Por Grecia Ortíz
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El caso del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales detenidos y enviados a prisión preventiva por el caso conocido como El Estado como Botín: Registro de la Propiedad, fue aprovechado por el comisionado Iván Velásquez para realizar un “llamado” a la ciudadanía guatemalteca para reflexionar sobre la cultura de la legalidad, ya que si bien ambos no recibieron un beneficio del fraude y posible lavado de dinero realizado, sí incurrieron en actos ilícitos. Analistas consultados señalan que las prácticas ilegales son recurrentes en la sociedad guatemalteca.
En 2015, la develación del caso “La Línea”, que implicaba al expresidente Otto Pérez y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como a otros altos funcionarios, provocó una oleada de indignación en la ciudadanía que salió de forma masiva a las calles y abogó por cambios dentro del Estado para erradicar las prácticas corruptas endémicas en el país.
No obstante, el papel de los guatemaltecos para atacar este flagelo también ha sido señalado como clave. La población debe reconocer que debe actuar conforme a la ley y no minimizando cualquier acto que la infrinja, por pequeño que sea, destacan politólogos y sociólogos consultados por La Hora.
EL CASO QUE LLEVÓ A LA CÁRCEL A LOS PARIENTES DEL PRESIDENTE
El pasado 18 de enero, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer con detalles la implicación de los parientes del presidente en el referido caso, quienes fueron detenidos por fraude y lavado de dinero.
Según la investigación, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente y “Sammy” Morales incurrieron en fraude al Estado y en el caso del segundo, también en lavado de dinero, al haber simulado la entrega de servicios que no se efectuaron, esto con el fin de beneficiar a la familia de la entonces novia de Morales Marroquín, quien en el tiempo en que ocurrieron los hechos tenía 19 años. Ver Recuadro 1
COMPROMISO CON LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Velásquez, jefe de la CICIG, destacó que aunque en ambos casos los detenidos no obtuvieron beneficios económicos sino que realizaron un “favor”, sí incurrieron en actos ilícitos, razón por la que se consideraba necesario que la ciudadanía realizara “un examen de conciencia” para generar un compromiso “absoluto” con la cultura de legalidad”.
“Hemos venido insistiendo de la necesidad de instaurar la conciencia de una cultura de legalidad, porque en todo caso acciones de esta naturaleza son ilícitas por más que en el caso de estas dos personas no hubieran obtenido un beneficio directo para ellos, y es la oportunidad para que se haga un examen general de conciencia de la ciudadanía”, enfatizó.
El titular de la CICIG destacó que el examen de conciencia de la población sería una manera de compromiso con la cultura de legalidad, a fin de desterrar todas las prácticas ilegales que si bien no favorecen las actividades corruptas, si favorecen a terceros que incurren en actos de corrupción, “por eso insistimos, acciones de esta naturaleza constituyen finalmente una práctica corrupta que permite la sustracción de fondos del Estado”, indicó.
HIJO DEL PRESIDENTE: “FUI MUY INOCENTE A LA HORA DE ACTUAR”
Tras ser detenido y ligado a proceso por fraude, José Morales Marroquín declaró ante la jueza Silvia de León que no era consciente de que lo que había hecho era un delito.
“Fui muy inocente a la hora de actuar, no pensé muy bien mis actos y como lo dije me presenté voluntariamente porque no obré de mala gana, queriendo defraudar a nadie, no obré queriendo lastimar a nadie, simplemente fue algo que hice por querer ayudar a quien en ese momento lo necesitaba”, aseguró.
Morales Marroquín agregó que: “Si somos realistas en Guatemala todos hemos visto una situación similar y por eso yo asumí que eso era algo normal en la cultura guatemalteca”.
Siempre he sido una persona proactiva que le gusta ayudar. No vi nada malo en ese momento, añadió el joven.
Mientras que en su fallo la jueza le recriminó que siendo tan joven hubiese realizado actos ilícitos. «Los malos actos que hacemos tienen consecuencias», señaló.
HAY DOBLE MORAL
Jorge Wong, politólogo de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, opinó que la ilegalidad en Guatemala parece estar arraigada y que se constituye incluso para el individuo como una actividad “normal”. Como ejemplo citó el caso de una persona que al ser detenida le ofrece dinero a un agente, a cambio de dejarlo ir.
“Hay muchas cuestiones por las que estamos acostumbrados a este sistema, porque el Estado de Guatemala no tiene una presencia fuerte en todos los ámbitos de la Nación, entonces lo mismo sucede cuando se sacan los antecedentes, usted paga para que le hagan la cola y usted paga por cosas que no tiene que pagar”, comentó.
El politólogo aseguró que el actuar de instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en administraciones anteriores también había favorecido de alguna manera ese actuar, por la forma de llevar el recuento de los impuestos de la ciudadanía.
Wong agregó: Últimamente, -SAT- en conjunto con el MP y CICIG han apretado un poco las tuercas de la maquinaria y empezaron a trabajar como deberían haber trabajado desde hace mucho tiempo atrás. Esto genera situaciones como el comentario del hijo del Presidente en donde dice él que todo mundo lo hace y por eso lo hice yo, no todo mundo lo hace, las generalizaciones son erróneas.
Para Wong es bueno que los ciudadanos rechacen la corrupción pero considera que existe una contradicción cuando incurre en las prácticas que critica, “hay una doble moral”, manifestó.
“Ese es uno de los retos, la transparencia y la lucha contra la corrupción no solo está en las autoridades y a nivel nacional, sino también en los ciudadanos de a pie que damos el ejemplo de que mantenemos el sistema a través de la costumbre”, dijo.
CULTURA DE IMPUNIDAD VIENE DESDE LA COLONIA
Edmundo Urrutia, sociólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), apuntó que en la actualidad se está observando una reforma moral y ética del Estado y sociedad y que se esperaría que tenga un impacto “profundo”, en la cultura de impunidad.
El sociólogo destacó que además de ser un tema de “hogar”, también lo es de historia porque se sabe de la existencia de elites que buscaban evadir la Ley, incluso desde tiempos en que la Colonia española se instaló en el país.
Desafortunadamente pertenecemos a una tradición de evadir la Ley cuando afecta nuestros intereses de familia o de amigos; sí es un problema con raíces profundas en la historia y la cultura indicó.
A decir de Urrutia, de no generar la suficiente conciencia el país sería considerado como “no viable” porque no se moderniza y en un Estado que no cambia quienes salen beneficiados son las oligarquías quienes están interesados en que todo continúe igual.
Lo que está pasando actualmente con instituciones como el MP, la CICIG y una sociedad civil de derechos humanos y de estado de derecho, es que están haciendo cambiar el país, en donde el disuasivo es que quien no cumpla la Ley debe ir a la cárcel, enfatizó.
CULTURA DE LA CORRUPCIÓN
Por su parte, Alfredo Bedregal, sociólogo de la Universidad del Valle, opina que lo que influye en ese comportamiento es la cultura.
“Vivimos en una cultura en donde la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad no solamente las proyectamos hacia lo legal, sino que muchas veces las personas las reproducen en sus espacios cotidianos”, agregó.
Como ejemplo citó las críticas efectuadas a políticos por manejos corruptos pero los ciudadanos ignoran que también incurren en actos ilícitos cuando compran productos falsificados o incluso se premian los comportamientos ilícitos, indicó.
Más que priorizar cambios legales, que al final no se deben pasar por alto, Bedregal, anotó que se deben hacer cambios de tipo cultural. Consideramos como delito que se roben los fondos públicos, pero no consideramos delito que alguien compre una película pirata, nosotros nos consideramos árbitros de lo que consideramos legal, manifestó.
EL CASO POR EL QUE LOS PARIENTES DE MORALES FUERON A PRISIÓN
De acuerdo con las autoridades, entre los hechos que llevaron a la detención de Samuel Everardo Morales Cabrera y de José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, se encontraron que las contrataciones estaban dirigidas a determinadas empresas y los procesos de adjudicación solo se aparentaron para darles legitimidad.
La Fiscal General dijo que el primer evento consistió en la solicitud de un servicio de desayuno que se hizo por parte del departamento de Relaciones Públicas del Registro de la Propiedad y que fue autorizada, por el Departamento de Compras y Contrataciones.
En tanto Abdy Estrada, quien no tenía una empresa registrada, aprovechó la relación que entonces tenía el hijo del presidente Morales con su hija y logró los documentos que necesitaba para conseguir la adjudicación y de esa manera sustraer los fondos por medio de los eventos que no se realizaron.
La participación de “Sammy” radicó en la elaboración de las cotizaciones que se presentaron a nombre de Carnes y Ensaladas (Fulanos y Menganos), JM3 Eventos y Spectacular. Fulanos y Menganos se habría quedado con Q11 mil 925.
Según la investigación, en el segundo evento, la participación de “Sammy”, consistió en la solicitud de un servicio de alimentación para 40 personas por tres días, el cual fue adjudicado por Q89 mil 975 a Plus Espectáculos y Promociones, de la cual el hermano de Morales era representante legal, y que también habría sido realizado para “apoyar” a su sobrino.
Los datos consignados en la factura eran falsos pues el evento nunca se llevó a cabo, según las pesquisas.
En el tercer evento, Plus Espectáculos, la empresa que representaba el hermano del Presidente, fue beneficiada por un contrato para la compra de 564 canastas navideñas. El Comisionado advirtió que aunque las canastas sí se entregaron no fueron elaboradas por la empresa que se consignó sino por Abdy Estrada.
En este caso nuevamente José Morales fue el encargado de conseguir la factura y Samuel Morales, como representante de la empresa, emitió el documento, aunque no fue su compañía la que prestó el servicio.
LOS FUNCIONARIOS SON ASÍ PORQUE NOSOTROS ACTUAMOS ASÍ
Sobre la cultura de legalidad, el ciudadano Enrique Franco reconoció no actuar de acuerdo a la Ley y atribuyó su comportamiento a las prácticas corruptas de funcionarios públicos.
“Yo sé que hago mal, porque reconozco que no pago todos los impuestos que debería y sí, el comisionado de la CICIG tiene razón porque si uno exige que no haya corrupción tampoco como población deberíamos caer en delitos que por obvias razones reconocemos”, opinó.
Franco destacó que le gustaría ver más trabajos de las entidades estatales para cumplir con la Ley pero sabe que de no hacerlo nada cambiará “es difícil cambiar cuando todo el sistema te invita a incurrir en delitos”.
Comprar películas “piratas”, pagarle “mordida” a alguna autoridad, son acciones que el entrevistado reconoce que en más de una ocasión ha practicado. “Todos somos responsables de esto, los funcionarios son así porque nosotros actuamos así”.
CIUDADANA RECONOCE QUE SE DEBE REFLEXIONAR
Mientras que María Rodríguez, otra ciudadana, aseguró que no cumple con la Ley porque las autoridades no dan el ejemplo, pero sí “aplaudió” el arresto del hijo y el hermano del Presidente.
“Yo sé que no hago bien, porque por ejemplo en mi caso no pago a tiempo mis facturas, incluso el recibo del IUSI tengo como dos años de pagarlo, pero de qué sirve si aquí en el Municipio uno no ve mejoras entonces uno así no piensa en pagar más bien todo se lo roban entonces para qué”, dice.
Rodríguez expresó que sí asistió a las manifestaciones ciudadanas y que el caso que implica a los familiares del Presidente la hace reflexionar en que actuar acorde a la Ley debería ser un compromiso de todos, “mis hijos trabajan en empresas y no me gustaría que por hacer lo que ellos hicieron, de dar facturas falsas, los metan presos, es mejor cumplir”, anotó.
CICIG: CULTURA DE LEGALIDAD, RESPONSABILIDAD DE TODOS
De acuerdo con una publicación de la CICIG correspondiente a 2011, la responsabilidad compartida es la respuesta a la legalidad en que vive una sociedad, “pensemos al respecto: cuando las personas no acatan ni respetan la ley, el lugar donde vivimos se vuelve inseguro, inestable y corrupto” se menciona.
Añade cuando no se hace el esfuerzo de vivir en la legalidad las consecuencias significan en multiplicar ese ejemplo a otras personas y ello reduce la posibilidad de vivir en una cultura de legalidad.
“En una sociedad regida por el Estado de Derecho la población tiene el deber de participar en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas y organizaciones dentro de esa sociedad, incluyendo al mismo Gobierno”, enfatiza CICIG.
La tarea, a decir del ente internacional, debe involucrar instituciones gubernamentales, religiosas y culturales, que tienen a su alcance extensas redes que logran llegar a grandes segmentos de la población.
