Por Douglas Gámez
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El Ministerio Público (MP) buscará revocar la decisión de la jueza Silvia de León de quitar el delito de lavado de dinero a Samuel Morales Cabrera, hermano del presidente Jimmy Morales.
Ayer Morales fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de fraude, aunque el MP consideró que también incurrió en lavado de dinero.
El hermano del Presidente es señalado por su presunta implicación en la sustracción ilegal de fondos del Registro General de la Propiedad (RGP).
“El Juzgado Sexto decretó falta de mérito en cuanto a lavado de dinero. Hemos manifestado a través del fiscal Juan Francisco Sandoval que no estamos de acuerdo con esa decisión y la vamos a impugnar”, declaró la fiscal general, Thelma Aldana, en una conferencia de prensa.
La titular del MP explicó que presentarán un recurso de apelación, porque a consideración de la Fiscalía hay evidencias de la utilización del sistema bancario para el blanqueo de dinero ilícito.
“Encaja porque es dinero producto de eventos inexistentes o que no se realizaron y, en el caso de las canastas navideñas, si bien es cierto que fueron recibidas por el Registro, fueron cobradas por otra entidad distinta a quien las elaboró”, detalló Aldana.
SIMULACIÓN DE EVENTOS
Según los indicios preliminares expuestos ayer por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), José Morales, hijo del Presidente, elaboró cotizaciones falsas y facilitó facturas para eventos que el RGP nunca llevó a cabo.
“Sammy” Morales como representante de la empresa Espectáculos y Promociones, giró las facturas para el cobro de los servicios no prestados, para luego recibir en una cuenta de la compañía el dinero sustraído del Registro, el cual habría sido trasladado después a Mario Orellana, padre de la exnovia de José Morales.
El titular de la CICIG, Iván Velásquez, recordó que el hermano del Presidente también ayudó a obtener una factura de la empresa Fulanos y Menganos para la cancelación de un desayuno que tampoco se realizó. A partir de dicha investigación el MP logró determinar dos casos más en los cuales la modalidad es similar.
Entre los tres eventos, que consistieron en dos reuniones que no se desarrollaron y la adquisición de 564 canastas navideñas, el RGP erogó Q179 mil 975.
“Las actividades que desarrollaron los señores Samuel Morales y Mario Orellana contribuyeron a blanquear un dinero ilícito, por eso estimamos procedente una apelación. Esperamos que la sala jurisdiccional resuelva”, enfatizó Aldana.
