POR KIMBERLY LÓPEZ
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que no descarta interponer una denuncia contra la empresa brasileña Odebrecht y funcionarios del Estado que estuvieron involucrados en la modificación del contrato con la compañía extranjera que fue contratada para la construcción de un tramo carretero de 140 kilómetros.
La titular de la Procuraduría General de la Nación, Anabella Morfín, aseguró que se debe accionar penalmente en contra de los funcionarios que suscribieron el contrato modificatorio para la ampliación de cuatro carriles de la carretera de Cocales Suchitepéquez a Tecún Umán, San Marcos, con la empresa Odebrecht, sin autorización del Congreso.
Según Morfín, mediante dicha modificación al contrato original se cambiaron algunos términos con el objeto de sobrepasar el costo del contrato original.
«El (entonces) ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, no tenía la facultad de hacerlo e incurre en una responsabilidad de orden penal y civil porque se afectaron los intereses del Estado», indicó la procuradora sobre las responsabilidades del exfuncionario en el suceso.
DENUNCIA A ODEBRECHT
En cuanto a la responsabilidad de la empresa, Morfín indicó que se deben reclamar daños y perjuicios porque hubo una afectación directa al Estado al incumplir el contrato y dejar la construcción de la carretera sin concluir.
Al consultar a la titular de la PGN si presentaría denuncias contra los representantes de la empresa, respondió: «Si intervinieron en un contrato ilícito así tendría que ser, si la CGC determina que hubo una erogación de más del 70 por ciento del costo y hay un avance de 30 por ciento hay incumplimiento de contrato».
Además, enfatizó en que por ahora es urgente que el Ministerio de Comunicaciones logre la liquidación del contrato para que pueda realizar una nueva licitación.
LIQUIDACIÓN
En tanto, el ministro de Comunicaciones, Aldo García, informó que en los próximos días citará a la empresa para establecer una hoja de ruta para liquidar el contrato.
Como parte de este proceso se tiene contemplada una auditoría de campo, la cuantificación de volúmenes de obra realizada y cobrada, el balance económico de lo pagado por lo realizado, desobligación de préstamos, la preparación de un análisis jurídico y denuncias ante el Ministerio Público (MP) de las autoridades que resulten señaladas en ese análisis.
