POR KIMBERLY LÓPEZ
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La Presidencia asegura que el plazo establecido de 40 días para que el Congreso apruebe la iniciativa sobre la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) aún no ha terminado, debido a que el período se paralizó por el receso de los diputados.
Heinz Hiemann, portavoz presidencial, declaró que según la Secretaría General para el plazo establecido solamente se considerarán días hábiles, es decir, sin incluir el receso de labores del Congreso, que inició en diciembre.
De esa cuenta, aún no concluye el conteo para que el pleno de diputados tome una decisión respecto a la propuesta del Ejecutivo.
Por otro lado, la postura de la Procuraduría General de la Nación (PGN) es que una vez vencido el plazo establecido, quedaría en manos de la Portuaria Quetzal la opción de negociar alguna prórroga.
LAMENTA QUE NO SE CONCRETE APROBACIÓN
Por su parte, el vicepresidente Jafeth Cabrera lamentó que en vista del receso de los congresistas no se haya podido concretar el proceso de aprobación.
«Yo espero que en los primeros días de enero tendrán que tocar el tema, porque es una situación que no puede seguir en el limbo del proceso jurídico que tiene ese problema, pero no tenemos una solución al respecto», dijo Cabrera, al ser cuestionado por alguna alternativa considerada por el Ejecutivo, en caso de que la propuesta sea rechazada.
DIPUTADA INSISTE EN ILEGALIDAD
Pese al particular interés expresado por el presidente Jimmy Morales, para que esta propuesta sea aprobada por diputados, la congresista Nineth Montenegro insiste en la ilegalidad de considerar esta opción.
“El presidente tiene derecho de pedir y nosotros de tomar decisiones, pero nosotros podemos apoyar el tema por ilegal e inmoral, pues crearon una figura inexistente que llamaron concesión directa”, explicó Montenegro.
Con la creación de una figura legal nueva, explica, se estaría violentando la ley e incluso podría tratarse de un fraude de ley.
La legisladora calificó de lamentable el apoyo que muchos diputados han manifestado ya a la propuesta del Ejecutivo porque además de su condición de ilegal, resulta un “mal negocio” para el Estado, pues coloca al país en condiciones desventajosas frente a una empresa cuestionada.
La solución correcta sería una licitación internacional o una alianza pública-privada, según Montenegro.
Finalmente, la diputada aseguró que ha habido reuniones en donde el presidente Morales ha llamado y ha presionado a los diputados a que aprueben esta concesión.
LA INICIATIVA
El 3 de noviembre el Ejecutivo presentó una iniciativa para otorgar la concesión de TCQ con una duración de 21 años “por razones de utilidad pública e interés nacional”. A partir de esa fecha, el pleno del Congreso tenía 40 días para conocer y aprobar la propuesta.
