POR MARIELA CASTAÑÓN
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El próximo 20 de marzo serán juramentados los relatores de la Oficina de Prevención de la Tortura. Uno de los aspirantes es Raúl Arquímides Manchamé Leiva, quien fue director de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2003 y fue condenado por no actuar en los disturbios del Jueves Negro, donde murió el periodista Héctor Ramírez.

La diputada Patricia Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, confirmó que Manchamé Leiva es uno de los aspirantes, sin embargo, aunque llenó los requisitos, dijo que carece de idoneidad para el puesto.

De acuerdo con Sandoval hubo 32 aspirantes, pero después de un primer filtro fueron depurados cinco expedientes, en tanto considera que en la siguiente etapa de la evaluación podrían eliminar la postulación del exdirector policial.

“El señor en referencia –Manchamé- sigue en la lista porque llenó los requisitos de forma, sin embargo, abiertamente, dudaría que haya una objeción en la Comisión de Derechos Humanos- en descalificarlo, por falta de idoneidad. Yo no creo que vayan a ir en contra de lo que esta Presidencia diga, porque esta persona no llena los siguientes pasos. El primer paso son los requisitos, pero el segundo paso es el perfil ideal y el señor lamentablemente no es idóneo”, reiteró la parlamentaria.

NO RESPONDE

La Hora buscó a Manchamé, de quien también se sabe que tiene una asesoría en la Oficina contra la Tortura, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular.

En tanto, esta persona fue condenada en 2010 a dos años y seis meses de prisión conmutable por no actuar cuando ostentó el cargo de director de la PNC, ante los disturbios del Jueves Negro ocurridos en 2003, donde murió el periodista Héctor Ramírez.

La protesta violenta de ese año se originó debido a la intención de inscribir en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Días antes de los disturbios Ríos advirtió que sus supuestos seguidores actuarían.

OFICINA CONTRA LA TORTURA

En el año 2010 fue aprobada la Ley Nacional de la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, posteriormente fue creada la Oficina contra la Tortura.

La Oficina está integrada por cinco titulares y cinco suplentes. Entre las facultades y atribuciones de esta Oficina está tener acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad y sobre el número de lugares de privación de libertad y su ubicación. Tener acceso a toda la información, documentación y registros relativos al trato de esas personas y a las condiciones de su detención.

También: Tener acceso a todos los lugares de privación de libertad, de detención o de restricción de la libertad de locomoción, a sus instalaciones y servicios, sin restricción alguna. Entrevistarse con cualquier persona privada de libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete u otro profesional en caso necesario, en un lugar que garantice la confidencialidad de la entrevista, entre otros.

Según la Unidad de Información Pública de esa Oficina, los relatores tienen salarios de Q38 mil mensuales.

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