Por: Douglas Gámez
dgamez@lahora.com.gt
El director médico de la Asociación de Salud Integral, Eduardo Arathoon denunció el riesgo que corren 2 mil 600 pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), quienes no podrán ser atendidos a partir de enero, debido a la no recontratación de 11 especialistas para ese centro de salud bajo responsabilidad financiera del Hospital General San Juan de Dios.
Arathoon añadió que las autoridades del Hospital General tampoco aseguraron la renovación del resto del personal de la clínica que asciende aproximadamente a 100 personas.
La problemática inició al finalizar 2015, cuando los contratos de los especialistas se vencieron, durante la administración del entonces director, Julio Figueroa. Sin embargo, se les pidió continuar con sus labores hasta que se emitieran los nuevos.
PRESENTARÁ AMPARO
Según Arathoon, actual director, Juan Antonio Villeda les aclaró que no pueden cancelar la deuda de 2016 a los médicos especialistas porque podría ser denunciado por la Contraloría General de Cuentas (CGC). La única manera para emitir el pago sería con una orden de juez.
Al mediodía, la Asociación de Salud Integral presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia; de no conseguir una resolución favorable en los próximos días, en enero dejaría de funcionar la clínica y que en promedio atiende hasta 57 mil consultas anuales.
Los especialistas no recontratados, es un personal enfocado en pacientes que desarrollaron el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y una de sus cualidades es la atención a madres embarazadas con VIH para que sus hijos no adquieran el virus, algo que únicamente se ha logrado evitar en ese centro de salud y el Hospital Roosevelt.
CLÍNICA NO CERRARÁ EN 2017
Consultado el director del hospital San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, indicó que el pago pendiente a los especialistas conllevaría un desembolso de Q1.8 millones y tendría que hacerse por medio de un acta.
“Consulté a la Unidad de Auditoría Interna y Transparencia, por medio de acta no se tiene una certeza jurídica del trabajo que realizaron y la Contraloría multaría al funcionario que autorice el pago con un monto similar a lo desembolsado, el riesgo es muy grande, el dinero está, pero no el mecanismo adecuado”, explicó.
Además, desmintió que la clínica deba cerrar sus operaciones en enero, aseguró que el personal será recontratado para 2017.
