POR REDACCIÓN LA HORA
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A finales de 2014 parecía que Blanca Stalling estaba en la cima de su carrera. Llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el órgano rector del Organismo Judicial, con apoyo del oficialismo y del partido Lider. Fue electa tras fungir por 10 años como directora del Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP), donde acumuló una gran cuota de poder utilizando la entidad como botín a beneficio de allegados, políticos y operadores de mafias, según una denuncia del Movimiento ProJusticia en esa época.
Poco más de dos años después, Stalling está rodeada. Pese a sus intentos por detener el antejuicio en su contra, el Congreso le retiró la inmunidad a solicitud del Ministerio Público por señalamientos de tráfico de influencias y las autoridades podrían detenerla en cualquier momento.
En tanto, dentro de la CSJ varios magistrados le han dado la espalda y su principal aliada, Silvia Patricia Valdés, fue separada de la Presidencia del Organismo Judicial por irregularidades en el procedimiento de su elección.
Desde la sociedad civil y la academia, varios grupos han exigido su renuncia, pero hasta hoy la magistrada se aferra al cargo.
¿Cómo llegó Stalling, considerada la jueza con más poder del Organismo Judicial adonde está ahora? A continuación, un repaso de su camino de magistrada a sindicada:
STALLING LLEGA A LA CSJ CON FEUDO
La magistrada fue designada para la CSJ con 100 votos provenientes de las bancadas del PP y Lider, quienes hicieron un acuerdo extraoficial para repartirse el listado de magistrados, según confirmaron fuentes del entonces partido oficialista.
La elección había sido impugnada ante la Corte de Constitucionalidad por las evidentes irregularidades que se dieron en las Comisiones de Postulación, pero el tribunal avaló los nombramientos.
De acuerdo con un reportaje del sitio web Soy 502, Stalling llegó a la Corte con un feudo de defensores públicos. Catorce de los 126 magistrados electos para la Corte de Apelaciones pasaron en algún momento de su vida profesional por el IDPP.
La jueza se perfilaba como posible presidenta de la CSJ pero, en un contexto de dudas sobre la legitimidad de la Corte, se eligió a Josué Baquiax, exjuez del Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango, sin tachas o antecedentes negativos. Stalling fue nombrada presidenta de la Cámara Penal.
LA MENCIÓN SOSPECHOSA
Iniciando su gestión, la togada fue vinculada a un grupo de abogados dedicados al soborno de jueces, al cual se denominó “Bufete de la Impunidad”.
El nombre de Stalling fue mencionado en una de las llamadas telefónicas interceptadas a los sindicados del caso.
“Nosotros aquí estamos al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (el bufete) tienen muy buena comunicación, estamos en esa”, señala el prófugo Luis Mendizábal a Javier Ortiz, alias el Teniente Jerez, procesado por el caso de defraudación aduanera La Línea.
Ambos interlocutores son sindicados de pagar un soborno a la jueza Marta Sierra de Stalling, familiar de la magistrada de la CSJ, para que liberara a Ortiz y a otros dos cabecillas de La Línea.
Stalling dijo en esa ocasión que la mención pudo tratarse de una confusión o una mentira.
EL ESCÁNDALO DE SU HIJO
Una semana después de que Stalling fuera salpicada por el escándalo de corrupción, su hijo menor, Otto Fernando Molina Stalling fue capturado por el MP y la CICIG, acusado de ser uno de los cerebros de un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que costó Q116 millones al Estado y la vida a más de 16 pacientes con insuficiencia renal. La Fiscalía le imputa a su hijo los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
Miembros de la sociedad civil pidieron la renuncia de Stalling ante la posibilidad de que influyera en el proceso contra su hijo; sin embargo, la CSJ la respaldó y aunque se separó de la Cámara Penal, continuó siendo magistrada.
La jueza dijo que se inhibiría de conocer cualquier acción del caso relacionado con su hijo; pidió dos meses y medio de licencia, y cuando las aguas se calmaron regresó al trabajo.
UN PLAN CONTRA LA FISCAL
El 19 de marzo de 2016 La Hora alertó de un plan en contra de la fiscal general Thelma Aldana que estaba siendo orquestado desde la CSJ.
Según la información que llegó a este medio, en pleno descanso de Semana Santa la Corte se reuniría de forma extraordinaria para firmar una resolución, a través de la cual se podría declarar ilegal la detención del exdiputado Gudy Rivera, señalado por tráfico de influencias, y de esta forma se afectaría a la Fiscal General.
Además de Blanca Stalling, fuentes que pidieron no ser citadas señalaron a Patricia Valdés, Vitalina Orellana y Josué Felipe Baquiax, como los promotores de la reunión.
Orellana confirmó que se llevaría a cabo el pleno, aunque dijo que no se trataba de un plan contra la Fiscal General.
Evidenciado el plan, la Corte dio marcha atrás y declaró el antejuicio de Rivera sin materia, un trámite que se podía realizar sin necesidad de una reunión del pleno.
LLEVA A SU ALIADA A LA PRESIDENCIA, PERO ANOMALÍA ANULA PROCESO
El 26 de septiembre de 2016, Silvia Patricia Valdés Quezada, fue electa como presidenta de la CSJ y del Organismo Judicial, tras ser propuesta por la magistrada Blanca Aída Stalling como candidata.
Valdés Quezada fue electa con 9 votos a favor, mientras que la segunda magistrada propuesta, Delia Dávila Salazar, obtuvo únicamente dos votos.
La elección fue impugnada por Helen Mack, en nombre de la Fundación Myrna Mack, al considerar que se cometieron ilegalidades en el proceso.
De acuerdo con la ley, el presidente del Organismo Judicial debe ser electo por votación del pleno integrado por 13 magistrados.
La activista argumenta que el nombramiento de Valdés es ilegal debido a que en el momento de la votación el pleno estaba conformado por 12 magistrados titulares y un suplente. Esto, porque el mes pasado Douglas Charchal renunció a su cargo y el Congreso no había nombrado a nadie para que lo sustituyera.
SE CONFIRMA LA ADVERTENCIA: INTERVINO POR SU HIJO
Los temores de la sociedad civil fueron confirmados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes presentaron una solicitud de antejuicio en contra de a Stalling por supuestas presiones al juez Carlos Ruano Pineda, quien es parte del tribunal que conocía juicio contra su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
La magistrada es señalada por el delito de tráfico de influencias, ya que según denunció el juez Ruano Pineda, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Stalling lo citó a una reunión en su oficina, donde le hizo una serie de requerimientos respecto al juicio contra su hijo.
Stalling no negó que se reunió con el juez, pero según dijo lo hizo “en su calidad de madre”. Trabajadores de la CSJ confirmaron también la reunión.
Ayer, el Congreso decidió retirarle la inmunidad al considerar que hay posibilidades de que haya incurrido en tráfico de influencias.
