Por Douglas Gámez
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Por lo menos 28 organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas solicitaron la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema Justicia (CSJ), Blanca Stalling, en una conferencia de prensa en la cual también se planteó la urgencia de depurar el sistema de justicia y la aprobación de las reformas constitucionales.
Hugo Camen de la resistencia de la comunidad la Puya expresó, en nombre de todas las agrupaciones, su apoyo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El representante también demandó al Estado la protección del juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano Pineda, quien denunció a Stalling.
“Exigimos la renuncia inmediata de la magistrada Blanca Stalling. Estructuras criminales que operan con la complicidad de jueces y juezas tienen que ser investigadas con celeridad para no provocar más impunidad y corrupción”, manifestó Camen.
El pronunciamiento fue respaldado por: Impunity Watch, la Comisión Internacional de Juristas, la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social; Protection International, la Asociación de Profesionales Mayas de Ixcán, la organización Moloj.
También fue signado por los colectivos: Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, La Cuerda, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CODECA; Resistencia la Puya, Oasis, Iepades, UsacEsPueblo, Justicia Ya, entre otros.
Depuración es inevitable
Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, expresó que el caso contra la magistrada Stalling demuestra la necesidad de depurar la CSJ, incluyendo una revisión de los diputados involucrados en el nombramiento de los jueces en el proceso de elección del 2014.
“Hay que depurar al sistema y poner un alto a los abogados que influyen en las selecciones poniendo a jueces. Se necesitan jueces honestos y bajo mecanismos transparentes”, dijo Cadena en referencia al otro caso revelado esta tarde por la CICIG, el cual a Roberto López Villatoro, conocido como “El Rey del Tenis” y el magistrado Eddy Orellana Donis, supuesto operador en las comisiones de postulación para autoridades judiciales.
Reformas inevitables
Cadena consideró que los casos de Orellana y Stalling son una regresión de grupos que desean el control de la CSJ y que el “escándalo” es una muestra de que “se tocó fondo”, lo cual hace impostergable la aprobación de las reformas constitucionales.
“Hay que determinar quiénes tienen intereses con grupos militares, criminales y privados, por eso exigimos una depuración del sistema”, comentó.
Bernardo Caal, representante de las comunidades campesinas de Alta Verapaz, explicó que se denota el interés del Congreso de evitar la aprobación de las reformas constitucionales debido a los intereses que obtienen del actual sistema de justicia.
“Estamos ante un Estado fallido y es urgente tomar acciones”, acotó. Mientras Cadena dijo que la “grave crisis” de la justicia guatemalteca hace valida la aprobación de las modificaciones constitucionales.
