Por Joseline Ayala
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El titular de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, remitió hoy un oficio al gerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en el que a través de tres puntos, le recomienda que no echen a andar el proyecto de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) mientras el tema esté judicializado.
“A través de un oficio le hemos hecho saber al gerente que antes de cualquier acción tomen en cuenta todos los elementos jurídicos que rodean ese tema, comenzando con el contrato que ha sido cuestionado y que se encuentra en un juzgado contencioso administrativo”, declaró el funcionario.
Mencos indicó que aunque la Contraloría no puede emitir un dictamen sobre el avance que ha hecho a la Portuaria al obtener licencias de funcionamientos, sí puede recomendarle a EPQ que tomen en cuenta los elementos jurídicos que rodean el tema debido al cuestionado contrato de usufructo oneroso.
Además le pidió a la Portuaria que considerara el proceso penal que se lleva contra el acuerdo de funcionamiento y que la institución no está calificada para emitir dictámenes sobre el accionar de TCQ porque es un tema judicializado.
“Aunque quieran desvincular del contrato con el proceso penal ese fue el pecado original, o sea todo gira alrededor del contrato entonces yo creería que EPQ está imposibilitada de poder dar pasos adicionales del tema si no es previa autorización del juez porque está bajo control jurisdiccional”, explicó.
PONER A FUNCIONAR A TCQ POR OTRAS VÍAS
De acuerdo con el jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, los directivos del proyecto se apresuraron a obtener 4 licencias de funcionamiento durante enero debido a que, aunque tenían el apoyo del Ejecutivo el Congreso ha cuestionado este tema por parecer que la concesión es ilegal.
“Lo que sucede es que los directivos de la empresa se apresuraron a conseguir esas licencias durante enero y de manera cuestionable porque se dieron cuenta que acá en el Congreso nosotros estábamos resistiéndonos a aprobar la concesión, entonces están buscando la manera de echar a andar las operaciones de cualquier manera”, explicó Blanco.
La Contraloría no entregó a la bancada el dictamen que le solicitamos la semana pasada, que desde el miércoles tenía que hacernos llegar y eso lo podemos interpretar como un retraso intencionado debido a los intereses políticos que despierta este asunto, anotó blanco.
El diputado mencionó que el Ejecutivo como ponente de la iniciativa, ha sido muy enfático en lograr que se concrete la concesión que se otorgaría, según el proyecto de ley, hasta por 21 años.
“La empresa lo que está haciendo es generando las condiciones para echar a andar TCQ a través de hacerse de licencias de operación y también tienen el acta de recepción de trabajos de la primera fase entonces lo que están esperando es que renuncie el interventor o el juez levante la intervención y ese mismo día la echan a andar”, aseguró.
