Por Douglas Gámez
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) medidas de seguridad a favor del juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Geovanni Ruano Pineda, quien denunció a la magistrada Blanca Stalling.
El juez vocal se excusó está mañana de seguir conociendo el juicio IGSS-PISA e IGSS-Chiquimula, en el que está sindicado Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada.
Según lo denunciado por Ruano Pineda, Blanca Stalling lo citó para hacerle requerimientos sobre el debate en el que está involucrado su hijo.
María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que debido al impacto del caso es necesario el fortalecimiento de las medidas de seguridad para los jueces y magistrados.
“Conforme empiezan a concretarse los juicios empezaremos a ver de todo, amenazas a jueces, tráfico de influencias y por eso el desafío ahora es proteger a los jueces”, comentó.
