POR KIMBERLY LÓPEZ
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Las 340 municipalidades del país deben rendir un informe del cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a más tardar el 31 de enero.
Según el artículo 48 de esa ley, el informe debe contener el número de solicitudes formuladas al sujeto obligado y el tipo de información requerida, el tiempo de respuesta, la cantidad de solicitudes pendientes, desechas, no satisfechas, con ampliación de plazo o impugnaciones.
En caso de incumplir con el traslado de la información, la PDH presentará denuncias contra las comunas ante la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP).
Según Violeta Mazariegos, de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, las municipalidades son las que más incumplen con esta ley, lo cual limita la gobernabilidad a nivel municipal porque los ciudadanos tienen derecho a conocer desde el salario del alcalde, el avance de las obras municipales, pago de dietas, entre otros gastos.
Hasta ahora, los datos preliminares indican que 22 municipalidades del país no cuentan ni siquiera con una Unidad de Acceso a Información, por lo que podrían ser denunciadas por la PDH en febrero de 2017.
