de un año, por lo que instó a los sujetos involucrados a que cooperaran para que se agilizara el proceso penal.
PÉREZ MOLINA, DECIDIDO A FRENAR ETAPA INTERMEDIA
El seis de febrero, finalmente, se presentaron los abogados, los fiscales y el juez dio inicio a la etapa intermedia. No sin que antes el abogado del expresidente, César Calderón, presentara una recusación que tenía como finalidad separar al juez Gálvez del Caso “La Línea”.
Al momento de exponer los motivos de la recusación, Calderón manifestó que el juez fue declarado como “Personaje del Año” por el matutino Prensa Libre, por lo que se colocaba en entredicho su imparcialidad.
Asimismo, el abogado aseguró que Gálvez ha brindado conferencias en las que ha externado opinión del proceso y por tal motivo, según el defensor, no es idóneo para continuar conociendo el caso.
Sin embargo, el togado no admitió para su trámite la recusación planteada por la defensa ya que, según dijo, no fue presentada siguiendo el procedimiento establecido en la ley.
“La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para substanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiere a cuestiones de hecho”, dijo Gálvez cuando rechazó el recurso.
Ante la negativa de dar trámite a la recusación, la defensa de Pérez Molina interpuso un amparo en la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal.
QUEJA ANULA PROCESO
La audiencia continuaba desarrollándose, sin embargo, aún había un recurso de queja, presentado también por el exmandatario, en contra del Juzgado de Mayor Riesgo “B” por no señalar una audiencia solicitada por la defensa en la que se discutiría la modificación de los delitos.
Según Calderón, dicha diligencia se solicitó al Juzgado B desde noviembre de 2015, pero nunca fue concedida.
“El recurso de queja es porque desde el 27 de noviembre de 2015 se pidió una audiencia de reforma de auto de procesamiento, pero el juez nunca la dio, no obstante que se pidió dentro del período de investigación”, manifestó Calderón.
La defensa presentó la queja en la Sala de Mayor Riesgo, que en última instancia la declaró con lugar y ordenó a la Juzgado que, en un plazo no mayor a tres días, programara la audiencia solicitada.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) impugnó el falló en la Sala, no obstante, dicha judicatura confirmó que la audiencia se debía de realizar.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, indicó que la acción de la defensa únicamente tenía como propósito detener el desarrollo de la etapa intermedia.
Sandoval, dijo que están analizando si se presenta una acción para revertir la resolución de la sala.
AUDIENCIA NO VA MÁS
Al momento de ser notificado de la resolución de la queja, el juez consideró prudente anular el desarrollo de la etapa intermedia, que había iniciado desde el 6 de febrero, y programó la audiencia para discutir la reforma del auto de procesamiento, según lo ordenado por la Sala.
La audiencia se realizó al día siguiente. En la misma, el juez Gálvez confirmó que el expresidente Pérez Molina debía enfrentar proceso por casos especiales de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.
PROCESO PERMANECE EN SUSPENSO
Luego de cumplir lo ordenado por la Sala, el Juzgado de Mayor Riesgo B convocó a todas las partes del proceso para el 21 de febrero para reiniciar la audiencia de apertura a juicio.
No obstante, la defensa del expresidente Pérez Molina continuó empeñándose en separar al juez Gálvez del Caso “La Línea”. El exmandatario presentó una nueva recusación en la que vertían los mismos argumentos: el togado externó opinión en una entrevista periodística.
El recurso fue admitido para su trámite y, mientras la Sala de Apelaciones no lo resuelva, el caso permanece, nuevamente, en suspenso.
SINDICADOS TAMBIÉN SOLICITAN QUE EL PROCESO SE ACELERE
Además de diversos sectores de la sociedad civil, que exigen que una justicia pronta y cumplida en uno de los casos de corrupción más emblemáticos, los mismos sindicados, recluidos en los distintos centros de detención, muestran su desgaste y solicitan que el proceso penal se acelere.
Durante las audiencias, abogados defensores han propuesto que tanto Pérez Molina como Baldetti sean procesados por aparte, no obstante, el juez ha indicado que, por criterios de “economía procesal», no es viable la propuesta.
En tanto, los sindicados despotrican contra las acusaciones del MP y de la CICIG y reafirman su inocencia. Sin embargo, aún no ha sido posible llegar a juicio, donde cada uno, procesados y entes de investigación, deberán demostrar la validez de sus argumentos.
