Por Grecia Ortíz
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El caso del juez Carlos Ruano Pineda, quien abandonó el país tras denunciar a la magistrada Blanca Stalling, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evidencia la falta de seguridad en que desempeñan su función los jueces independientes, señalan expertos.
El pasado 12 de enero, un día después de que Ruano Pineda denunciara que Stalling lo citó a su despacho para convencerlo de que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, salió del país por motivos de seguridad.
Ruano Pineda escribió una publicación en su cuenta de Facebook en la que aseveró: “Las decisiones difíciles siempre implican riesgos”, aunque dijo estar convencido de haber hecho lo correcto, en referencia a la denuncia que presentó.
“Voy con la plena seguridad de que hice lo correcto, convencido de que administrar justicia no es una simple función de decidir; sino que requiere entrega dedicación y pasión. Gracias a todos por sus buenos deseos, mensajes, ánimos, solidaridad y muestras de cariño; son las energías que necesito para regresar y continuar con la delicada tarea de servir desde la judicatura”, apuntó.
En ese sentido, Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales (Ipnusac), refirió que no es posible que cada vez que se denuncie un acto vinculado a un supuesto tráfico de influencias, y que además va aunado a un caso de corrupción, los jueces tengan que salir del país.
“Hay que tener presente que el juez lleva muchos casos y se puede atrasar audiencias, y refleja esa debilidad del Estado de Guatemala en un deber constitucional de garantizar su seguridad”, dijo.
Mario Taracena, de la Asociación de Jueces y Magistrados, añadió que la seguridad que reciben es “paupérrima” y deja mucho que desear, por lo que se necesita un verdadero sistema de seguridad, no solo para jueces sino también para magistrados.
