Por Joseline Ayala
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Los integrantes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) realizaron una citación en la que cuestionaron el funcionamiento de la Terminal de Contendores Quetzal (TCQ), debido a que el contrato que le da vigencia al proyecto está firmado por el español Ángel Pérez-Maura, quien está prófugo de la justicia por ser representante legal de la Terminal que está registrada como filial en Guatemala de la Terminal de Contendores Barcelona (TCB).
De acuerdo con el diputado de la UNE, Carlos Barreda, el hecho de que TCQ se haya puesto a funcionar bajo un contrato de usufructo oneroso que se firmó en el gobierno de Otto Pérez Molina y que ha sido señalado de entregar un soborno, se trata de una cuestión de ética.
Queremos saber cuáles son los fundamentos legales en que está iniciando a operar cuando sabemos que hay una acción de nulidad por parte de la Procuraduría General de la Nación y es un contrato surgido por soborno y por la corrupción, explicó.
Por su parte, el gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Enrique Gil, dijo que el contrato sigue vigente por lo que “mientras esté vigente vamos a respetar lo establecido”.
“Aquí el único ente que tiene facultad de decir si hay ilegalidades es el juez y mientras no se resuelva no se puede hablar de ilegalidad” aseveró Gil, quien reiteró que cumplirán lo establecido en el contrato debido a que “es una responsabilidad” que deben cumplir.
Gil agregó que como directivo de EPQ, su responsabilidad era verificar la fase 1 de la Terminal y aceptar el acta para poder iniciar operaciones, siendo el interventor de la Terminal, Alexander Aizenstatd, quien dio el aval para operar el proyecto.
El jefe de la oposición, Orlando Blanco, dijo que el argumento de los directivos es nulo porque ningún funcionario está obligado a acatar órdenes que riñan con la ley y debido al proceso “viciado” que está pendiente de una resolución jurídica lo prudente sería no tomar decisiones que después sea irreparables.
Ellos no pueden argumentar que tienen un contrato vigente cuando el mismo fue suscrito de manera anómala, e incluso la contraparte es un prófugo de la justicia, entonces eso no sirve de respaldo, indicó, en referencia a Pérez-Maura.
Blanco agrega que a nivel ético y moral se deberían dar explicaciones de por qué a sabiendas que lo más recomendable es esperar la resolución del litigio, el gobierno de Jimmy Morales no ha intervenido sino más bien “procuran ese negocio”.
DECISIÓN POLÍTICA
Según Blanco, los intereses económicos que envuelven a la Terminal serían las principales razones para que se haya puesto a funcionar el proyecto desde el domingo pasado.
El interventor no asistió a la citación bajo el argumento de estar bajo la jurisdicción del Organismo Judicial (OJ), lo que a criterio de Blanco denota temor de enfrentar los cuestionamientos y una evasión de sus responsabilidades.
