JOSELINE AYALA
jayala@lahora.com.gt
Una nueva Junta Directiva tomará las riendas del Congreso este 2017, un año en que ese organismo tendrá gran influencia en el proceso de transformaciones que requiere el país. Tal vez por ello la Presidencia del Legislativo fue ampliamente codiciada en la reciente elección, al punto que el mismo Presidente de la República intervino. Pero, ¿en qué consiste el poder de la Junta Directiva del Congreso? y ¿cómo podrá influir en el quehacer de los diputados este año?
El director de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), Víctor Valverth, asegura que la principal función de la Junta Directiva es precisamente la de «dictar las pautas y definir la agenda legislativa en el país».
Es por eso que los diputados electos para ocupar un puesto en la Junta Directiva deben «lograr consensos» entre bancadas para que esa agenda prospere, dice por su parte, Christians Castillo, investigador del Instituto de Problemas Nacionales (Ipnusac).
De acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo la Junta Directiva tiene seis responsabilidades: la primera es convocar a los diputados a las sesiones plenarias ordinarias y citarlos para el efecto. Además, debe calificar y tramitar todos los asuntos que se remitan al Congreso para que se trasladen al pleno y definir quiénes presidirán las 32 Comisiones de Trabajo en que se organizan los parlamentarios.
En reunión con los jefes de bloques, debe proponer las órdenes del día y los puntos de agenda que se programaran para las sesiones. También debe programar las líneas de actuación del organismo y velar por la eficiencia administrativa del mismo.
Marcar el ritmo de la agenda
De acuerdo con Valverth, el primer aspecto en el que puede incidir directamente la Junta Directiva es marcar el ritmo de la agenda legislativa.
«Esto quiere decir que, de acuerdo a los intereses, orientaciones políticas o acuerdos, los miembros de la Junta Directiva pueden apoyar una iniciativa de ley o alguna reforma hasta su culminación o por otra parte engavetarla», explicó el director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Rubén Hidalgo.
Un ejemplo de este poder es la agenda de reformas a las leyes internas del Congreso, impulsada por Mario Taracena al frente de la Junta Directiva.
Además, los analistas consideran que, si la dirección del Legislativo decide trabajar en conjunto con el Ejecutivo, puede incidir directamente en el cumplimiento de las agendas de trabajo que tengan los jefes de Estado junto con su Gabinete de gobierno, pues cuentan con el respaldo de las leyes desde el Congreso.
Sobre la agenda de la próxima Junta, Oscar Chinchilla, presidente electo, dijo que buscará consensos y alianzas con todas las bancadas:
«En cuanto a las alianzas yo le apuesto mucho al consenso. Espero que la bancada UNE, que es una bancada importante, pueda sacar la agenda. Ellos han tenido muy buenas iniciativas que quieren que se les dé seguimiento. Encuentro por Guatemala también me ha dicho que tienen algunas iniciativas que quieren impulsar. Se me ha acercado también la URNG, me han hablado de muchos temas a nivel individual de diputados, pero esta no es una agenda de partido de gobierno», dijo.
Sin embargo, es difícil creer que su planilla, pactada desde el Ejecutivo y aprobada con el apoyo de la bancada oficial, vaya a seguir una línea ajena a esos intereses. Antes de la elección de Chinchilla, el presidente Jimmy Morales citó a diputados de todas las bancadas a reuniones privadas, en las que, según su vocero, se trató la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal a APM Terminals y el Presupuesto de este año.
Entre la sociedad civil existe también la preocupación de que los miembros de la Junta intenten retroceder los avances logrados en cuanto al fortalecimiento del sistema de justicia, pues tanto FCN-Nación como otros partidos que apoyaron a Chinchilla y tienen entre sus filas exmiembros del Partido Patriota y Lider, han sido afectados por las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG).
Al respecto, el Presidente electo indicó: «Nosotros lo que queremos es apoyar las gestiones encaminadas por el Ministerio Público y por la CICIG, pero no somos lo que han vendido que éramos el manto de la impunidad, la nueva Junta Directiva.»
Las ansiadas comisiones
Nombrar a los presidentes de las Comisiones de Trabajo es también una función que confiere poder a la Junta Directiva, pues colocando a personas de confianza en puestos clave se puede controlar el quehacer del Legislativo.
Como representantes de los ciudadanos que votaron por ellos, los diputados tienen una labor fiscalizadora; sin embargo, los únicos que pueden citar funcionarios para cuestionarlos son los presidentes de las Comisiones de Trabajo y los jefes de bloque.
Se explican así los intentos del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN), que luego de las reformas al Código Penal vigentes desde finales de abril, según las cuales los funcionarios y personas que manejen fondos públicos tienen obligación de asistir a las citaciones, han buscado la presidencia de comisiones como la de Salud, Educación y Finanzas.
Esos mismos son los ejes de trabajo del presidente Jimmy Morales que, además, a finales de agosto, culpó directamente a las excesivas citaciones legislativas de haber «desesperado» al titular de la cartera de Salud, Alfonso Cabrera.
Este tipo de requerimientos también pueden servir para presionar a funcionarios y controlarlos.
En agosto del año pasado, a petición del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió, por unanimidad, retirar la inmunidad a ocho diputados oficialistas por supuestas presiones contra la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.
Según los testimonios de la funcionaria, su asesor y una persona más, recogidos por el MP, el 30 de marzo de 2016 el diputado Óscar Corleto citó a oficinas del Congreso a la Ventura.
Durante la reunión con FCN-Nación, de forma simultánea, los diputados presentes le gritaban diciéndole, entre otras cosas, que eran diputados y que ellos mandaban, por lo que ella tenía que obedecer las instrucciones de Corleto y Rudy Pereira.
Asimismo, le indicaron que debía cambiar a todo el Consejo de Desarrollo porque las plazas serían designadas por los diputados antes mencionados y que sería Giordano quien manejaría el Consejo.
Al negarse la Gobernadora a este mecanismo, la diputada Laura Franco se dirigió a ella indicándole: «india estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará».
Antes de las modificaciones aprobadas con la Ley de Presupuesto General para el 2017, los Consejos de Desarrollo eran codiciados porque manejaban los fondos del Listado Geográfico de Obras, una de las fuentes de corrupción más grande.
Dinero, siempre dinero
Hidalgo identifica otro factor importante en la conformación de la Junta Directiva, y son los aumentos en los cobros que hacen los diputados que la integran pues, tanto los sueldos como las «dietas» son catalogados en rubros «superiores».
«Las remuneraciones extraordinarias de representación son algo deseable que los diputados también consideran a nivel personal y que influye en temas como sueldos, dietas, bonificaciones y beneficios», explica.
Solo el Presidente del Congreso percibe un sueldo mensual de Q60 mil, así como tiene una Caja Chica de Q25 mil para gastos diversos, siendo accesible conocer esta información por medio del Dto. 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública.
«Plazas fantasma»
Los encargados de «velar» por la administración del personal, recursos y funcionamiento del palacio Legislativo son los integrantes de la Junta Directiva quienes, por la autoridad que poseen, pueden mover, llevar e incluso «crear» plazas de trabajo que van desde asesores y asistentes hasta direcciones de áreas.
La nueva Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que cada diputado puede disponer de un máximo de tres personas para su atención: un asesor, un asistente y una secretaria.
Los bloques pueden contar con un máximo de dos personas por cada uno de los 17 bloques que conforman actualmente el Congreso, una más por cada cuatro diputados y dos por comisión de trabajo.
Son los integrantes de la Junta Directiva que salen beneficiados de nuevo, porque ellos tienen derecho de tener bajo su cargo a un máximo de cinco personas, mientras que el presidente de la misma puede llegar a tener a su cargo a ocho personas.
Por años, las Juntas Directivas hicieron de los recursos humanos del Congreso su propia cartera de trabajo y contrataron a familiares y allegados de forma indiscriminada.
Por estos eventos, la Fiscalía investiga a la Junta Directiva de 2015 por la aprobación de 235 contrataciones irregulares y de 50 plazas fantasma en el Congreso.
Durante la Presidencia de Mario Taracena se modificaron las leyes internas del Legislativo para supuestamente evitar tales abusos, pero en realidad solo se legalizaron.
Abuso de poder
Hidalgo dice que los legisladores, con la inmunidad y las facilidades que les confiere el cargo pueden «aprovechar» la protección de la que «disfrutan» para «salirse con la suya en algunas situaciones de conducta inapropiada», así como poder realizar «malos procedimientos» sin cuestionamientos.
«Ellos pueden abusar de su poder sin que la ley o la moral los persiga debido al puesto que desempeñan. Aprovechándose de eso también pueden lograr inferir o influir en temas de coyuntura nacional bajo la mesa, sin que puedan ser investigados hasta cierto punto», dijo Hidalgo.
Por ello, el analista resalta la importancia de que los directivos del Congreso tengan cualidades como honor, liderazgo y valores. Considera que los designados deberían llegar a esos puestos «por su buen desempeño legislativo, por su incidencia en las decisiones acertadas del pleno y por haber estrechado lazos con otros órganos nacionales y extranjeros».
Junta Directiva 2017
Presidente
Oscar Chinchilla (CREO)
Primer vicepresidente
Felipe Alejos (TODOS)
Segundo vicepresidente
Eduardo de Matta (FCN-Nación)
Tercer vicepresidente
Marvin Orellana (Acción Ciudadana)
Primer Secretario
Boris España (Movimiento Reformador)
Segundo Secretario
Marco Aurelio Pineda (FCN-Nación)
Tercer Secretario
Rodrigo Valladares (TODOS)
Cuarto Secretario
Jaime Lucero (UCN)
Quinto Secretario
Aracely de Recinos (Movimiento Reformador)
