Por Douglas Gámez
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Representantes de la sociedad civil enfatizaron la necesidad de que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se sometan a procesos de depuración, luego que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaran dos casos de corrupción que involucran a dos magistrados del Organismo Judicial.
La activista Helen Mack señaló directamente al Legislativo como un foco de corrupción que debe ser depurado, por su injerencia en los procesos de selección de las autoridades del Organismo Judicial.
“Tenemos que hacer uso de las normas éticas que cada uno de los poderes tiene disponibles para sancionar esas conductas. En la medida que no se depuren, aunque hagamos reformas, estás no tendrán impacto. Hay que limpiar esa zona gris de operadores que están debajo de las cabezas”, destacó.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), coincidió con Mack, y agregó que los indicios presentados por el MP y CICIG son suficientes para que la propia CSJ emprenda procesos de investigación interna, para determinar responsabilidades en esos casos y otros en los que prevalecieron intereses particulares.
“Todas las instituciones deben entrar en un proceso de depuración. La cooptación está en varios lugares y alcanzó a la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios, ellos también, junto al Congreso, deben ser depurados”, mencionó.
A decir de Polanco, la presión de la sociedad civil, prensa y ciudadanía es vital en estos momentos para lograr la aprobación de las reformas constitucionales y también generar cambios dentro de las instituciones, que permitan la aplicación de las modificaciones.
Mario Itzep, del Observatorio de Pueblos Indígenas, destacó que la impunidad se genera desde el Congreso y lo permite la Constitución de la República por las atribuciones que le atribuye en la elección de autoridades judiciales. Por eso, reiteró se debe apoyar el trabajo del MP y la CICIG, así como las reformas a la Carta Magna.
“La depuración tiene que hacerse, no podemos rescatar Guatemala con estas condiciones. El Congreso y el sistema judicial no están trabajando a favor del pueblo”, comentó.
Ayer, unas 28 organizaciones de la sociedad civil y académicas solicitaron la renuncia de la magistrada Blanca Stalling, la aprobación de las reformas constitucionales y una depuración del Organismo Judicial, señalando la carencia de independencia.
