POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Esto sucedió con los integrantes de un partido que, en componendas, cooptó al Estado
El Partido Patriota (PP), el de la “mano dura” no será recordado precisamente por poner en práctica el fervor patriótico que anunciaba en campaña. En cambio, pasará a la historia por ser el primer partido político en ser cancelado por prácticas de financiamiento ilícito, y porque hoy la mayoría de sus miembros son prófugos, sindicados o están condenados por prácticas de corrupción, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Tres hallazgos en el informe de financiamiento electoral fueron suficientes para que el TSE considerara oportuna la cancelación permanente del PP.
La fiscalización de las finanzas de todas las organizaciones políticas empezó en diciembre del 2016 y fue entonces que los auditores encontraron algunas “discrepancias” en los montos (de financiamiento) utilizados en las últimas dos contiendas electorales”. A partir de ese momento inició el proceso de cancelación de esa organización.
Según el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, una de las principales anomalías de la auditoría realizada al partido evidenció que la agrupación reportó un estimado de Q38 millones como deuda acumulada a medios de comunicación. Pero los medios (que no fueron precisados por el TSE) aseguran que no se les debe nada.
Lo llamativo, según Guerra, es que alguien debió pagar esa deuda y, al no establecer quién lo hizo, se le considera como una aportación anónima. Ese tipo de aportes están prohibidos en la Ley Electoral.
Sumado a eso, la auditoría identificó que en el 2015, el PP emitió una serie de cheques a representantes del partido para gastos de campaña con fondos del Estado. Pero en el reporte de gastos ningún candidato explicó cuál fue el destino de esos recursos.
El TSE tampoco encontró ningún registro de gastos de campaña electoral en el municipio de Mixco, cuando, según los magistrados, fue más que evidente que hubo proselitismo en las elecciones. Una, dos o varias personas, empresas o agrupaciones debieron pagar la campaña del entonces candidato Otto Pérez Leal, pero el partido obvió por completo esa información.
Más allá de la cancelación, un escenario aún más adverso para el partido, sería que la Inspectoría General del TSE considerara suficientes los indicios para presentar una denuncia penal por esas tres anomalías. Esa denuncia, se sumaría al caso que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ya investiga contra representantes de medios de comunicación por vínculos ilícitos durante la campaña del PP.
EL ORIGEN PERVERSO DEL PP
Detrás de un slogan de patriotismo, una mano empuñada y el color naranja, muchos de los fundadores y miembros del Partido Patriota (PP) escondieron un proyecto creado para enriquecerse a través de los canales electorales del sistema democrático. Al menos, hacia eso apuntan las investigaciones conocidas hasta el 2015.
Desde su formación en el 2001, el PP se dio a conocer con la siguiente definición de patriotismo: “El Patriota es el que ama a su patria y procura su bienestar. Los Patriotas amamos nuestra patria, la defendemos, luchamos por sus valores, su cultura, su tierra, por sus instituciones y velamos por el bienestar de todos los guatemaltecos”.
El concepto no encaja en absoluto con los hallazgos recogidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), en el 2015. En palabras de la Fiscal General, Thelma Aldana «estábamos frente a una estructura criminal que había cooptado el poder y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”.
La máscara patriota del PP empezó a desequilibrarse luego de que producto de investigaciones se develó un esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti Elías.
Según el MP, las operaciones del PP distaban mucho del funcionamiento de una organización política y se asemejaban más al típico proceder de redes político-económicas ilícitas.
Así funcionó el PP justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno del 2012 al 2015.
La conclusión que arrojó las investigaciones es que en realidad, no se trataba de un partido como en teoría debería ser, sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas y cuyos dirigentes luego serían las autoridades del país.
En pocas palabras, el PP montó en un esquema financiero con apariencia de legalidad, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar la precariedad financiera de las instituciones.
Una vez conocidas esas conclusiones, empezó a generalizarse un sentimiento de rechazo a la corrupción que se consolidó en una serie de manifestaciones ciudadanas.
Las primeras manifestaciones se enfocaron en exigir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina. No obstante, con cada nueva convocatoria, los mensajes se diversificaron y de las protestas estuvieron dirigidas al sistema político y luego se convirtieron en expresiones de rechazo al partido de gobierno.
Hoy, más de un año después, el PP fue cancelado por irregularidades en su financiamiento, mientras sus principales dirigentes enfrentan procesos judiciales por más de un delito.
LO QUE HIZO EL PP, ES COSA VIEJA
Ex trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pidieron no ser citados, dijeron que lo que sucedió con el PP no es diferente a lo que han hecho otros partidos políticos que han alcanzado el poder.
“Con el PP pasó un fenómeno especial y es que ellos tuvieron la mala suerte de que las instancias de investigación estaban en funcionamiento y dejaron de ser cooptadas y por ello es que se evidenció todo, pero eso no quiere decir que lo que ellos hicieron no haya sido lo mismo que históricamente ha ocurrido en el país y en especial en la era democrática”.
Además agregaron que incluso los partidos que no llegan al poder son como una empresa, “¿cómo se explica usted que haya candidatos que no trabajan y que viven de tener un partido, de levantar fondos durante la campaña, de vender casillas para diputaciones y alcaldías?”, finalizó.
¿QUÉ PASÓ CON LOS MIEMBROS DEL PP?
OTTO PÉREZ MOLINA
El expresidente, exsecretario general del PP y fundador de dicha organización política guarda prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala. Pérez Molina está sindicado en los casos La Línea y Cooptación del Estado, que reúne tres eventos diferentes de corrupción. Por investigaciones del MP y la CICIG fue señalado por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
ROXANA BALDETTI
Junto con Otto Pérez Molina lideró una supuesta estructura criminal que habría cooptado el poder del Estado y que utilizó los canales electorales para empoderarse y enriquecerse mediante el PP. Baldetti presentó su renuncia como vicepresidenta luego de conocerse el Caso La Línea en 2015. Fue señalada de estar involucrada en el Caso de defraudación aduanera, el Caso Cooptación del Estado y en la firma de un contrato fraudulento para la limpieza del Lago de Amatitlán.
JUAN CARLOS MONZÓN
Es colaborador eficaz del MP en el Caso La Línea y Cooptación del Estado. Fue un operador del PP desde los tiempos de la contienda electoral. Él mismo declaró que su participación en la cooptación empezó con sus primeros acercamientos a Baldetti en 2011, cuando aún era candidata a la vicepresidencia por el PP y luego como su secretario privado.
Monzón tuvo acercamientos con los principales financistas del PP y se convirtió en una especie de recaudador del financiamiento ilícito, para lo que se apoyó en su contador Víctor Hugo Hernández, con quien creó un entramado de empresas de cartón que recibirían los recursos sin el control de las autoridades.
MAURICIO LÓPEZ BONILLA
Fue jefe de campaña de Pérez Molina y Baldetti cuando fungían como candidatos a la presidencia. Luego, fue nombrado Ministro de Gobernación. En junio del 2016, López Bonilla fue capturado y llevado a prisión preventiva.
Actualmente está siendo investigado en al menos 9 casos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo y fraude. Es sindicado por el caso conocido como La Cooperacha, uno de los tres eventos de Cooptación del Estado, y por un contrato otorgado a una empresa de seguridad en el Registro Nacional de las Personas (Renap).
ALEJANDRO SINIBALDI
Fue secretario general del PP y por un tiempo candidato presidencial para la contienda electoral del 2015; renunció al cargo por supuestas diferencias con miembros del partido.
Según investigaciones del MP y de la CICIG, Sinibaldi aportó un monto aproximado de Q4 millones 362 mil para la compra de una lancha, una casa de playa y un helicóptero, que fueron obsequiados al expresidente Otto Pérez. Los aportes se realizaron en efectivo con el fin de ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero. Por este Caso, denominado La Cooperacha, el exfuncionario es sindicado de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Actualmente es prófugo de la justicia y está señalado además de haber recibido sobornos millonarios de parte de una empresa brasileña.
OTTO PÉREZ LEAL
Desde enero del año pasado, el hijo del expresidente Otto Pérez Molina no puede salir del país luego de que por solicitud de la Agencia de Delitos Electorales del Ministerio Público se decretara un arraigo en su contra.
Pérez Leal se encuentra en investigación por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral y propaganda oficial ilegal, luego de denuncias planteadas porque habría utilizado los recursos de la comuna de Mixco para favorecer al Partido Patriota, con el que buscó la reelección.
Además, es el actual secretario primero adjunto del PP.
GUDY RIVERA
Fue miembro del comité ejecutivo del PP, luego diputado electo en representación de ese partido desde 2012 al 2016. En octubre del año pasado, Rivera y Vernon Eduardo González Portillo, exabogado de esa misma agrupación política, fueron condenados a 13 y 5 años de prisión, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
Rivera aprovechó el poder que ostentaba en su calidad de diputado del Congreso de la República para intentar ejercer influencias en la resolución de un amparo que se interpuso en la Sala Quinta de Apelaciones, con el cual buscaba revocar un fallo judicial que suspendía a la exvicepresidenta Roxana Baldetti como secretaria general del PP.
DANIELA BELTRANENA
Exsecretaria personal de Baldetti y exmiembro del PP. A mediados del 2015, Beltranena se presentó a la Torre de Tribuales voluntariamente, luego de que se le vinculara en el Caso Cooptación del Estado, un complejo entramado de financiamiento ilícito del Partido Patriota y de la cooptación de las instituciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
ANABELLA DE LEÓN
Se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, capturada por un caso de contrataciones irregulares en el Registro Nacional de la Propiedad, del cual era titular. Fue miembro del comité del PP, diputada del Congreso y candidata a la alcaldía municipal de Guatemala.
PEDRO MUADI
Desde el 2015, guarda prisión provisional el Mariscal Zavala. Muadi fue secretario general adjunto del PP junto con Mauricio López Bonilla. Actualmente la FECI lo sindica de haber sustraído fondos del Organismo Legislativo a través de la creación de plazas fantasma, mientras fue diputado del Congreso. El monto que Muadi supuestamente sustrajo asciende a Q630 mil.
MARCELINO GARCÍA CHUTÁ
A solicitud de la CICIG y el MP, y por decisión de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Manuel Marcelino García Chutá quedó despojado de su derecho a inmunidad y ahora está siendo investigado por haber contratado personas bajo el renglón 022 en el Congreso de la República.
ARÍSTIDES CRESPO
El pasado 26 de mayo, el MP y CICIG presentaron una solicitud de antejuicio en su contra por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, luego de que develarán un caso de contrataciones irregulares en el Congreso en el que habrían participado todos los miembros de la Junta Directiva 2015-2016, liderada por Luis Rabbé. Por ahora, el trámite está en proceso.
EMMILENE MAZARIEGOS
El MP está investigando a la exdiputada del PP y exmiembro del Comité Ejecutivo de ese partido, luego de que se difundiera una supuesta conversación de la congresista con el encargado del área de Salud de Huehuetenango, Edward Johnny Villatoro Palacios.
En esa conversación, Mazariegos sugirió el despido y reducción de salarios de los trabajadores y el contrato a personas recomendadas por ella.
MICHELLE MARTÍNEZ
Fue secretaria adjunta del partido y luego ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente tiene orden de arraigo por el caso de limpieza del lago de Amatitlán.
ARNOLDO MEDRANO
Fue miembro del comité del PP. Recientemente fue beneficiado con la reducción de una condena luego de supuestamente adjudicar de manera ilegal el cobro del Impuesto Único Sobre la Renta a una empresa privada. Además, guarda prisión preventiva por el Caso denominado Vivienda Digna, donde fue enviado a juicio por el delito de pacto colusorio.
EDGAR CRISTIANI
Desde mayo del 2016 el exmiembro del PP y exdiputado del Congreso en representación del PP fue capturado y ligado al proceso judicial por anomalías y plazas fantasma en el Organismo Legislativo.
VLADIMIR AGUILAR
Formó parte del PP durante los inicios de la agrupación política. Fue procurador de la Nación durante el 2014, luego de que Otto Pérez Molina lo eligiera para ocupar dicho cargo. En 2014 fue electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia gracias a un pacto entre el PP y Lider, pero renunció el año pasado después de ser señalado por el Caso TCQ.
