JOSELINE AYALA
jayala@lahora.com.gt
La concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a la empresa APM Terminals siempre es uno de dos extremos: una violación a la Constitución o una iniciativa dentro de la ley de carácter urgente para el país; un negocio lesivo para las arcas del Estado o un proyecto que traerá grandes beneficios económicos; la legitimación de un acto de corrupción o un acuerdo con una empresa que ha demostrado su “buena fe”. En este tema no hay puntos intermedios, por lo que en el Congreso los cabildeos de uno y otro lado se intensifican a medida se acerca la fecha límite para aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo.
A principios de noviembre de 2016 el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, presentó oficialmente una iniciativa de ley para otorgar en concesión a TCQ a la empresa APM Terminals.
La concesión por 21 años a la compañía holandesa evade el procedimiento legal establecido en la Ley de Contrataciones y otorga a TCQ sin necesidad de una licitación internacional. Es una regulación excepcional, a la medida del acuerdo del Ejecutivo con APM.
La iniciativa se justifica “por razones de utilidad pública e interés nacional”, ya que según el presidente Morales es la forma más rápida para que la Terminal comience a operar: “No es una urgencia del Presidente, es una urgencia del Estado”, dijo en octubre del año pasado, antes de llegar a un acuerdo con APM.
Desde entonces Morales ha demostrado que la concesión de TCQ es una prioridad de su Gobierno: no solo ha llamado a los congresistas a que aprueben la concesión de forma pública, también ha tocado el tema en reuniones privadas, según se reveló en noviembre pasado.
El Presidente incluso concluyó su discurso del primer año de gestión ante el Congreso pidiendo a los diputados asumir “su responsabilidad”. Según declaró en esa ocasión: “Desde el Ejecutivo, en este tema –TCQ- ni un paso atrás.”
NEGATIVAS
Encuentro por Guatemala (EG), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), TODOS, Convergencia y Winaq son las únicas bancadas que han expresado abiertamente su oposición a la iniciativa.
La primera en oponerse fue la UNE, que denunció la supuesta ilegalidad de la propuesta. De acuerdo con el diputado Carlos Barreda, el Ejecutivo viola la ley al otorgar un contrato a una empresa de manera directa, cuando lo correcto debería ser promover un proceso de licitación o una alianza público-privada. La UNE apuesta por lo segundo.
“Creemos que la ruta legal no es la adecuada. La Ley de Contrataciones es muy clara en que no se pueden dar concesiones en bienes y servicios que generan utilidades y tampoco podemos hacerlo a dedo”, explicó.
A criterio del legislador: “No podemos entregarle todo a esa empresa extranjera, porque estaríamos generando un monopolio a cargo del Puerto Quetzal.”
Ayer, Blanco informó que la empresa Ports America también está interesada en operar la Terminal, lo que demuestra que existen más alternativas que no han sido evaluadas por la Presidencia.
El jefe del bloque de TODOS, Juan Ramón Lau, aseguró que realizaron un análisis jurídico y la concesión viola los artículos 17, 38 y 97 de la Ley de Contrataciones del Estado. “De ninguna manera, como bancada, seremos partícipes de esto”, dijo.
“La ley da ampliamente facultades respecto a ese tema y tendría que ser el Ejecutivo el que tendría que resolver el tema de la licitación, si lo hace en forma internacional o si hay una empresa que esté interesada en el país. Nosotros, como bancada, es lo único que pedimos: legalidad”, expresó.
El legislador recordó, además, que el contrato vigente con APM fue pactado de forma anómala y es objeto de investigación por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con las pesquisas, TCB Grup, empresa española que fue adquirida posteriormente por APM, pagó US$30 millones en sobornos para obtener la concesión.
CONTRATO LESIVO
La Comisión de Probidad elaboró un informe en el que señala que la concesión sería lesiva a los intereses del país, ya que, de acuerdo a un estudio realizado, Guatemala perdería el 80 % de las ganancias que genera el Puerto Quetzal.
El presidente de la comisión, Amílcar Pop, explicó que de ser aprobada la iniciativa por el pleno, los diputados serían cómplices de violar el artículo 130 de la Constitución, pues “genera, beneficia y crea las condiciones de un monopolio privado de manera específica”.
Además, indicó que los artículos 95 y 96 de la Ley de Contrataciones del Estado prohíben hacer una selección directa de la empresa a beneficiar.
“De ahí la necesidad –del Ejecutivo- de que el contrato se apruebe y se realice a través del Congreso, pues esta sería una excepción de la ley y esto vendría a involucrar a todos los legisladores a ser cómplices en un despojo al Estado”, indicó Pop.
El análisis realizado por la Comisión de Probidad detalla que la empresa se quedaría con un porcentaje superior al que percibiría Guatemala, en una relación de 4 partes para la empresa por una parte para el país.
“Es incongruente que, si la portuaria le genera ganancias, hayan razones para concesionarla. Lo que tiene que hacer el Estado es invertir y elaborar un plan de inversión que tenga métodos de ganancia efectivos y adecuados para lo que se pretende alcanzar con la concesión”, considera Pop.
CONTRALORÍA QUITA EL AVAL DEL CONTRATO
El titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, declaró que el contrato presentado por la Presidencia no convence sobre sus beneficios para el país, por lo que el tema debe ser “rescatado”.
“Mi recomendación es que todos le apostemos a tratar de ver de qué manera se documenta y se coadyuva a que sea declarado nulo el contrato, para poder tener la mesa limpia y luego formular bases lo suficientemente sólidas, donde los oferentes se comprometan a respetar algunas condiciones”, dijo.
Esta propuesta estaría en contra de la presentada por el Ejecutivo y defendida por Anabella Morfín, la Procuradora General de la Nación (PGN), quien aseguró que la propuesta es legal y viable.
Morfín explicó que una licitación internacional no es posible, debido a que el área que es objeto de concesión está comprometida dentro del contrato de usufructo no oneroso y, debido a que ese contrato sigue valido, “en tanto no se declare nulo”, no hay disponibilidad del área para realizar esos procesos.
“Tal vez podrían poner como condición que el resarcimiento pagado por APM se ponga como piso, para que las empresas oferentes mejoren ese monto; y hacer una revisión total de todas las condiciones establecidas en el contrato original, para ver las mejores condiciones que favorezcan a los intereses del Estado”, señaló Mencos.
Para el contralor el Organismo Judicial tendría que resolver el tema legal, antes de iniciar algún tipo de proceso como el que pretende el Ejecutivo.
EL EJECUTIVO: NI UN PASO ATRÁS
Pese a la oposición de la CGC y de algunas bancadas, Heinz Hiemann, vocero de la Presidencia, dijo que el mandatario Jimmy Morales tiene seguridad de que la concesión será aprobada.
“Todavía se tiene hasta el 9 de febrero para que el pleno pueda conocer ese tema. De parte del Ejecutivo ni un paso atrás en ese tema porque realmente se trata de recuperar los bienes que el pueblo de Guatemala tiene. En este sentido es un puerto que tiene gran beneficio para el país”, declaró.
Hiemann explicó que de momento será el Congreso el que decida sobre el tema, aunque una vez abordado, será el Ejecutivo el que busque cómo viabilizarlo.
“Hemos escuchado que lo más importante es el consenso, que si bien existió una ilegalidad en su momento, las personas que se involucraron en esta ilegalidad están siendo juzgadas en los tribunales y en este caso APM Terminals es un tercero que actuó de buena fe y que adquirió un bien con problemas, pero de buena fe. En este sentido tenemos que mirar hacia el futuro, dejar que sean las instancias jurisdiccionales las que juzguen los términos de la situación y ver también el beneficio que traería para el país este resarcimiento”, dijo.
LA ESTRATEGIA DE FCN
La bancada oficialista también confía en que logrará la aprobación de la concesión a APM. A inicios de este año Adim Maldonado, diputado de FCN-Nación, explicó a La Hora cuál sería su estrategia para promover la iniciativa: ganar la presidencia de la Comisión de Finanzas del Congreso; lograr el apoyo del presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla; y volver a mover la alianza que les permitió hacerse de la Junta Directiva.
El primer paso ya está consumado: Maldonado quedó a cargo de la Comisión de Finanzas, entre otros grupos de trabajo que liderara el oficialismo.
Y, aunque hasta el momento Chinchilla no se ha pronunciado sobre el tema, hay que recordar que FCN hizo el cabildeo para su elección, asunto que también fue tratado en las reuniones del Presidente con algunos diputados.
En tanto, la distribución de las comisiones entre las bancadas evidenció que la alianza que formó FCN con Alianza Ciudadana y Movimiento Reformado sigue fuerte. Si TODOS decide apoyar la iniciativa también, pese a lo dicho por Lau, el Ejecutivo no tendría muchos problemas consiguiendo los votos necesarios para conseguir la aprobación de la concesión.
Iniciativa de concesión
La propuesta del Ejecutivo contempla las siguientes condiciones:
– Otorgar de forma excepcional la concesión de los servicios portuarios a favor de la entidad mercantil APM Terminals, por no más de 21 años.
– Antes de la firma del contrato la empresa deberá pagar US$ 32 millones 700 mil al Estado de Guatemala en concepto de reparación por daños y perjuicios, los cuales serán invertidos por el Ejecutivo en las áreas de salud, educación e investigación criminal.
– La empresa debe invertir, cada año, US$500 mil en obras de beneficio social a favor del departamento de Escuintla.
– La Empresa Portuaria Quetzal será la autoridad que regulará el canon de tarifas y todo lo relativo a las condiciones de la concesión.
