Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Luego de los casos de corrupción develados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en 2015, la ciudadanía se ha manifestado de diversas maneras y también involucrado en la denuncia de anomalías, en algunos casos en sus gobiernos locales como las municipalidades.
En diciembre pasado la presión ciudadana logró la derogación de un acta municipal que aprobaba salarios y dietas para Raúl Gutiérrez, alcalde de Ixcán, Quiché, así como de varios de los miembros del Concejo Municipal, un caso que a decir de expertos consultados muestra que es prioridad fiscalizar a los gobiernos locales y que la Contraloría General de Cuentas debería ejercer su papel en la detección de las anomalías.
EL CASO DE IXCÁN
El 13 de diciembre pasado, pobladores de Ixcán mostraron su indignación luego de que trascendiera que el alcalde de esa localidad, Raúl Gutiérrez, y parte de su Concejo Municipal, se recetaron un aumento de sueldos y dietas a través del acta 070-2016. El alcalde se aumentó el salario de Q18 mil a Q35 mil 800, mientras que los concejales aprobaron un aumento a las dietas de Q7 mil 200 a Q10 mil 800, que representaba el 50 por ciento, según la información de “Fiscalización Ixcán”.
A esta decisión se opusieron Caralampio Camposeco, Concejal IV, Óscar Fernando Hércules, Concejal V y Marcos Mateo Pedro, Concejal VII.
A través de las redes sociales y especialmente por medio de la página “Fiscalización Ixcán”, los vecinos se organizaron para exigir a los miembros del Concejo y al jefe edil, dar marcha atrás a ese aumento, “mientras la infraestructura vial y la calidad de vida de la población siga en precariedad”. Ixcán figura entre los municipios más pobres de Quiché y del país.
El 22 de diciembre de 2016, luego de presionar con varias acciones, el alcalde y parte de su Concejo dieron marcha atrás al acta que aprobaba el incremento.
500 DENUNCIAS POR
IRREGULARIDADES EN COMUNAS
Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del MP, informó que han recibido varias denuncias por irregularidades que se han presentado en comunas, presuntamente cometidos por empleados públicos.
Durante el año 2016, Campos en esa Fiscalía recibió un estimado de mil denuncias a nivel general, de las cuales considera que un 50 por ciento estaría relacionado a irregularidades en comunas, y principalmente a alcaldes, concejales, síndicos y directores de administración financiera.
Sobre las dificultades que afronta el MP en las investigaciones que realizan, el fiscal dijo que siempre hay barreras porque en ocasiones no se proporciona la información como se solicitó, sobre aspectos bancarios o de otro tipo.
“Nos viene a atrasar un poquito en el direccionamiento de nuestras investigaciones, dependemos también de los informes especiales que realiza la Contraloría General de Cuentas, entonces tenemos que tener una coordinación grande con los contralores y coordinadores departamentales para que el trabajo pueda ir avanzando”, anotó.
Según Campo, también existen señalamientos de fideicomisos, de municipalidades, aunque no precisó cuántas denuncias existen al respecto.
La poca presencia del MP en ocasiones limita su labor, pero dijo que a principios de este año existe un proyecto para abrir dos agencias fiscales más.
Finalmente destacó que usualmente las denuncias corresponden a períodos anteriores, porque cuando llegan nuevas autoridades es que se detectan las irregularidades, aunque también existen casos de administraciones actuales.
FISCALIZACIÓN DEBE IR EN AUMENTO
El economista Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), aseguró que la inclusión ciudadana en los procesos de fiscalización resulta importante, principalmente desde la toma de decisiones locales hasta el ámbito nacional.
“La Municipalidad es el ámbito de poder más cercano que la ciudadanía tiene y por lo tanto se convierte en un pilar fundamental, muy probablemente esta participación y esta auditoría social o fiscalización debería de darse en todos los momentos que nuestro sistema político marca”, dijo.
De acuerdo con Santos, las arbitrariedades en que incurren los jefes ediles se dan por las decisiones erróneas que toman y que no solo tiene que ver con fondos públicos, sino con situaciones de carácter político municipal; son una serie de decisiones que sin lugar a dudas afectan a la población, dijo.
Lo sucedido en Ixcán debería replicarse en el resto de comunas, ya que desde 2015 se ha marcado una tendencia de fiscalización que debiese ir en aumento, opinó. El economista prosiguió que es un ejemplo para el resto de municipios. ¿Cómo es que se logra eso?, no es por generación espontánea, los municipios tienen que organizarse para hacerse esa gestión, anotó.
Santos aseguró que la auditoría social y fiscalización deben ser vitales para la población y que los alcaldes deben cuestionarse de lo que en realidad se necesita en sus municipios.
CONTRALORÍA “DEJA MUCHO QUE DESEAR”
El experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina, señala que uno de los problemas es que a veces se le pone más atención al manejo de recursos del Gobierno central y se descuidan los otros organismos, al tiempo que habla sobre la necesidad del empoderamiento de la ciudadanía para fiscalizar.
Sobre la Contraloría General de Cuentas (CGC) opinó que percibe un trabajo limitado para evidenciar si hay un apropiado manejo de las comunas.
“Se puede afirmar que la Contraloría se ha limitado básicamente a tratar de establecer sanciones de papel cuando hace falta una firma o cuando un trámite no cumple un número de días apropiado, pero realmente el trabajo de prevención del delito y de verificación de rendición de cuentas apropiada si nos deja mucho que desear todavía”, comentó.
Por otro lado, agregó que en general, las municipalidades no cumplen con la Ley de Acceso a la Información.
“Tal vez uno de los grandes problemas que tenemos en las municipalidades, es que la mayor parte no cumplen con una apropiada información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, entonces sí es apropiado que los guatemaltecos en general se empoderen de cómo está la situación en torno al manejo de recursos”, explicó.
ALCALDES CONSTRUYEN FEUDOS
Al igual que Medina, Stephanie Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), opinó que muchas veces la atención se centra en el gobierno local, cuando en las comunas el tema de la obra gris y el presupuestario debería ser de interés para la población.
La analista dijo que hay casos paradigmáticos de corrupción, pero destaca el de la comuna de Chinautla, seguido de lo sucedido en La Antigua Guatemala y finalmente lo ocurrido en Petén.
La fiscalización no debería centrarse solo en la figura del alcalde, sino en el resto de personas que la integran. La CGC está bastante debilitada y con graves señalamientos de corrupción y con casos de denuncias, apuntó Medina.
Entre otros aspectos a considerarse dentro de las comunas está el poder que ejercen diputados electos a quienes se les otorga presupuesto para realizar obras a través del Listado Geográfico de Obras (LGO), lo que debería ser objeto de mayor fiscalización, pues ha sido señalado como una de las grandes fuentes de corrupción.
Rodríguez mencionó el caso de la comuna capitalina y la imposibilidad de fiscalizar los fideicomisos que maneja, así como el poder que ejercen algunos alcaldes que se mantienen por años en las Municipalidades, en donde construyen “feudos” y se llegan a constituir como “amos y señores”.
La Hora intentó obtener una declaración del titular de la CGC, Carlos Mencos, sobre las críticas del papel fiscalizador que ha realizado esa entidad, no obstante hasta el cierre de edición de este reportaje no se había obtenido una respuesta.
PDH: comunas incumplen ley
Uno de los mecanismos con el que cuentan los guatemaltecos para fiscalizar el actuar de sus autoridades locales es la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en 2009.
De acuerdo con la secretaría ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), 255 de 340 comunas cuentan con una unidad de información pública y personal asignado como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. No obstante, 22 municipalidades no cuentan con una Unidad, 38 lo hacen de manera parcial y del resto no se tienen datos.
Desde que se creó la ley es obligatorio que todos los sujetos obligados, o sea, toda institución que maneje recursos públicos, cuenten con una Unidad de Acceso a la Información, para el cual estará designado un servidor público o empleado.
Por otro lado, solo 160 alcaldías poseen un portal electrónico con información pública de oficio, como establece el Artículo 10 de la Ley, en tanto 180 no lo tienen.
Ese artículo señala que en este portal se puede acceder a información como: nombre de funcionarios, servidores públicos, asesores y empleados que laboran en las entidades y sujetos obligados, en este caso las alcaldías. También se pueden conocer los salarios que devengan, dietas, bonos y viáticos, entre otros.
En el caso de las municipalidades del departamento de Guatemala, la magistratura de conciencia señala que existe un incumplimiento grave en la publicación de información completa sobre los ingresos de las autoridades y empleados municipales en 17 comunas.
Dentro de las municipalidades apuntan a Guatemala, Santa Catarina Pinula, San José Pínula, San José del Golfo, Palencia, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho, Fraijanes, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa.
Asimismo señalan que no existe transparencia en las compras directas de diez comunas.
Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la PDH, indicó que en el caso de las municipalidades que no tienen Unidad de información se les hizo entrega de un informe por escrito para que procedan a efectuarlo y en caso de que no lo hagan se procede a efectuar una denuncia en el MP.
En el caso de las comunas que no poseen un portal electrónico, dijo que en 2016 se presentaron algunas denuncias y durante el transcurso de este año se presentaran más.
A decir de la entrevistada, si bien las sanciones penales son efectivas lo son aún más las económicas “lo mejor sería que cumplieran voluntariamente con la ley, aunque sea por el costo político que tengan, cada vez más la población sabe de ese derecho y lo demanda”.
Irregularidades en comunas
La Contraloría General de Cuentas refirió en el informe de Auditoría Financiera y Presupuestaria Municipal de 2015, que las autoridades ediles del país han incumplido con la publicación y actualización de información sobre el avance de obras públicas.
Según la CGC, las municipalidades de Guatemala, Quetzaltenango y Santa Catarina Pínula, que figuran entre las más grandes del país, fueron señaladas en dicho informe por incumplir en la publicación del avance físico y financiero de obras municipales, limitando la transparencia en gasto público.
La Contraloría hizo ver que ha existido desactualización del portal del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que pretende el control y acceso a la información relacionada a obras públicas.
Sobre la municipalidad de Guatemala, esa entidad señaló que, “el Jefe de Compras, no publicó las compras directas realizadas en el Sistema Guatecompras, como corresponde” y en consecuencia se incurre en “falta de transparencia en la gestión municipal, al obviar la publicación de las compras directas de bienes y servicios”.
La municipalidad de Quetzaltenango fue la que más observaciones recibió de la Contraloría, por la cantidad excesiva de faltas. Mientras otra de las faltas señaladas fueron: el fraccionamiento en la adquisición de bienes y suministros, adquisición de servicios con documentación con irregularidades, el incumplimiento de plazo a la Ley de Contrataciones y deficiencias en registros contables y presupuestarios.
A nivel nacional fueron identificados mil 276 hallazgos relacionados a faltas al cumplimiento de regulaciones en compras y contratación, y a la rendición de cuentas.
DENUNCIAR CORRUPCIÓN CONLLEVA RIESGOS
Un caso paradigmático sobre denuncias de corrupción en municipalidades es el del municipio Las Cruces, Petén, donde se reportó el asesinato del concejal I de esa comuna, Ervin Orlando Sánchez Andrade, el pasado 29 de diciembre de 2016.
El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo calificó de preocupante este hecho y dijo que en un momento determinado del proceso judicial la colaboración de la víctima pudo ser importante, ya que fue uno de los denunciantes.
Según Campo, aunque aún no corresponde vincular el ataque con la colaboración que la víctima prestó a las investigaciones, sí es preocupante que el hecho ocurriera el mismo día que se coordinó la captura del secretario de la comuna y se solicitara un antejuicio contra el Alcalde.
El jefe de la Fiscalía dijo que la víctima asesinada fue quien presentó la denuncia que motivó la orden de captura y la solicitud de antejuicio, además de proporcionar los libros de actas de la Municipalidad que sirvieron para sustentar las investigaciones.
“Él presentó la denuncia de los hechos que motivaron que nosotros hayamos solicitado la captura y promovido el antejuicio del Alcalde”, puntualizó el Fiscal.
En tanto también se conoció que posterior a este hecho, otros tres concejales del lugar decidieron huir del lugar, hasta que no se garantizaran las medidas de seguridad correspondientes.
MUNICIPALIDADES, EN LA MIRA DEL MP Y LA CICIG
Por otro lado, el Ministerio Público (MP) así como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han manifestado en varias ocasiones que trabajarán para combatir la corrupción en los gobiernos locales.
El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, manifestó el año pasado, que la corrupción en las municipalidades corresponde un tema importante, y que no debe pasarse por alto si se busca continuar con el trabajo que se ha realizado en contra de la corrupción.
EL CASO DE TU MUNI
De acuerdo a información proporcionada por la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH, la Municipalidad de Guatemala, una de las más grandes, presenta un incumplimiento considerado como grave en la publicación de información completa en cuanto a ingresos de las autoridades y empleados.
En ese sentido, Luis Linares, de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (ASIES), opinó que se puede decir qué comuna capitalina sirve de ejemplo para el resto de municipios, aunque destacó que la opacidad corresponde a una práctica muy arraigada en la administración pública.
“Tenemos una práctica de opacidad que es muy arraigada en la administración pública. Recordemos que el acceso a documentos públicos siempre fue complicado, incluso dentro de las municipalidades ha sido común que para los concejales de la oposición, se recurra a toda serie de pretextos para evitar el conocimiento de los temas de manejo financiero”, explicó.
Linares, finalmente comentó que es la comuna capitalina la que debería de dar el ejemplo, aunque se debe considerar que el comportamiento mencionado “está generalizado en las municipalidades, en los políticos en general”.
