Por Joseline Ayala
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Antes de entrar a una citación convocada por la Bancada de oposición de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Annabella Morfín, dijo que la propuesta formulada para otorgar la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) es legal y viable y que es la única opción que ha formulado el Ejecutivo para el tema.
Esto a pesar de que varios jefes de bloque se han pronunciado en contra de la legalidad de la iniciativa que otorgaría la concesión de TCQ por hasta 21 años.
Morfin indicó que como representante legal del Estado se realizaron los estudios correspondientes que llevarían a determinar que la propuesta no es contra la ley y que es «lo más conveniente para el país».
El jefe del Bloque, Orlando Blanco le pidió a Morfín analizar otras propuestas para “replantear la ruta”, pues a lo que se oponen no es a la concesión sino a la manera en que se está realizando. Además, pidió a la PGN considerar aumentar el detalle de las regalías que debería percibir el Estado por una concesión de ese tipo.
Morfin respondió que debido a los aspectos a considerar, ni la Contraloría ni el Ejecutivo han considerado opciones o soluciones distintas a la que ya ha sido planteada.
“Hemos cumplido con elaborar una ruta y una propuesta que considero que es viable y es legal, es lo que resulta de nuestros análisis y el Congreso tiene todas las facultades de modificarla en todos los sentidos que considere oportuno”, explicó.
Al ser cuestionada por la falta de licitación, que de acuerdo a la Ley de Compras se debe a realizar, Morfín dijo que “sencillamente no se puede” debido a que el área que es objeto de contrato está comprometida dentro del convenio de usufructo no oneroso y debido a que ese contrato sigue válido “en tanto no se declare nulo” no hay disponibilidad del área para realizar esos procesos.
CONGRESO AÚN PODRÍA MODIFICAR PROPUESTA
De acuerdo a la propuesta presentada por el Ejecutivo a finales del año pasado, el contrato se realizaría por los siguientes 21 años y detalla que las ganancias de concesión para el Estado estarían contempladas en un porcentaje aproximado del 10% del total generado, pero Morfín asegura que estos detalles aún podrían ser cambiados por el Legislativo en el momento en que se conozca la iniciativa en el pleno.
“El Congreso tiene una facultad soberana de emitir leyes y esta es una ley y si ellos consideran que la iniciativa de ley que se les presenta no llena sus aspiraciones ni lo que ellos quieren aprobar, están totalmente y constitucionalmente facultados de modificarla en el sentido que ellos consideren necesario”, aseguró.
Desde que se presentó la propuesta, varias bancadas se han pronunciado contra la iniciativa mientras que el oficialismo ha expresado su entusiasmo y una ruta para concretar la concesión de TCQ a APM Terminals.
