Por Joseline Ayala
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La decisión del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de retirar el aporte de la tarifa social, podría afectar a más de 1.2 millones de guatemaltecos, por lo que integrantes de la bancada Creo formularon una iniciativa que determinaría las formas en las que el Estado puede atender a las personas afectadas que se encuentran en situación de pobreza.
De acuerdo al jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Carlos Fión, el Congreso únicamente aprobó Q300 millones para este tema y el INDE pondrá Q700 millones, mientras que son necesarios unos Q1 mil 300 millones.
“La preocupación es que hoy el INDE obligado por sus finanzas está reduciendo la tarifa social y eso golpea a más de un millón de consumidores, que como consecuencia podría generar una conflictividad social, va a aumentar el número de personas que no pagan o de las que van a prescindir del servicio porque no les alcanza”, declaró el legislador.
La tarifa social determinaba que los usuarios que utilizaban menos de 100 kilovatios por hora al mes eran beneficiados con esta ayuda mientras que con este recorte, se ha bajado a 60 el límite de las personas que obtendrán este apoyo.
