POR REDACCIÓN LA HORA
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Según PGN pacto tiene un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076
El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud irá a juicio mañana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) interpuso una demanda contra la institución por incumplimiento del convenio y aunque lo que buscan es una resolución que ratifique sus demandas, el juicio es el contexto oportuno para que el Estado se pronuncie de forma oficial sobre la legalidad del pacto, cuestionada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la propia cartera.
La negociación colectiva, de la cual surgen los pactos o convenios colectivos, es un derecho de todas las personas trabajadoras. Guatemala, como miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) tiene el compromiso de respetar, promover y cumplir tal derecho, siempre y cuando se haga con apego al marco legal del país.
Las demandas de los salubristas son legítimas en cuanto a que buscan mejores condiciones para realizar su labor; sin embargo, lo que preocupa a las autoridades es la forma en la que tales demandas reciben una solución en el pacto colectivo, pues consideran que ciertas disposiciones ahí contenidas contradicen la Constitución o el Código de Trabajo, además de que se establecieron sin prever el impacto que podrían tener en las finanzas y la administración del Ministerio.
LA DEMANDA QUE DARÁ PASO AL JUICIO
Luis Alpírez, secretario general del SNTSG, explicó que la demanda por incumplimiento del Pacto Colectivo que será conocida mañana por el Juzgado Séptimo de Trabajo fue interpuesta en el 2015.
-¿Qué artículos señalan ustedes que incumplió el Ministerio de Salud?-
“En sí casi todo el Pacto Colectivo y condiciones de trabajo, no cumplen el tema de los viáticos a los trabajadores, no cumplen el tema de la carrera administrativa, de las Juntas Mixtas, el traslado de los trabajadores al renglón permanente, la misma persecución que tienen contra los líderes sindicales que tiene relación al artículo 19 y 20 del Pacto Colectivo, es decir, si nos ponemos a resumir los artículos del pacto que no cumplen es básicamente todo el pacto. Lo que hemos logrado son avances a pura presión y pura lucha.”
De acuerdo con Alpírez, entre los aspectos más urgentes está la unificación de bonos al salario base, pues el Ministerio tiene una deuda de Q400 millones acumulada por 16 meses con 25 mil trabajadores.
Además, el Reglamento de Viáticos no se cumple desde 2015, debido a que la CGC señaló en su informe de auditoría 2015 que los montos de retribuciones por comisiones en el exterior son definidos por el Ejecutivo para todas sus dependencias a principios de año y un ministerio no puede tener su propia escala. Además, la normativa otorga más viáticos a los líderes del SNTSG y a los titulares de la cartera, lo cual es un privilegio prohibido por el Código de Trabajo.
Por otro lado, durante el Gobierno del Partido Patriota, el presidente Otto Pérez Molina se comprometió a otorgar 20 mil plazas permanentes para el sector salud, las cuales sí se crearon por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero no se entregaron en su totalidad: 3 mil 800 se dieron y alrededor de 10 mil tienen certificación de elegibilidad.
Pese a todo, Alpírez hace énfasis en el carácter legal del Pacto y señala que el incumplimiento por parte de la gestión de Jimmy Morales es una cuestión de falta de voluntad.
“Lo que estamos volteados ahora es a los órganos de justicia laboral, porque ellos deben de dar sus resoluciones apegadas a derecho, porque si no cumplen con ejecutar un mandato legal, entonces ¿de qué legalidad estamos hablando en el país? Ahí no está en discusión si el pacto es legal o no es legal, ahí la discusión es y la demanda es para que se cumpla. Si el Gobierno quiere sudar calenturas ajenas que las agarren, pero nosotros ahorita estamos volteados a ver a los tribunales de trabajo y de justicia”, señala.
EL PACTO DESFINANCIADO
El convenio de Salud no es el único cuestionado. En enero de 2016 María Eugenia Villagrán, entonces procuradora general de la nación, informó que después de un análisis, la institución concluyó que 14 pactos colectivos no cumplieron con dictamen técnico del presupuesto, de Finanzas Públicas ni de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).
En esa fecha también emitió un dictamen sobre el Pacto de Salud, señalando que los compromisos adquiridos por la cartera implican la erogación de pagos, bonos y viáticos que no son acordes a la situación presupuestaria del Ministerio.
Durante el proceso de negociación y previo a la suscripción del acuerdo, establecen los dictámenes de la PGN, no se solicitó a Finanzas el dictamen o pronunciamiento respecto a la existencia del respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendían otorgar.
Según las estimaciones realizadas por la PGN, dar cumplimiento al Pacto tendría un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30.
Tampoco se consideró la fuente de financiamiento de la cual se tomarían los fondos para cubrir los beneficios contraídos y no se sustentó, por medio de algún dictamen técnico o financiero, la viabilidad de los compromisos adquiridos, pasando por alto principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y derecho presupuestario.
Los exministros responsables por la firma y ampliación del pacto, Jorge Villavicencio y Enrique Monterroso, además del extitular de Trabajo, Carlos Contreras, fueron denunciados penalmente por la PGN, pero a la fecha el Ministerio Público no ha tomado acciones en su contra.
Y aunque la Procuraduría señaló irregularidades en el pacto, no interpuso ninguna acción en su contra, pues según dijo Villagrán en ese entonces, se requería la autorización del Presidente para solicitar la anulación.
INCUMPLIMIENTO
El Pacto Colectivo fue suscrito el 21 de agosto de 2013 y posteriormente fue homologado por el Ministerio de Trabajo el 19 de diciembre de 2014. Su incumplimiento por parte de Salud y el conflicto con los sindicatos comenzó casi inmediatamente.
El 21 de julio de 2015, el Ministerio de Salud interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por el posible fraude en el pago de honorarios por Q20.6 millones producto de la negociación y suscripción del pacto.
Además, la querella planteada ante la Fiscalía Contra la Corrupción señaló que dicho convenio se puede considerar lesivo para los intereses del Estado y las finanzas de la cartera de Salud, ya que implicó aumentos desmesurados en las cuotas a pagar por concepto de viáticos y bonos por antigüedad anualmente. En respuesta, miembros del SNTSG paralizaron los servicios en nueve hospitales del país.
Para solventar la situación, Monterroso se comprometió a renegociar el pacto colectivo, pero no concretó su intento. Sus sucesores, Mariano Rayo y Alfonso Cabrera, tampoco cumplieron ni renegociaron el pacto; tampoco solicitaron su anulación.
ANÁLISIS
Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, indicó que todavía analizan con la PGN la postura que adoptarán mañana ante la demanda del sindicato, pero no descarta una solicitud de anulación del pacto. “No estamos seguros todavía sobre cómo manejarlo (…) el Pacto Colectivo de Salud, como tal, tiene cláusulas que son completamente legítimas y sobre otras tenemos nuestras dudas sobre cómo se negoció, y si hubo los suficientes análisis financieros e incluso legales para adquirir esos compromisos. Sobre esos estamos analizando para ver cuál será nuestra postura”, señaló.
Las deudas por bonos y viáticos con los trabajadores, así como el traslado de trabajadores al reglón 011 se discuten en las Juntas Mixtas con el SNTSG, señaló la ministra. Para su abordaje se han formado comisiones específicas que buscan cumplir con los compromisos basados en análisis legales y presupuestales.
La PGN se negó a dar información sobre la audiencia que se celebrará mañana; sin embargo, la procuradora Anabella Morfín se comprometió a revisar los pactos colectivos al inicio de su gestión y a finales del mes pasado dijo que ya habían completado 4 análisis.
Cláusulas controversiales del Pacto Colectivo de salud
“Incentivo económico por un trabajo decente”
El capítulo séptimo del Pacto, establece una serie de medidas conforme a un “convenio económico” entre el Ministerio y los trabajadores.
Uno de ellos es el “Incentivo económico por un trabajo decente”, que consiste en otorgar un bono a los trabajadores presupuestados, según los montos no ejecutados por la cartera para finales de año.
“Se pagaría en los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año, a los trabajadores del ministerio que laboran bajo los renglones presupuestarios 011, 021, 022, 031 y otros renglones permanentes, su valor será equivalente al monto que reflejen las economías que presente ejecución presupuestaria de cada año fiscal, este monto será negociado en el mes de septiembre de cada año, sobre la base de los principios de derechos adquiridos”, se lee en el pacto.
Por Ley, todo el presupuesto que no se ejecute tiene que ir al fondo común, porque todo presupuesto es dinero de los contribuyentes. Sin embargo, el Pacto Colectivo de Salud reparte lo no ejecutado entre los trabajadores, por lo que mientras menos ejecuten, mayor es el bono.
Pago de viáticos
El pago de viáticos es una constante demanda del sindicato, debido a la condición presupuestaria de la cartera, pues, según se determinó en un análisis a las cláusulas del pacto, no se consideraron las capacidades presupuestarias de las unidades ejecutoras para adquirir un compromiso de esas magnitudes.
Dentro del Pacto se establece que, conforme a un Reglamento de gastos de viáticos específico para el Ministerio de Salud, tanto autoridades de salud como sindicalistas tendrían cubiertos desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos conexos, para el cumplimiento de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario del trabajo en el interior o exterior del país.
El Pacto fija una cuota diaria de Q 350, aplicable para todo el empleado, personal que presta sus servicios técnicos o profesionales, personal de carácter temporal y por planilla, que por comisión oficial tengan que prestar sus servicios en el interior de la república.
Asimismo, se fijaron cuotas diarias específicas para altos funcionarios y dirigentes sindicales del ministerio que tengan que desempeñar alguna comisión oficial en el interior de la república.
De esa cuenta, el Ministro recibiría Q 1 mil 200; los viceministros Q 1 mil; directores generales, gerentes y coordinadores, Q 800 ; directores de áreas de salud departamentales, gerente administrativo financiero de área, gerentes de recursos humanos de áreas, directores de hospitales, gerentes administrativos financieros del hospital, gerentes de recursos humanos de hospitales, Q 600; Jefes de departamentos y unidades, Q 400; miembros de la secretaria general SNTSG, Q 1 mil ; Secretarias de comité ejecutivo del SNTSG, Q 800, Secretaria vocal, secretaria de actas, secretarias de conflictos y secretaria de finanzas de filiales del SNTSG, Q 400 y los miembros de Consejos consultivos y comisiones del SNTSG, Q 350.
También se estableció el pago de viáticos desde 150 a 600 dólares, para comisiones en el extranjero.
Bonos
Otro de los compromisos son una serie de bonos destinados a los empleados, adicionales al pago de su salario base.
Para cada trabajador se establece un bono vacacional de Q 400, un bono navideño de Q300 y un bono de “insumos, útiles y uniformes”, que, según el pacto, se definirá conforme las necesidades de sus trabajadores a nivel local.
El bono de antigüedad se recibe de forma escalonada: con cuatro años el incremento es del 5%, con 8 años, 20%; con 12, 40%; con 15, 60%; con 20, 80%, y con 30 años o más, 100%.
Las autoridades señalan que los bonos como el de antigüedad generan grandes brechas de sueldos entre trabajadores que realizan una misma función y que los porcentajes de los incrementos no se proyectaron con base en criterios técnicos y presupuestarios, por lo que se dificulta cumplir con el compromiso.
