POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Mañana se cumple un año de haberse emitido la sentencia del Caso Sepur Zarco, y hasta ahora son pocos los avances que se han logrado en el cumplimiento de los compromisos del Estado para la dignificación y reparación a las mujeres víctimas de violencia sexual en ese caso.
El 26 de febrero de 2016, el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij fueron condenados por abusos sexuales cometidos en contra de 15 mujeres q’eqchi’, en el Conflicto Armado Interno, en el destacamento militar de la comunidad Sepur Zarco, ubicada entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
Con la sentencia se establecieron una serie de compromisos para el Estado con las mujeres y comunidades afectadas por estos delitos. Entre los compromisos figuran: de parte del Ministerio de salud, la construcción de un centro hospitalario para la comunidad, que atendería a 33 mil habitantes de la comunidad de Sepur Zarco y comunidades aledañas mientras que de parte del Ministerio de Educación, la institución de un centro educativo para acceso a educación media y becas para niñas y mujeres.
También la legalización de los terrenos de la comunidad y por parte del Ministerio de Cultura, la elaboración de un monumento para tener memoria histórica y establecer lo que ocurrió y poder tener historias de los desaparecidos.
Según Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando al Mundo (MTM), hasta ahora el cumplimiento de estos compromisos se ha limitado a la realización de mesas de discusión para programar las acciones de construcción y ejecución del centro de salud y educativo. Tampoco se ha definido una fecha para iniciar los diálogos con las partes involucradas en la legalización de las tierras de la comunidad afectada.
