Joseline Ayala
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Orlando Blanco, jefe del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), anunció que accionarán penalmente contra Alexander Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), y otros funcionarios públicos que, a su criterio, incurrieron en ilegalidades al permitir el funcionamiento de la empresa investigada por corrupción.
En seguimiento a las denuncias realizadas por miembros del sindicato de la Portuaria Quetzal, quienes se oponen que la terminal opere, Blanco dijo que el responsable de dicha actividad es el Interventor.
«A nuestro criterio es un acto ilegal por parte del Interventor. Tenemos que indagar la Empresa Portuaria Quetzal y que se deduzcan las responsabilidades penales», afirmó Blanco.
El diputado también consideró que tal «accionar abusivo responde a un interés económico».
Agregó que como parte de la función fiscalizadora, su bancada buscará cuáles son los intereses políticos, económicos o financieros del Interventor y quiénes son las personas que han colaborado para que se ponga en marcha el proyecto.
Las acciones penales no solo serán presentadas en contra del Interventor; Blanco aseguró que también serán denunciados Juan Francisco Solórzano Foppa, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria; Anabella Morfín, procuradora general de la Nación; Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, y Williams Mansilla, ministro de la Defensa (Mindef).
DESCARTAN INICIATIVA
El jefe de bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN), Javier Hernández, dijo que la bancada oficialista retiró su apoyo a la iniciativa de ley que buscaba otorgar en concesión la terminal a la empresa APM Terminals. Según explicó, el proyecto «nunca tuvo el apoyo político necesario».
Hernández dijo que tampoco plantearán una nueva iniciativa, pues la ley les permite operar con el contrato vigente.
CGC sobre TCQ: No podemos cuestionar las decisiones
El contralor Carlos Mencos pidió cautela a autoridades que dirigen TCQ en vista de que la estructura ya está en marcha, pese a las advertencias hechas por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Según Mencos, en vista de que el contrato tiene muchas aristas: la nulidad, un proceso penal que gira alrededor del contrato y la intervención, el manejo de la empresa debe ser abordado con cautela.
«Me imagino que si el interventor tomó la decisión de empezar a operar hizo las consultas correspondientes al órgano de justicia al que debe reportarse, yo me quedaría con eso y decir que todo tiene que quedar bien sustentado para que se compliquen los procesos», indicó.
Según el contralor, ahora es el encargado de los procesos de extinción de dominio quien tiene que manejar el tema, pues no es competencia de la CGC intervenir en el proceso.
