REDACCIÓN LA HORA
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La Octava Legislatura del Congreso registró números récord en cuanto a la presentación de iniciativas de ley y la aprobación de decretos. Los números dicen que los diputados trabajaron más en 2016 que en años anteriores, pero ¿a beneficio de quién? ¿Estuvo el Legislativo a la altura de las demandas ciudadanas de transformaciones al sistema? A continuación, un análisis de los altibajos del organismo.
Las pasadas elecciones propiciaron la oportunidad para que nuevas caras ingresaran al Congreso, al renovarse en un 50 por ciento el hemiciclo parlamentario.
Al menos la mitad de los diputados que habían acumulado una “carrera” en el Congreso no continuaron en la actual legislatura. Por un lado, debido a los casos de corrupción que involucraron en su mayoría a miembros de los dos partidos más grandes, el Partido Patriota (PP) y la Libertad Democrática Renovada (Lider) y por el otro, debido a la negativa de la Contraloría General de Cuentas a entregar finiquitos a funcionarios vinculados a casos de corrupción.
“Que estos dos bloques mayoritarios se vieran involucrados en casos de corrupción y de otros delitos benefició al pleno, pues nuevos actores fueron puestos en el Congreso y los anteriores no pudieron continuar con la misma dinámica que venían realizando en los últimos años”, explica Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos.
Pero la esperanza de un cambio en la forma de hacer política del país se frustró pronto, pues al tomar posesión de sus cargos los diputados continuaron con las prácticas del pasado.
LA ÚLTIMA OLA DE TRANSFUGUISMO
El transfuguismo, el cambio de diputados de la bancada en que fueron electos hacia otra, fue una práctica común del Congreso durante las legislaturas pasadas.
A finales del 2015 el cansancio de la ciudadanía con la clase política demandó un cambio de reglas para evitar el transfuguismo, que algunos consideraron como un fraude al votante.
El Congreso realizó cambios a sus leyes internas para desmotivar los cambios de partido; sin embargo, antes de que entrara en vigencia la normativa, los diputados reconfiguraron las bancadas.
De esta cuenta, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que en campaña criticó a la “vieja política”, se convirtió en la bancada más grande gracias a la adición de 26 congresistas electos por otras bancadas, en su mayoría, de Lider.
El partido rojo (Lider), que ganó 45 curules en las elecciones, se quedó con cuatro parlamentarios.
Consultado al respecto de por qué la bancada oficialista recurrió al transfuguismo, cuando él mismo aseguró que no lo permitiría, el presidente Jimmy Morales se limitó a decir que la independencia de poderes le impedía hacer algo al respecto.
El transfuguismo, además, permitió la creación de tres bancadas nuevas. Estas fueron: Movimiento Reformador, que no ganó ninguna curul en las elecciones, pero llegó a tener 20 diputados; Alianza Ciudadana, que no es un partido político, pero se formó con 13 congresistas, y Movimiento Progresista, que rápidamente se desintegró por la misma práctica que le dio vida.
En el caso de la segunda fuerza legislativa, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), perdió cuatro diputados por el transfuguismo, pero subsanó su ausencia con cuatro más provenientes de otros partidos.
DE DENUNCIAR LAS PLAZAS FANTASMA A LEGALIZARLAS
Mario Taracena, de la UNE, fue electo presidente de la Junta Directiva del Congreso con 119 votos a favor, liderando así una agenda lejana a los intereses del oficialismo.
Con 30 años de experiencia política, Taracena era conocido por no tener pelos en la lengua, más nunca fue visto como un reformador.
Sin embargo, al frente del Congreso logró forjarse dicha imagen. Su primera acción controversial fue revelar la planilla del organismo, información que por años había sido negada a entidades fiscalizadoras y medios de comunicación.
No hay duda por qué. La publicación de Taracena demostró que los diputados tenían a su cargo más personal del que estipulaba la ley y con sueldos desde Q10 mil hasta Q70 mil. Dichos salarios se distribuyeron de forma injustificada, por lo que mientras un conserje podía ganar Q12 mil en un área, en otra había conserjes que ganaban el doble.
Investigaciones del Ministerio Público (MP) y la (CICIG) contra exmiembros de Juntas Directivas demostraron también que muchos empleados no se presentaban a sus labores, aunque sí cobraban un sueldo, es decir, eran plazas fantasma.
Los entes de investigación también revelaron que las personas contratadas no cumplían con los perfiles de sus puestos.
La planilla terminó de desgastar la imagen de la clase política, lo que obligó a los diputados a modificar las regulaciones internas, supuestamente para organizar los recursos humanos del Congreso, pero en realidad, en privado planificaron modificaciones superficiales, reformas que solo maquillaron los vicios y los legalizaron “para que no chingue la CICIG”, dijo Mario Taracena, presidente del Legislativo, según consta en audios y documentos a los que tuvo acceso La Hora.
Al final, se incrementó el número de asesores para los bloques legislativos y las comisiones de trabajo, permitiéndoles contratarlos bajo el renglón 022 y 029.
La nueva legislación mantuvo la limitación de 3 empleados para cada diputado, pero cambió el puesto de ujier por el de asesor, una modificación de nombre que significó un incremento salarial de Q15 mil a Q18 mil y Q20 mil.
Con los cambios además se determinó que los trabajadores 022 asignados a diputados no deberán marcar entrada ni salida del Congreso y podrán realizar sus labores desde cualquier departamento del país, además de hacer extensivas a los mismos las facultades que corresponden con exclusividad a los legisladores, tales como la de fiscalización e intermediación, de representar al Congreso de la República en comisiones oficiales, y de ingresar sin restricción alguna a los edificios y dependencias, públicas y municipales.
De acuerdo con otro audio al que tuvo acceso La Hora, el mismo Taracena se aseguró de que esta última disposición se cumpliera por parte del área de Recursos Humanos, ya que esto le garantizaba “gobernabilidad” entre los diputados, quienes, en sus palabras, pueden contratar a “la muchacha de su casa y el jardinero” para las labores legislativas, si así lo desean.
EFICIENCIA CUANTITATIVA
El 2016 fue un año destacado en materia legislativa para Guatemala y el más productivo de los últimos cinco años en relación a la producción de iniciativas y decretos.
Durante el ciclo parlamentario de este año Guatemala registró los números de más actividad legislativa de los últimos 6 años, pues hasta finales de noviembre se habían presentado 322 iniciativas de ley en Dirección Legislativa y al cierre del segundo ciclo ordinario fueron aprobados 50 decretos.
Estos números han sido inusuales en el país desde hace algún tiempo, ya que la última vez que el Congreso registró la aprobación de más de 50 decretos fue en el 2010, con 56.
Además, a nivel de iniciativas, los diputados y las Bancadas casi igualaron la actividad parlamentaria del 2015 y el 2014 juntos, pues se presentaron en el primero únicamente 132 y en el segundo 218.
La Hora revisó los datos del Congreso y del 2000 hasta el 2015 no se presentaron más de 250 propuestas en un mismo año.
Como parte de la actividad legislativa vigente para este año, el portal del Congreso en su sección de decretos indica que fueron suscritos cinco convenios, se aprobaron dos protocolos y fueron decretadas 14 leyes.
También fueron aprobadas ocho reformas, tres tratados, cuatro acuerdos, una adición de artículo, una sustitución, una enmienda, una exoneración, un préstamo, se emitieron tres ratificaciones y se votó a favor de una aprobación.
DEFICIENCIA CUALITATIVA
La eficiencia cuantitativa no lo es todo, pues, aunque de la mano de Taracena el Congreso aprobó iniciativas y reformas importantes como la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el Código Migratorio y la Ley Orgánica del Ministerio Público, durante el proceso de votación los congresistas incluyeron (o intentaron incluir) enmiendas que contradecían el espíritu de las propuestas, decretando en muchos casos normativas superficiales.
Las reformas a la LEPP, por ejemplo, dejaron abiertas las puertas para que empresas contratistas del Estado financien las campañas de los partidos políticos, entre otros aspectos vitales, lo que a criterio de analistas consultados, dificultará la verdadera democratización de la política y no responderá a las demandas ciudadanas que piden una renovación del sistema.
“Una reforma completa” es lo que se necesita para cambiar el Sistema Político, advirtió Mario Guerra Roldán, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, quien consideró que los “parches” –haciendo referencia a las reformas– a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no responderán a las demandas de la ciudadanía, que en manifestaciones ha pedido una renovación de la clase política.
A criterio de Guerra Roldán, para conseguir un verdadero cambio del sistema político es necesario hacer reformas en su totalidad, porque en la actualidad los cambios a la Ley Electoral solo contemplan “remiendos”.
En tanto, la segunda generación de reformas, dirigida por el Ejecutivo asesorado por una mesa técnica integrada por miembros de la sociedad civil, el sector académico y los medios de comunicación, tampoco incluyó el tema del financiamiento privado, ya que a criterio de la mayoría de colaboradores es un asunto que fue bien regulado en las primeras reformas.
EL PACTO DE IMPUNIDAD
El 8 de noviembre pasado Óscar Chinchilla, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), fue electo presidente de la Junta Directiva del Congreso con el voto de 106 diputados.
Además de FCN-Nación la candidatura fue apoyada por Unión del Cambio Nacional (UCN), Alianza Ciudadana, Partido de Avanzada Nacional (PAN), TODOS y el Movimiento Reformador.
Semanas antes de la elección, organizaciones civiles habían denunciado un pacto entre grupos políticos, algunos integrados por exmiembros del PP y Lider, para llevar a la dirección del Congreso a personas que buscan mantener la impunidad y la corrupción.
El oficialismo peleó porque la planilla de Chinchilla ganara y hasta el mismo Presidente intervino para ello. El portavoz de la Presidencia, Heinz Hiemann, confirmó una reunión realizada el sábado anterior a la elección entre el presidente Jimmy Morales y diputados del Congreso de la República, en la cual, según él, aunque no era el tema por el cual fueron invitados, se discutieron los posibles candidatos a presidir la Junta Directiva 2017 del Legislativo. El encuentro se desarrolló en la finca presidencial Santo Tomás, Escuintla.
Días después se conoció de otra reunión a la que asistieron los diputados en la Casa Presidencial. La versión del Ejecutivo continuó siendo que dichos encuentros tenían como propósito discutir una agenda nacional que involucra a los dos organismos.
Chinchilla, por su parte, negó en un principio haberse reunido con el Presidente, pero tras revelarse en el listado de personas que ingresaron a la Casa Presidencial antes de la elección, en el cual estaba incluido su nombre, tuvo que admitirlo.
LAS REFORMAS FALLIDAS
Los diputados del Congreso de la República empezaron destrozando las reformas constitucionales al sector justicia al no aprobar las enmiendas sobre el antejuicio, el cese del cargo para los diputados acusados de delitos penales y el pluralismo jurídico, que modificaban los artículos 154, 161 y 203 de la Constitución Política. Lo anterior, pese a la presión de activistas y autoridades indígenas que observaron la sesión plenaria desde el palco.
Ante la falta de quórum, la sesión plenaria fue suspendida y la discusión se postergó hasta el próximo año, cuando el oficialismo tendrá control del Congreso.
La fiscal general, Thelma Aldana, quien asistió a la sesión parlamentaria junto al comisionado Iván Velásquez y el procurador Jorge de León Duque, calificó el intento para la aprobación de reformas constitucionales como “un fracaso”, debido a que los diputados no aprobaron ningún artículo de la iniciativa.
La jefa del Ministerio Público se mostró pesimista en cuanto al panorama de aprobación del resto de la reforma: “No creo que nada vaya a suceder el año entrante. Por lo visto no hay consenso para aprobar las reformas de justicia del país, de tal manera que vamos a seguir igual, o sea, tolerando la corrupción y la impunidad”, dijo.
La obstaculización de la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia o la inclusión de enmiendas que la alejen de su esencia significaría una victoria de la impunidad, aseguró Stéphanie Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
“Hay poderes oscuros interesados en que las reformas no prosperen, como diputados reciclados del Partido Patriota y Lider, ahora como FCN, y que por eso se oponen a esos cambios para mantener la impunidad”, manifestó Rodríguez.
A la vez calificó como “una victoria para la impunidad” cualquier obstáculo que enfrenten las reformas.
