POR MARIELA CASTAÑÓN
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Monto se invirtió en ocho años por escuadrones militares de seguridad ciudadana
El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, que demandaban fortalecer el poder civil y definían el rol del Ejército en una sociedad democrática; sin embargo, se incumplieron. Durante 16 años las fuerzas castrenses brindaron seguridad ciudadana y el costo de esa atribución, que contravenía los Acuerdos de Paz, ascendió a Q1 mil 253 millones 805 mil 996.74 solo en los últimos 8 años.
El anuncio del retiro de 2 mil 100 soldados, en abril próximo, ha generado opiniones encontradas y ante ello surgen las preguntas: ¿Se evitó la violencia con la presencia militar?, ¿valió la pena el dinero invertido?, ¿quién se benefició con esta medida?
“La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación. Las medidas concretadas en el presente Acuerdo adecúan su doctrina, medios, recursos y despliegue a sus funciones y a las prioridades de desarrollo del país”, referían los Acuerdos de Paz suscritos en 1996.
Sin embargo, a partir del año 2000, el gobierno de Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), hizo uso del Ejército y mediante el Acuerdo 40-2000 dispuso que los militares apoyaran a las fuerzas de seguridad civil.
En los siguientes años, todos los gobiernos siguieron en la misma línea. Algunos fortalecieron más que otros al Ejército, incrementado el número de elementos y otorgando fuertes sumas de dinero para su funcionamiento, argumentando la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana ante el incremento de la violencia. (Lea el recuadro Gobiernos que usaron al Ejército).
La función de los soldados en la seguridad ciudadana consistió en realizar patrullajes motorizados y a pie, prestar seguridad en paradas de buses, mercados y escuelas; mantener puestos de control y registro junto a la Policía Nacional Civil (PNC).
La Hora requirió información al Ministerio de la Defensa (Mindef) sobre la cantidad de soldados utilizados para la seguridad ciudadana y el presupuesto asignado desde el año 2000; sin embargo, únicamente proporcionaron datos de la cantidad de personal a partir del año 2006 y de la inversión anual a partir de 2009, argumentando que el resto de la información no estaba en los registros.
Los datos oficiales indican que del año 2006 al 2012 existían 6 escuadrones de seguridad ciudadana integrados por 500 elementos cada uno; es decir, había 3 mil soldados. En 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, se sumaron 3 escuadrones más, de 500 soldados cada uno, para hacer un total de 1 mil 500. Para el año 2016 había 4 mil 500 soldados en seguridad ciudadana y 9 escuadrones en total.
En tanto, el presupuesto anual fue asignado, según el Ejército, para su funcionamiento y el pago de salarios. Del año 2009 al 2016 se invirtieron Q1 mil 253 millones 805 mil 996.74. (Lea el recuadro Presupuesto asignado anualmente).
¿SE EVITÓ LA VIOLENCIA?
En los últimos años, la violencia ha persistido en el país, a pesar de la presencia del Ejército en las calles.
A criterio de Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la participación militar fue “un fracaso”, pues quedó demostrado que no hubo mejoras en la seguridad ciudadana. (Lea el recuadro Violencia no disminuyó).
“Es evidente el fracaso de la intervención del Ejército en la seguridad ciudadana. Creo que nadie puede decir en Guatemala que ha mejorado, a partir de la presencia militar. Esta participación, aparte de no tener un efecto positivo, ha incurrido en una serie de gastos”, dijo el entrevistado.
Por otro lado, Mario Mérida, exmilitar y especialista en temas de seguridad, coincidió con la importancia de cumplir con los Acuerdos de Paz, aunque opinó que la PNC no está al cien por ciento en capacidad para atender la seguridad ciudadana por sí sola.
“El Ejército, por su organización, disciplina y el nivel de responsabilidad era un elemento de apoyo visual al quehacer de la Policía. Las personas sabían que cuando encontraban policías y soldados era menos posible ser víctima de una extorsión o una acción delictiva, que es lo que hemos estado escuchando últimamente. Un tercer elemento, el soldado, porque presta un servicio militar y no un empleo burocrático, es más accesible a identificarse con la población”, refirió Mérida.
El 17 de junio del año 2013, tras el incremento de tres escuadrones castrenses, este vespertino publicó el reportaje “Se invierten Q108 millones en los escuadrones de seguridad; ¿más Ejército, menos violencia?”, en el que se detallan algunos hechos de violencia ocurridos a pesar de la presencia del Ejército. También se documentan las solicitudes de algunas comunidades que pedían a las fuerzas castrenses.
La publicación detalla: “El 6 de abril fue instalado un Destacamento Militar en Ciudad Quetzal, por la solicitud de conductores de mototaxis que eran víctimas de crímenes y extorsiones; sin embargo, el pasado 22 de mayo, cuando ya estaba instalada esa fuerza militar, fue descuartizado uno de los pilotos, identificado como Jorge Aurelio Maldonado Flores, de 27 años”.
Agrega: “El 3 de abril, en el kilómetro 14 de la Calzada Roosevelt, fueron asesinados el piloto de un bus extraurbano, identificado como César Augusto Guerra Ordón, de 33 años, y su ayudante. Las víctimas se parquearon en la parada que se ubica en ese sector, cuando delincuentes los atacaron frente a dos elementos del Ejército que no pudieron actuar”.
Asimismo, refirió: “La zona 18 continúa en el mapa policial como una de las más peligrosas en la capital, derivado del repunte y recurrencia de crímenes. Esto, a pesar de que el 22 de septiembre del año pasado se instaló la Fuerza de Tarea Maya con un amplio despliegue de fuerzas castrenses”.
EL RETIRO Y LAS OPINIONES ENCONTRADAS
La semana pasada los Ministerios de Gobernación y de la Defensa anunciaron que en abril próximo 2 mil 100 soldados se retirarán de la seguridad ciudadana y resguardarán las fronteras. En tanto, a finales del año se prevé que abandonen completamente estas labores.
Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), dijo recientemente que este anuncio es adecuado, pues no le corresponde al Ejército prestar seguridad ciudadana.
“La participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana va en contra de lo establecido en los Acuerdos de Paz. Algunos se parapetan en que no hubo una Reforma Constitucional que mantuvo la figura de la definición de que el Ejército es para cumplir tareas de seguridad interna y externa, pero los Acuerdos de Paz establecieron que debía corresponderle a la PNC. Me parece que no hay discusión, se debatió por mucho tiempo, el Ejército se prepara para la guerra, el ataque y no para la prevención y protección de la vida”, dijo Celada.
PERFIL DE UN SOLDADO Y UN PNC
De acuerdo con el Ejército, un soldado designado para la seguridad ciudadana posee un nivel académico de tercero básico, tiene un mes de entrenamiento en estas labores y posteriormente se le sigue preparando. Para sus labores usa un fusil Galil 5.65 y/o una pistola 9 milímetros. Obtiene mensualmente un salario mínimo –Q2,893 en 2017-, cuenta con las prestaciones de la Ley y tiene 3 tiempos de comida.
El horario laboral de un soldado es de 22 días de trabajo por ocho días de descanso, según los datos oficiales.
Por otro lado, un agente de la PNC recién graduado posee un nivel académico de diversificado, tiene 11 meses de aprendizaje en la academia y un año de capacitación y evaluación por parte de un tutor. Obtiene un salario mensual de Q4,619.44, incluyendo el bono de Q700 que fue otorgado el año pasado. Además, cuentan con las prestaciones de Ley.
Un agente policial utiliza una pistola 9 milímetros para sus labores en seguridad ciudadana. Su jornada laboral es de 11 días consecutivos de trabajo por 6 de descanso.
¿QUÉ DICEN LOS TITULARES DE DEFENSA Y LA PNC?
Luego del anuncio de la salida del Ejército de las labores de seguridad ciudadana, fueron consultados el ministro de Defensa, Williams Mansilla, y el director de la PNC, Nery Ramos, para conocer sus opiniones al respecto y las acciones que emprenderán tras el retiro de las fuerzas castrenses.
En el caso de Mansilla, aseguró que le corresponde a la PNC asumir la seguridad ciudadana y a su criterio está en capacidad de hacerlo.
“Este es un tema que ya se veía venir desde hace mucho, los Acuerdos de Paz establecían el fortalecimiento al poder civil y el rol del Ejército en una sociedad democrática. Lo que ha pasado es que se ha postergado por muchas razones, pero hoy hay una PNC fortalecida, ya son 35 mil elementos y nosotros somos 23 mil; en números estamos superados. En cuestiones de capacidades de investigación, de inteligencia, ellos también están fortalecidos, hemos visto acciones como en Rescatando Guate y otros planes que ellos han llevado a cabo solos”, refirió.
Mansilla fue consultado sobre si estaban de acuerdo con el retiro de los soldados y argumentó que son “obedientes”.
“-Fueron-16 años que hemos estado en muchos gobiernos. En muchos gobiernos ha sido más notorio el apoyo a la PNC, en otros gobiernos no, pero creo, lo dicen los expertos no lo digo yo, era un tema pendiente que se venía postergando. Estamos de acuerdo, somos obedientes y no deliberantes, es el fortalecimiento del poder civil, ellos son los que toman las mejores decisiones y nosotros las acatamos”, explicó Mansilla.
Por otro lado, Nery Ramos, director de la institución policial explicó que la Policía está en capacidad de atender la seguridad ciudadana, actualmente hay 37 mil integrantes y 83 unidades de investigación que han demostrado resultados en temas de secuestros, homicidios, extorsiones, trata de personas, violencia contra la mujer, entre otros.
“Esas capacidades nos permiten decirle a los guatemaltecos que no tengan temor, que la PNC está preparada y ha venido desarrollando un trabajo profesional, autónomo, atendiendo a sus propias capacidades y eso nos ha permitido los resultados obtenidos, también ha impactado en la reducción de la criminalidad. No importa el nivel de las estructuras, tenemos la capacidad investigativa, de inteligencia, y táctico operativa para golpear cualquier estructura, sin importar su nivel de peligrosidad”, refirió Ramos.
El director indicó que fortalecerán la seguridad ciudadana con la última graduación de 2 mil 128 agentes de la PNC, que desde ya prestan su servicio. Además, este año prevén graduar 4 mil nuevos agentes y con ello cubrirían los espacios que dejen las fuerzas castrenses. Aunado a esto edificarán 30 sedes policiales.
Ramos refirió que se fortalecerán en movilidad, radiocomunicaciones, infraestructura, conectividad, sistemas, tecnología, laboratorios e investigadores. Además, crearán la subdirección de inteligencia policial para anticiparse a los delitos contra la vida, como ya lo han venido haciendo. Estos insumos se implementarán con recursos propios y de la cooperación internacional.
El director de la PNC explicó que también continuarán trabajando en la unidad de controles internos a través de la Inspectoría General (IG). En tanto, desde el año 2014 se implementó el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (Mopsic) para estrechar lazos de confianza con las comunidades.
“Los más interesados en autodepurar a la Policía somos nosotros. No descansaremos, aún con los mecanismos de fiscalización que tenemos, seguiremos fortaleciéndolos hasta tener una Policía absolutamente confiable, donde ni aisladamente va existir un tema de estos. Eso significa ir erradicando esas malas prácticas arraigadas en algunos policías. No los vamos a tolerar y los seguiremos sacando”, advirtió.
Gobiernos que usaron al Ejército
El analista Sandino Asturias realizó un análisis sobre decisiones presidenciales que involucraron al Ejército en tareas de seguridad ciudadana durante gobiernos anteriores.
El Acuerdo Legislativo 40-2000, “Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil”, de junio 2000, elaborado durante el gobierno de Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se publicó cuando la situación de violencia e inseguridad estaba en un nivel mucho menor. El acuerdo establece una serie de atribuciones: “Sin carácter limitativo, la asistencia y cooperación, incluye de manera especial el control y combate de la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, psicotrópicos y demás drogas relacionadas con la narcoactividad; los delitos de plagio o secuestro; el contrabando y la defraudación; la depredación de los bosques; la conservación del patrimonio cultural; el trasiego de armas y demás hechos en los que se considere conveniente el apoyo del Ejército de Guatemala. Además del apoyo para la seguridad perimetral de los centros de detención penal”.
En el gobierno de Óscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (GANA), después de reducir el Ejército, bajo la dirección del entonces Comisionado Presidencial de Seguridad, general Otto Pérez Molina, expresidente de la República, se publicó el Acuerdo Gubernativo 83-2006 que reformó el 178-2004, estableciendo que: “El Plan de Movilización consistirá en la captación de efectivos de la reserva disponible, que sean llamados a conformar cuerpos especiales, cuya función será de carácter temporal para apoyar las tareas de restablecimiento o mantenimiento de la seguridad interna, en contra de las amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, así como la ayuda humanitaria”.
El gobierno de Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), apoyó también la intervención militar en la seguridad ciudadana, además de incrementar el personal militar y la reinstalación de antiguos destacamentos militares; decretó reformas al Acuerdo Gubernativo 178-2004, mediante el Acuerdo 216-2011, que establece que: “Para que el Ejército de Guatemala pueda cumplir con el objeto (incremento del personal militar), debe contemplarse, dentro del presupuesto, una asignación a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad con la disponibilidad financiera, la que en ningún caso, podrá ser menor al 0.33% del PIB”.
En el gobierno de Otto Pérez Molina se implementaron tres nuevos escuadrones de seguridad ciudadana, que integraban a 1 mil 500 soldados.
