Por Redacción La Hora
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En abril de 2015, cuando se conoció el primero de varios casos que forman parte de la lucha contra la corrupción, los guatemaltecos creyeron que se lograrían realizar cambios estructurales al sistema y a sus instituciones, sin embargo, con la proximidad de las elecciones generales eso no ocurrió y se vuelven a repetir los vicios de gobiernos, congresos y cortes pasadas.
Pese a la oportunidad de demandar y pedir un cambio más profundo que fuera más allá de pedir la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti, los vicios del sistema en general continúan.
Los vicios en el financiamiento de las campañas, los negocios en los tres poderes del Estado, la cooptación de la Contraloría General de Cuentas y las municipalidades del país, hacen inviable un futuro distinto.
El Congreso, obligado por ley a hacer las modificaciones, se resiste al cambio y se apresta a aprobar una reforma al sector justicia que puede tener un efecto adverso, toda vez que el antejuicio seguirá siendo un muro de impunidad y la Universidad de San Carlos y las universidades privadas tendrían injerencia en la elección de Fiscal General y magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC).
EL EJECUTIVO: SIN RUMBO CLARO
Jimmy Morales ganó las elecciones en medio de un gran descontento de la ciudadanía guatemalteca. Sin embargo, su primer año de gobierno es señalado por carecer de objetivos claros y un plan de trabajo sólido.
El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) realizó un análisis que concluyó que durante su primer año el mandatario dejó claro que carece de objetivos, metas y acciones estratégicas que den rumbo a la gestión. Uno de los aspectos reprochables de acuerdo al Ipnusac ha sido su poco interés en apoyar la lucha contra la corrupción, que aseguró iba a liderar.
Aunado a esto, Morales también ha sido criticado por avalar la continuación del usufructo de TCQ, que ha sido señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber sido otorgado durante el gobierno del Partido Patriota (PP) bajo irregularidades y por el que varias personas enfrentan a la justicia, incluyendo al exbinomio presidencial conformado por Pérez y Baldetti.
Con su hijo y hermano en la cárcel, el mandatario no ha logrado liderar una discusión que gire en torno a la reforma del Estado en general, al sistema de salud, de educación, de compras y adquisiciones y la rendición de cuentas.
“EL PACTO DE LA IMPUNIDAD” EN EL CONGRESO
En el otro poder del Estado, el Congreso, organizaciones denunciaron un “pacto de impunidad” a concretarse con la elección de la Junta Directiva de ese organismo.
En octubre de 2016, varias organizaciones se pronunciaron contra un posible pacto “de impunidad y de corrupción”.
De acuerdo con las organizaciones, los avances iniciales en materia de transparencia obtenidos en el Congreso no solo debían mantenerse sino también profundizarse, para garantizar la total rendición de cuentas en los actos y acuerdos políticos que se realizaran en ese espacio.
“La ciudadanía está cansada de la corrupción permanente que se mueve dentro de la mayor parte de las agrupaciones políticas, que favorece intereses personales y supeditación a los financistas y no a la población que les eligió”, indicaron.
Por otro lado, hicieron énfasis en que con este proceso se intentaba volver a las prácticas del pasado, en las que el dinero de la corrupción, el crimen organizado y los cuerpos paralelos ponen a diputados y directivas a su servicio.
Las entidades pidieron a los movimientos sociales a estar vigilantes del proceso para impedir que se concretara el referido pacto, al tiempo que instaron a los congresistas cumplir con la sociedad “y no con la corrupción”.
Finalmente la elección se dio y los diputados eligieron a Óscar Chinchilla, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) como presidente de la Junta Directiva del Congreso con el voto de 106 diputados. Chinchilla asumió el pasado 14 de enero.
Según se conoció, antes de la elección diputados se reunieron con el presidente Morales y diputados, en donde se definió a Chinchilla como el candidato que apoyaría el oficialismo.
Además del apoyo del Frente de Convergencia Nacional (FCN), su candidatura fue apoyada por Unión del Cambio Nacional (UCN), Alianza Ciudadana (AC), Partido de la Avanzada Nacional (PAN), TODOS y el Movimiento Reformador (MR).
Aunado a la falta de credibilidad de ese organismo, se suman solicitudes de antejuicio contra 23 diputados, la más reciente contra el diputado Julio Juárez sindicado del delito de asesinato por la muerte de dos periodistas en Suchitepéquez, en 2015.
SEÑALAMIENTOS A LA CSJ
En septiembre del año pasado el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió como nueva presidenta de ese organismo a Silvia Valdés, quien fue propuesta por la magistrada Blanca Aída Stalling, una de las magistradas más cuestionadas.
Tras la solicitud de un amparo por la Fundación Myrna Mack contra la elección de Valdés, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que se debía repetir la elección para la presidencia de la CSJ, dejando sin efecto su nombramiento.
Antes de eso, la CICIG y el MP solicitaron dos antejuicios, uno contra la magistrada Stalling, a quien señalan de tráfico de influencias, por haber tratado de incidir a favor de su hijo al presionar al juez Carlos Ruano Pineda, quien formaba parte del Tribunal que conoce el caso IGSS-PISA.
De acuerdo con la denuncia del juez Ruano Pineda, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Stalling lo citó a una reunión en su oficina y le hizo una serie de requerimientos respecto al juicio contra su hijo.
A su vez, la togada no negó que se reunió con el juez, pero según expresó, fue “en su calidad de madre”.
Durante las citaciones efectuadas por la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, trabajadores de la CSJ confirmaron la reunión. Con 119 votos, diputados del Congreso procedieron retirarle la inmunidad a Stalling.
Posteriormente la aún magistrada, fue ligada a proceso por el delito de tráfico de influencias, luego de haber sido escuchada en audiencia de primera declaración, por lo que el juez resolvió enviarla a prisión preventiva a la brigada militar Mariscal Zavala, esto luego de haber sido capturada en una abarrotería de la zona 9, cuando de acuerdo a las autoridades vestía con un atuendo con el que pretendía ocultar su identidad física.
ESPERANZA RADICA EN REFORMAS
Mientras que el politólogo Jorge Wong, de la Escuela de Ciencia Política de la Usac, apuntó que la corrupción está tan enquistada en todos los niveles de la sociedad y dentro de organismos de Estado. “Hay cambios pero todo sigue igual en el fondo”, indicó Wong.
Para Wong, “se ha montado un show para perseguir a individuos, pero la corrupción sigue estando enquistada y no ha sido atacada de alguna forma frontal, porque todas estas personas tienen contactos en diferentes instituciones”.
En su opinión, los cambios serían a largo plazo y que se combinen con políticas de Estado no importando quien esté en el poder. La esperanza de un cambio en el sistema, por ahora radica en las reformas constitucionales al sector justicia que aún no han sido aprobadas.
El entrevistado compara la corrupción con la hiedra, porque vuelve a aparecer y destaca la importancia de que la población apoye el trabajo del MP, CICIG y la Procuraduría de Derechos Humanos.
En la actualidad expresó que la situación se complica, porque no existe una sola agrupación que logre llevar el cambio en el Congreso y eso representa una de las falencias para hacer los cambios en Guatemala.
“Creo que estamos con todas las esperanzas puestas en la CICIG y el MP, para seguir persiguiendo a esta gente, no va a ser una cacería de brujas eterna, creo que en algún punto tiene que llegarse a la raíz y cortarse. Ese cambio todavía no lo vemos, es posible que sea por lo largo del proceso, esto puede ser incluso de diez años o más”, dijo.
PRÁCTICAS CORRUPTAS CONTINÚAN
La analista independiente Stephanie Rodríguez, indicó que cuando se salió a manifestar en 2015 se esperaba que existieran verdaderos cambios al sistema “vemos uno o dos años después que esas prácticas –de corrupción-, continúan, y eso tiene que ver con un problema estructural”.
Las prácticas siguen siendo las mismas pero con la diferencia de un cambio de personalidades, en donde puso el caso de diputados que están siendo sindicados por varios delitos, que provienen de partidos como el PP y LIDER.
En el caso de la CSJ expresó que lo que se observa es una falta de presencia en el impulso de las reformas enfocadas al sector justicia, “estamos viendo como esta CSJ, tiene muy poca credibilidad”, en consecuencia de los señalamientos a magistrados, indicó.
SISTEMA ES CADUCO Y HAY QUE CAMBIARLO
Recientemente la fiscal general, Thelma Aldana opinó sobre la elección del nuevo presidente de la CSJ y aseguró que la situación que atraviesa esa institución afecta al país, a la vez que añadió que “el sistema es caduco” y que no responde a lo que necesita el poder judicial.
“Se ha dado la voz de alarma desde hace muchos años, el sistema es caduco, no responde a lo que necesita el poder judicial que es fortalecer su institucionalidad”, aseguró Aldana.
La jefa del MP aseguró que el procedimiento actual para elegir al nuevo presidente de la CSJ, como está establecido actualmente en la Constitución Política de la República, afecta al sistema.
“Es perverso, fue trabajado de manera tal que ha logrado la división de la Corte Suprema de Justicia”, anotó. “Por eso debemos cambiar el sistema, porque al final debemos entender que son personas las que integran la Corte y se requiere que esas personas cuenten con un procedimiento que les permita mantener la unidad y avanzar en la jurisdicción”, agregó.
LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN
Un ejemplo de la “perversión” de las Comisiones de Postulación, encargadas de elegir a los actuales magistrados, fue el caso por el que se presentó una solicitud contra el magistrado Eddy Orellana, quien presuntamente recibió un apartamento del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”, señalado de ser operador en esas comisiones.
De acuerdo con el MP y la CICIG, en 2014 Orellana Donis fue parte de las comisiones de postulación que evaluaron los expedientes de los aspirantes a la CSJ. La terna a la que perteneció conoció los perfiles de los ahora magistrados Silvia Valdés Quezada, José Pineda Barales, Vitalina Orellana y Orellana, Silvia García Molina y Douglas Charchal Ramos, quienes resultaron electos para conformar la Corte. Además, evaluó los de Mario Gordillo y Consuelo Porras.
Además de los documentos referentes al regalo para el magistrado, los investigadores encontraron una relación entre López Villatoro y Vitalina Orellana, actual presidenta de la Cámara de Amparos y Antejuicios.
“Lo que hemos establecido es una relación con personas vinculadas con el señor López Villatoro y magistrados de la CSJ que estuvieron participando en el proceso de elección y cuyos expedientes fueron revisados por el magistrado Orellana Donis”, dijo Iván Velásquez, jefe de la Cicig.
Ese hecho simple de la relación de unos con otros, de una letrada que ahora es secretaria de la Presidencia de la Corte, y -que trabajó con- las magistradas y con el señor López Villatoro; de lo que hay alrededor y detrás de esas acciones es lo que tendría que continuar como tema investigación”, indicó Velásquez.
Asimismo, durante la cuestionada elección de magistrados se conoció que 33 de 34 postuladores votaron a favor de Stalling en esa ocasión.
OPACIDAD TAMBIÉN SIGUE EN MUNICIPALIDADES
Según la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH, la Municipalidad de Guatemala, una de las más grandes, presenta un incumplimiento considerado como grave en la publicación de información completa sobre los ingresos de las autoridades y empleados.
Mientras que la Fiscalía Contra la Corrupción del MP, apuntó que de un estimado de mil denuncias que se reportaron durante 2016, la mitad estaría vinculada a alcaldes, concejales, síndicos y directores de administración financiera.
En el caso de las municipalidades del departamento de Guatemala, la magistratura de conciencia señala que existe un incumplimiento grave en la publicación de información completa sobre los ingresos de las autoridades y empleados municipales en 17 comunas.
