POR REDACCIÓN LA HORA
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El 2016 cerró con un promedio de 91.08 por ciento de impunidad, lo que quiere decir que, de cada 10o casos, entre 8 y se resuelven, de acuerdo con el sistema de medición de impunidad desarrollado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El estudio acumulativo muestra insuficientes progresos en la resolución de casos por parte del sistema de justicia penal desde el 2008 a la fecha, lo que a criterio de expertos se debe a debilidades institucionales y a la corrupción.
El nivel promedio de impunidad, para los tipos de delitos registrados en el sistema de medición, es de 91.08 por ciento en 2016, 7.82 por ciento menos que en el año de referencia, el 2008.
A ese ritmo, Guatemala tardará casi 20 años en alcanzar los niveles promedio de América Latina, donde 74 por ciento de los casos quedan sin castigo (según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito); 44 años en comparación con Asia, que tiene un 52 por ciento de impunidad y 83 años en relación con Europa, cuyos niveles de impunidad son de 19 por ciento, los más bajos del mundo.
MEDICIÓN
En noviembre de 2015 el MP y la CICIG presentaron el sistema de medición de impunidad como una herramienta para el análisis de la efectividad del sistema de justicia, algo fundamental para el desarrollo de políticas que coadyuven a disminuir el problema.
El consultor de CICIG, Carlos Mendoza, uno de los encargados de desarrollar el sistema, definió la impunidad como “la falta de denuncia, investigación, captura, enjuiciamiento, soluciones positivas para las víctimas y/o condena de los responsables de los delitos tipificados en la legislación de Guatemala”.
“Entendemos como una reducción de la impunidad cuando hay salidas alternas que son aceptadas por el sistema de acuerdo a la legislación vigente como criterios de oportunidad, la conversión, la suspensión y distintas figuras que aparecen en la ley, y algo muy importante: el número de las sentencias condenatorias que se logran”, explicó.
De acuerdo con el informe, la impunidad está determinada por la relación entre el número de crímenes (por víctima) para los cuales el sistema de justicia logra identificar y determinar la responsabilidad penal y dictar una sentencia condenatoria apropiada, y el total de veces que se cometió el delito en un período de tiempo que, por simplicidad, se estableció en un año.
Consultado sobre los resultados en el 2016, Mendoza explicó que el análisis acumulativo, que en el sistema utiliza como referencia el 2008, es importante porque los casos no se resuelven en un año, sino que pueden tardar hasta cuatro dependiendo del delito. Además, recordó que el problema de la impunidad es precisamente la acumulación de expedientes de años anteriores.
En el recuadro Medición acumulativa de impunidad se pueden ver en detalle las mediciones para cada año, de acuerdo con los tipos de delito registrados.
En el caso de las muertes violentas, los delitos de corrupción, de libertad sexual y violencia contra la mujer se observa una disminución mínima y continuada de los índices de impunidad; sin embargo en cuanto a los delitos en la categoría de arma blanca, arma de fuego, electorales, extorsiones, robo y hurto, secuestro, trata de personas y femicidio se ha dado un estancamiento en los últimos años.
Mendoza explicó que dicho estancamiento se debe a que, pese a que se están resolviendo casos, continúan ingresando más. En ese sentido, el consultor resalta la importancia de prevención en el combate a la impunidad.
“Esto es interesante, porque de alguna forma -el sistema- mide el flujo de los casos que entran y el flujo de los casos que salen. A veces uno se equivoca en el análisis, porque cree que hay menos impunidad porque en determinado año se resolvieron más casos que en el anterior, pero ¿Cuántos casos ingresaron el año pasado y cuántos este año?, por eso es necesario ver flujos. Entonces, la impunidad puede disminuir si aumentó el número de casos resueltos y también si disminuyó la cantidad de casos que ingresan”, indicó.
El sistema de medición puede ser consultado en línea, en la dirección www.mp.gob.gt/cicig
UN PROBLEMA DE MUCHAS ARISTAS
Lizandro Acuña, analista del sector justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos (Ipnusac), calificó los avances en el combate a la impunidad como insuficientes, pues ni siquiera se ha logrado llegar a niveles debajo del 90 por ciento en ocho años.
Acuña señaló que la impunidad es un problema complejo, que tiene que ver, en parte, con una institucionalidad débil. “La Policía Nacional Civil, el MP, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensoría Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, todas son entidades débiles, con pocos recursos y capacidad para atender la demanda de crímenes”, dijo.
El MP por ejemplo, encargado de la persecución penal, tiene apenas el 10 por ciento de cobertura a nivel municipal, según ha indicado la fiscal general, Thelma Aldana, en numerosas ocasiones. Esta situación genera un subregistro en las denuncias de los crímenes, advierte el analista del Ipnusac.
El Organismo Judicial sí cuenta con cobertura nacional, pero de acuerdo con el Centro de Desarrollo y Estadística Judicial hay 6 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar latinoamericano es de 14 por esa misma cantidad de habitantes.
Otro factor identificado por Acuña es la infiltración del crimen organizado en las entidades del sector justicia y la politización de las autoridades judiciales.
Entre 2015 y 2016 la CICIG y el MP iniciaron investigaciones contra cuatros jueces de Primera Instancia, un magistrado de Corte de Apelaciones y dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su presunta vinculación a hechos de corrupción y a estructuras de impunidad.
Iniciando el 2017 Blanca Stalling se convirtió en la tercera magistrada de la CSJ en enfrentar antejuicio. El juez Giovanni Ruano Pineda la denunció por citarlo a su oficina e intentar convencerlo para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling.
Las últimas elecciones para las altas Cortes del Organismo Judicial dejaron evidencia de la injerencia de intereses políticos y económicos en la elección de autoridades judiciales, obstaculizando el camino para que los jueces independientes lleguen a las altas Cortes.
Otro caso presentado ayer podría aportar las pruebas para demostrar de forma concreta las mafias tras los nombramientos de magistrados. En conferencia de prensa, el comisionado Iván Velásquez informó que está en investigación la relación entre el abogado Roberto López Villatoro, apodado “Rey del Tenis”, y magistrados de la CSJ.
Según dijo, López Villatoro regaló al magistrado Eddy Orellana Donis un apartamento en la zona 14. Los investigadores sospechan que el obsequio tenía como objeto influir en el criterio del togado, quien integró la Comisión de Postulación que evaluó los expedientes de Silvia Valdés, José Pineda, Vitalina Orellana, Silvia García y Douglas Charchal, electos magistrados de la actual CSJ.
López Villatoro es señalado como uno de los principales operadores de las Comisiones de Postulación, al servicio de sectores que buscan garantizar impunidad.
REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA
Las reformas constitucionales al sector justicia buscan fortalecer la institucionalidad y favorecer la independencia judicial a través de la separación de las funciones administrativas de la CSJ.
El proyecto establece la creación del Consejo Nacional de Justicia, que asumiría las funciones de formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernización del sector justicia.
Además, propone suprimir el mecanismo de Comisiones de Postulación y traslada al Consejo la responsabilidad de los procesos de selección.
Nueve de los trece magistrados tendrían que provenir del sistema de la Carrera Judicial y cuatro abogados externos en ejercicio, para un período de nueve años.
En cuanto a la figura de fiscal general, la iniciativa pretende que sea nombrado por el presidente de una nómina de cuatro candidatos, dos propuestos por la CSJ y dos por el Congreso.
Las reformas también modifican el derecho de antejuicio, con el cual muchos funcionarios han logrado retrasar las investigaciones en su contra. La modificación mantiene la garantía de inmunidad, pero establece de forma expresa que no es impedimento para realizar una investigación.
También buscan que la Constitución reconozca la jurisdicción de las autoridades indígenas, una modificación que, de acuerdo con Jorge de León Duque, procurador de los Derechos humanos, podría ayudar a reducir la mora judicial.
