POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Analistas del sistema de justicia ven con preocupación los recursos judiciales presentados por la magistrada Blanca Stalling contra su proceso de antejuicio. El más reciente fue un amparo que, de otorgársele provisionalmente, retrasaría el trámite por no menos de seis meses, aseguran los expertos.
Elvin Días, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), afirma que el amparo ha sido utilizado como un mecanismo para dilatar y entorpecer los procesos judiciales.
“Lo que vemos es, a todas luces, que el amparo no está siendo utilizado para defender una situación donde hay afectación de derechos fundamentales, sino para entorpecer procesos”, dice Días.
Según el analista, de otorgarse el amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) a Stalling, se tendría que esperar a que finalice el resto del trámite y se emita una resolución final.
“Si se otorga un amparo provisional tendríamos que esperar que se realice todo el procedimiento hasta que se emita una sentencia. Tomando en cuenta lo que hemos visto en otros casos, podría retardarse, mínimo, seis meses un amparo en la CC”, expresa el experto.
RECURSOS CARECEN DE ARGUMENTOS
Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), ve una carencia de argumentos en el amparo solicitado por Stalling contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de dar trámite al antejuicio en su contra.
“La acción de dar trámite al antejuicio no resuelve a fondo el asunto, tampoco está vulnerando un derecho fundamental de la Magistrada. Lo que se está haciendo es cumpliendo con el procedimiento”, agrega Samayoa.
Asimismo, en cuanto a la inconstitucionalidad presentada por Stalling contra el mandato legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Samayoa afirmó: “La acción de inconstitucionalidad escapa de la razón jurídica. La CC se ha manifestado sobre la constitucionalidad de la presencia de la CICIG y de la forma en que fue elaborada conforme al derecho internacional para que pueda operar sin violentar la soberanía del Estado”, puntualiza.
Los consultados coinciden en que, al tratarse de una estrategia “maliciosa” para retrasar el proceso, la CC debería negar la procedencia del amparo para que el trámite del antejuicio pueda seguir su curso en el Congreso de la República.
