POR KIMBERLY LÓPEZ
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A cinco años de haberse firmado el contrato señalado como ilegal entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), para dar pie a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), las instalaciones de TCQ están administrativa y técnicamente preparadas, a la espera del primer barco para hacer uso de sus instalaciones.
Incluso con el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti en la cárcel, señalados de haber participado en el contrato oneroso con la empresa internacional, el exinterventor de Puerto Quetzal, Allan Marroquín, detenido en EE. UU. por un problema migratorio; y Ángel Pérez Maura, exvicepresidente de TCB con orden de captura internacional, el negocio de TCQ se pondrá en marcha cinco años después.
Según lo confirmó el interventor, Alexander Aizenstatd, la estructura de TCQ cuenta ya con los permisos listos y las instalaciones aptas para empezar a operar.
Por ahora, solamente esperan que llegue el primer buque de carga y así comenzar operaciones.
Todo está listo y no falta nada más que la llegada del primer barco, confirmó.
El proyecto de TCQ nació de la firma de un contrato entre funcionarios y empresarios que ahora enfrentan señalamientos y procesos judiciales; sin embargo, el negocio logró concretarse y próximamente operará en el país.
Según el presidente Jimmy Morales, el hecho de que TCQ opere responde a la necesidad de aprovechar la tecnología y la estructura, independientemente de los cargos que enfrenten los involucrados en la firma del negocio.
DENUNCIAN INGRESO DE FURGONES
Sindicalistas de la Portuaria compartieron fotos en donde se aprecia el ingreso de furgones a la Terminal; por lo que denunciaron que el proyecto ya se encuentra operando.
Respecto a este tema, la diputada Nineth Montenegro lamentó la forma aberrante en que las autoridades han manejado el tema, principalmente porque su propuesta fue formular un contrato sobre los cimientos de un contrato de usufructo totalmente viciado y contaminado que se estructuró en base a coimas y comisiones”.
CONTRATO CORRUPTO
TCQ logró, a través de sobornos a funcionarios, un contrato de usufructo oneroso con EPQ, según revelaron investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales se hicieron públicas el pasado 15 de abril.
Por este caso, Pérez Maura, quien es señalado de haber participado en las negociaciones ilícitas, tiene una orden de captura internacional por asociación ilícita, cohecho activo y fraude. El español es uno de los cinco prófugos en el caso de corrupción.
El contrato entre TCQ y EPQ se firmó el 11 de julio de 2012 y fue durante la Semana Santa de 2013 que el entonces presidente Otto Pérez Molina confirmó el usufructo por un plazo de 25 años, prorrogables por otros 25 años más.
El contrato, firmado en secretismo, fue cuestionado por expertos en su momento quienes criticaron que se utilizara la firma de un usufructo para disfrazar una concesión a favor de TCB.
Seguidamente a la confirmación del acuerdo, Encuentro por Guatemala y Lider denunciaron ante la CICIG las visibles irregularidades en la firma del contrato, el cual no respetaba la Ley de Contrataciones del Estado, según la cual se debió seguir un proceso de licitación.
Asimismo, se cuestionó la facultad del interventor de EPQ para constituir usufructos onerosos en tal empresa.
El 15 de abril del 2016, la CICIG y el MP confirmaron las sospechas y revelaron que Pérez Maura, Suárez, y funcionarios del Gobierno conformaron “un grupo criminal” para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de TCQ.
A los US$S255 millones estimados de inversión, TCB añadió US$30 millones no oficiales, para sobornos a funcionarios y cualquier persona que obstaculizara el negocio, según las autoridades.
